Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– “México ha estado envuelto en protestas desde la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas por parte de una banda de narcotraficantes. Mientras se enfrenta a los disturbios, el Presidente Enrique Peña Nieto también confronta un gran desafío a su agenda económica, debido a un escándalo que involucró a su esposa, la ex estrella de telenovelas Angélica Rivera, y a Grupo Higa, un contratista del gobierno”.
Así resume la revista especializada Businessweek, el jueves pasado, las semanas de turbulencia política y social que ha vivido México. Había sucedido el episodio en Oslo, donde un mexicano protestó con una bandera en la entrega del Premio Nobel de la Paz a Malala, pero todavía no era público que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, también tenía casa de Grupo Higa en Malinalco.
Tampoco se había dado a conocer un estudio realizado por cinco científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Autónoma Metropolitana (UAM) que sostiene que la hipótesis de la PGR sobre los normalistas es imposible de probar científicamente, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas.
“El escándalo [político por la ‘casa blanca’] llega en un momento delicado, cuando el gobierno trata de atraer inversiones privadas para desarrollar las reservas de petróleo del Estado. Se espera que las grandes compañías petroleras extranjeras presenten ofertas, por lo que incluso un toque de incorrección hace más difícil el trabajo de Peña Nieto. ‘Hay preocupación por la posibilidad de buenos acuerdos’, dijo Duncan Wood, director del Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos. ‘Las empresas quieren saber que tienen una posibilidad razonable de obtener un trato justo en un proceso de licitación’’’.
La revista se refiere, ahora, a la cancelación del tren México-Querétaro, en donde también está involucrado Grupo Higa.
En los primeros dos años de Enrique Peña Nieto al frente de México, la sociedad civil ha cuestionado en numerosas ocasiones su forma de gobernar. Pero ninguno de los señalamientos había afectado tanto su credibilidad como ahora. Así lo reflejan las encuestas pero, además, así lo señalan los analistas y la prensa internacional.
En este contexto, un joven de 21 años superó el sistema de seguridad de Noruega para aparecer en la entrega del Premio Nobel de la Paz y pedirle a la ganadora, Malala Yousafzai, que no se olvidara de México.
Un día después del acto de Adán Cortés Salas, un grupo de científicos de diversas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de México (UAM), presentaron un estudio en el que contradicen la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de cómo fueron incinerados los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotizapa.
Padres de los 43 y la sociedad civil insisten en el lema que ha protagonizado decenas de marchas alrededor del mundo y en México: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡Fue el Estado! para exponer que el gobierno federal está escondiendo la verdad de quién calcinó a sus hijos.
Y en medio de esta indignación social, salen a relucir las inmensas propiedades del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y su Secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Luis Videgaray Caso, con una empresa que se vio (y se está viendo) beneficiada con contratos multimillonarios en obras públicas que datan desde que Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.
Estas revelaciones aunadas a la falta de explicación de cómo la Primera Dama, Angélica Rivera, logró comprar una mansión de 86 millones de pesos, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se negó a investigar, con el argumento que es “asunto de particulares”.
RELACIÓN HIGA-EPN
Este jueves, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que “el Secretario de Hacienda de México [Luis Videgaray Caso] compró una casa al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”.
“Los registros de propiedad muestran que el Secretario, Luis Videgaray, ampliamente considerado como la fuerza impulsora detrás de la revisión económica reciente de México, compró la casa en un exclusivo resort de golf de la pintoresca localidad de Malinalco, en el central Estado de México, a partir de Bienes Raíces H & G SA”, declaró la publicación, ante lo cual, el funcionario respondió que la casa la adquirió en octubre de 2010 cuando no era funcionario público.
Y explica que la adquisición del inmueble fue a través de un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. “Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, aclaró.
Bienes Raíces H & G SA, pertenece a la constructora Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, el mismo que vendió (también a crédito) la “casa blanca” de la Primera Dama, y a quien apenas este jueves la ASF exoneró de una investigación porque es “asunto entre particulares”, debido a que Angélica Rivera “no es funcionaria pública aunque maneje recursos públicos”.
De acuerdo al WSJ, los registros comerciales muestran que el grupo de Juan Armando Hinojosa ganó cientos de millones de dólares en proyectos de obras públicas durante el mandato de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México y en su actual administración.
Pero no las únicas. Ya como durante su gestión presidencial, Grupo Higa ha sido beneficiado con contratos, pero también los gobiernos del panista Rafael Moreno Valle, en Puebla, y del priista Rodrigo Medina de la Cruz, en Nuevo León, tienen proyectos con este polémica constructora.
Por esto, legisladores, organizaciones civiles y especialistas exigen poner fin a la corrupción y generar sistemas de rendición de cuentas que no permitan más “casas blancas”.
VER TAMBIÉN: VIDEGARAY TAMBIÉN TIENE CASA DE GRUPO HIGA, REVELA WSJ
EL INCENDIO NO FUE EN COCULA
El pasado 7 de noviembre, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los detenidos Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, Juan Osorio Gómez, alias “El Jona” y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, confesaron haber asesinado a la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por policías de Iguala.
Los detenidos, miembros del Cártel Guerreros Unidos, los mataron y luego los quemaron; algunos de ellos aún estaban vivos [inconscientes], dijo Murillo Karam desde Chilpancingo.
Hay restos quemados, pero también hay otros que fueron encontrados en bolsas. El fuego lo alimentaron a través de piedras, llantas, diesel y gasolina directo a los cadáveres. Alrededor de 15 murieron de asfixia antes de llegar al basurero de Cocula.
Después de las declaraciones, los familiares de los normalistas negaron la versión y afirmaron que intensificarían las protestas.
Un mes después, la PGR confirmó que un hueso encontrado supuestamente en ese basurero de Cocula pertenecía a Alexander Mora Venancio, un estudiante de 21 años de Ayotzinapa.
Los padres y un grupo de peritos argentinos reconocieron que se trataba de uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre; sin embargo, los especialistas forenses señalaron que ellos no estuvieron cuando fue recolectado este rastro humano y, por lo tanto, no podían afirmar que lo habían encontrado en Cocula.
Esta semana, un estudio realizado por cinco científicos que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguró que la hipótesis de la PGR es imposible de probar científicamente, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas.
Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios, destacaron los especialistas, y volvieron a poner en duda la credibilidad del gobierno federal.
La investigación fue liderada y presentada a la prensa por el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, y por Pablo Ugalde Vélez, quien es Maestro en Ciencias de Materiales y profesor investigador de la UAM Atzcapotzalco.
“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete.
De acuerdo con ese análisis documental, realizado con base a la información que las autoridades revelaron con las declaraciones de los tres testigos que participaron en el asesinato y posterior cremación de los estudiantes; fotografías publicadas en diversos medios y los testimonios de los padres de familia que acudieron al lugar y que aseguran que no había piedras quemadas o fracturadas en el basurero, esa versión es simplemente es una “fantasía.
