Por Aroa de la Fuente López, investigadora en @FundarMexico
Que diversos gobiernos de la región latinoamericana tienen planes para la explotación gas y petróleo no convencional a través de la fractura hidráulica (fracking), es un hecho. Pero no lo es menos que la sociedad, ante las evidencias que existen de los daños que implica su uso, ha comenzado a organizarse, y las resistencias sociales y comunitarias no dejan de aumentar. Así lo muestra el informe “Última frontera: políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina” publicado recientemente por la Alianza Latinoamericana frente al Fracking.
El fracking conlleva una serie de consecuencias – imposibles de evitar ni con la mejor regulación del mundo-, que dañan nuestra salud, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos. Daña también el aire que respiramos y acelera el cambio climático, lo que aumenta el riesgo de sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y huracanes. Asimismo, el depósito en el subsuelo del agua residual utilizada en la fracturación de las rocas para extraer el gas y el petróleo de sus diminutos poros, además de contaminar acuíferos, provoca sismos. Es decir, esta técnica que los gobiernos latinoamericanos nos tratan de vender como la solución energética del futuro, no sólo no lo es, sino que nos pone en serio riesgo y vulnera nuestros derechos más elementales.
Todo esto lo saben en México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia, países en los que, como señala el informe, el uso de la fractura hidráulica se encuentra en diversos niveles de avance. En el caso argentino, por ejemplo, llevan ya varios años usando esta técnica en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, donde ya han ocurrido accidentes, fugas, explosiones y pérdidas de elementos radioactivos, con las consecuentes afectaciones a las poblaciones locales, ciudades, a comunidades indígenas del pueblo mapuche, a zonas de cultivo de frutas y áreas naturales protegidas. La organización social ante estos hechos ha venido acompañada por hostigamiento, ataques y criminalización. Pese a ello, la resistencia avanza y 45 municipios se han declarado ya libres de fracking.
Este tipo de prácticas se han dado también en Colombia, donde la fractura hidráulica se está usando a través de siete contratos con empresas privadas. El municipio de San Martín, cuya población se ha levantado para evitar que esta técnica sea utilizada en su territorio, ha sufrido recientemente amenazas e intimidaciones, así como represión por parte de la policía. Sin embargo, sigue de pie y en resistencia, como también lo hace la población de Santander, cuya Asamblea Departamental rechazó de manera unánime el uso del fracking en julio de este año.
Similar es la situación en México. Si bien fue la reforma energética de 2013 la que colocó públicamente en la agenda la apuesta del gobierno al fracking, esta actividad ya se estaba realizando en el país. Así, desde 2010 se han contabilizado, al menos, 28 pozos de este tipo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que, en el proyecto de Aceite Terciario del Golfo, que afecta a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, se estima que hasta 65 por ciento de los pozos pueden haber sido fracturados hidráulicamente, según datos de la CNH de 2010. Ante esta situación y la amenaza de que la explotación de gas y petróleo por fracking se intensifique, diversas redes y colectivos han surgido en el país, para impulsar su prohibición y defender los territorios. En este momento, 120 ejidos y comunidades indígenas y campesinas y los municipios de Tanlajás y Xilitla del estado de San Luís Potosí se han declarado libres de esta técnica, así como la comunidad Emiliano Zapata de Veracruz y el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. Mientras tanto, el gobierno sigue aprobando permisos para el uso de esta práctica a Pemex y contemplándola en sus planes de licitaciones para el próximo año.
Estas experiencias recogidas en el informe muestran que, al tiempo que los gobiernos latinoamericanos le apuestan al fracking, la resistencia avanza y exige que esta práctica sea prohibida como medida para proteger la vida, la diversidad cultural de los pueblos y el futuro del planeta. El Acuerdo de París nos recuerda que 86 por ciento de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, deben quedarse para siempre en el subsuelo si queremos evitar una catástrofe climática. En esta ecuación el fracking no tiene cabida y los Estados deben dejar de promoverlo y poner las medidas oportunas para un futuro energético renovable que garantice los derechos de las comunidades. América Latina tiene un gran papel que jugar y desde la sociedad nos toca exigirlo.
Consulta el informe “Última frontera: políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina” aquí.
