Defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por el perfil de los dos candidatos para ser ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni Raúl Cervantes Andrade ni María del Carmen Alanís se distinguen por su probidad en la impartición de justicia, dicen
Ciudad de México, 14 de Octubre (SinEmbargo).- El Artículo 95 de la Constitución establece que, para ser electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los candidatos deben, entre otros requisitos, “gozar de buena reputación” y, “preferentemente, (…) haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad”.
Para ocupar las dos posiciones que quedarán vacantes en la Suprema Corte el próximo 30 de noviembre, sin embargo, se han mencionado los nombres del Senador priísta con licencia Raúl Cervantes Andrade y de María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sobre el primero, la empresaria Angélica Fuentes Téllez dijo este año haber levantado un acta por el maltrato físico del que fue víctima cuando fue su esposa. La segunda, por su parte, fue noticia en 2011 por haber organizado una reunión con funcionarios del entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, a quien días después eximió de haber violado la Ley Electoral al difundir miles de spots en todo el país sobre su quinto informe.
“Estos son los nombres que suenan, el de Raúl Cervantes, que tiene prácticamente un año que se empezó a mencionar, porque, al ser Senador, fue muy obvio que su petición de licencia un año antes era con el fin de participar en el proceso; y el que ahora ha salido en un par de notas es el nombre de la magistrada María del Carmen Alanís”, explica Iván García Gárate, profesor del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz del Claustro de Sor Juana e integrante del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas.
Los nombres no han sido oficializados por la Presidencia de la República, obligada a proponer a los sustitutos de los magistrados Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, que se retiran el próximo 30 de noviembre. Pero lo perfiles mencionados, su cercanía con el Ejecutivo y la discrecionalidad de la que goza éste para proponer los nombramientos han causado ya preocupación entre derechohumanistas.
“Es un puesto de 15 años sumamente importante en el orden jurídico, y para nosotros en particular, para la protección de los derechos humanos”, dice Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.
De acuerdo esta organización, los estándares internacionales para la elección de integrantes de la Suprema Corte exigen que los candidatos cumplan con requisitos como imparcialidad, honorabilidad, conducta intachable y compromiso con el respeto a los derechos humanos, entre otros.
“Y nuestra preocupación, con base en la elección pasada, cuando fue electo (el ex Procurador General de la República) Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agrega Kenny.
En entrevista, explica que dos de las cinco posiciones que se reemplazarán en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son cruciales debido a que es la encargada de dirimir controversias de carácter penal y relacionadas con los derechos humanos.
Sumar entonces a personas probablemente vinculadas con el Poder Ejecutivo, advierte, le restaría independencia e imparcialidad a las decisiones y podría “cambiar el equilibrio de fuerzas” a favor de las garantías individuales que, agregó, ha mostrado la SCJN desde la reforma de 2011, cuando se elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos.
La experiencia de la elección de Medina Mora, insiste, les dejó motivos para dudar de la imparcialidad tanto del Ejecutivo como del Senado de la República –que debe aprobar las propuestas del primero– debido a que fueron demasiado “flexibles” con la interpretación de los requisitos no sólo internacionales, sino incluso de la Constitución. A tal grado, dice Kenny, que aplicaron el principio jurídico “pro persona” –a favor del ex Procurador– al considerar su residencia en la Embajada de México en Estados Unidos como una residencia en el país para cumplir con el Artículo 95 de la Constitución.
“Sí estamos muy preocupados de que, otra vez, haya una interpretación muy flexible de los criterios constitucionales”, dice.
García Gárate, por su parte, explica que, si el Presidente Enrique Peña Nieto no oficializa sus propuestas, la Corte puede seguir funcionando con sólo nueve de sus once integrantes. Pero dejar pasar el tiempo, agregó el académico, le restaría fuerza al debate público que ha surgido en torno al reemplazo de los dos magistrados salientes y dejaría al Ejecutivo en posición “cómoda” para enviar sus propuestas en otro momento.
