En la extensa cadena productiva del tráfico de drogas, el lavado de dinero es considerado por muchos como una actividad menos punitiva, menos condenable que el resto.

Y en un país como México, donde dicha actividad criminal es poco investigada y sancionada, los candidatos a lavadores de dinero negro, sobran.

Hace unos días, un empresario comentaba en una sobremesa que le habían ofrecido lavar dinero de la manera más natural. Los comensales rieron e hicieron bromas, incluso hubo quién dijo que le encantaría que se le ofrecieran y que sin pensarlo, aceptaría. Finalmente, fue evidente que casi nadie de los allí presentes condenó dicha actividad, al contrario, ofrecieron ejemplos de gente que ofrece una apariencia honorable y que está dedicada al blanqueo de capitales.

Una actividad que debería ser considerada vergonzosa ha llegado a dar estatus social. Pareciera que blanquear es una actividad empresarial más, vamos, como cualquier otro trabajo. Y ahora los lavadores de dinero no son esos narcos vestidos de Versace con cadenas de oro, sino amas de casa, abogados, empresarios, comerciantes, arquitectos, ingenieros, constructores, futbolistas, cantantes, artistas, periodistas… cualquiera puede ser lavador de dinero si su prurito moral se lo permite. La oferta y la demanda esta allí, al alcance de la mano. Y la impunidad también. Lava, luego averigua, es el lema porque saben que seguramente nada les pasará en México.

El lavado de dinero en México crece vertiginosamente cada año. Por ejemplo, en 2016 llegó, según datos de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República, hasta los 50 mil millones de dólares, sin que el Gobierno mexicano aplique un plan estratégico para perseguirlo policial y jurídicamente. Las nuevas ingenierías financieras del blanqueo han tomado nuevos caminos como la financiación de proyectos a través de plataformas digitales que recaudan fondos; una actividad sin regulación.

El problema es enorme, tanto, que anualmente los lavadores de dinero obtienen entre 10 mil y 25 mil millones de dólares para los cárteles de la droga que van adquiriendo ganancias brutas a los 250 mil millones de dólares.

La actividad del dinero está ya tan normalizada en México que, el Gobierno ha preferido mirar hacia otro lado y es Estados Unidos, el país que señala y enjuicia a los lavadores.

Entre los estados con mayor número de lavadores está Jalisco, Sinaloa, Baja California, estados que tienen a 163 empresas de alrededor de 200 de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante la atenta mirada de Estados Unidos, la PGR se ha convertido en una especie de mirón de palo, aunque según sus informes además de esos estados, en Chihuahua, Colima, Nuevo León y Distrito Federal se registraron las más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras más sospechosas.

¿Por qué Estados Unidos nos tiene que informar quienes son los lavadores y no el Gobierno mexicano? Obvio, los tentáculos del lavado del dinero llegan a las más altas esferas y ensucian a una parte de los funcionarios y políticos en el poder.

El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala al futbolista Rafa Márquez y al cantante Julión Álvarez, como parte de una red de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández, es el último capítulo vergonzoso de la falta de procuración de justicia que existe en México sobre lavado de dinero.

Y digo vergonzoso porque gracias a las investigaciones de las autoridades estadounidenses hace unos meses nos enteramos que el ex fiscal de Nayarit, el priísta Édgar Veytia, fue detenido en el vecino país por lavado. Nada sabíamos de este sujeto hasta entonces, aunque el líder del PRI se apresuró a rechazar que fuera militante de su partido.

Y así vamos, del asombro a la estupefacción, porque ligar a un ídolo, vamos a un héroe del fútbol, a un ejemplo para la juventud, según Enrique Peña Nieto, es lo que nos faltaba. Y peor aún, ver que sus compañeros de equipo, sus colegas, se “solidarizan” con él, como si se tratara de una injusticia, de una simple difamación.

La normalización del lavado de dinero es tal, que hasta el Atlas salió a defender a Rafa Márquez y sus compañeros salieron vestidos con su camiseta. Es decir, el mensaje es: “todos somos lavadores, ¿y qué?”.

¿O como podemos interpretar esta “solidaridad” con un hombre identificado por tener actividades ilícitas? Hay quién dice que la presunción de inocencia lo salva. Tal vez, pero lo que es indiscutible es la información que nos llega del vecino país: de las 43 entidades mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro, 8 son propiedad o con participación de Rafa Márquez: “Escuela de Fútbol Rafael Márquez”, “Fútbol y Corazón” (la fundación del jugador), “Grupo Deportivo Márquez Pardo”, “Grupo Nutricional Alhoma”, “Grupo Terapeútico Hormaral”, “Grupo Deportivo Alvaner”, “Grupo Terapéutico Puerto Vallarta”, y “Prosport Health Imagen”.

¿Qué más quieren los defensores de Rafa? Y sobretodo, qué más quieren para ver las estrechas relaciones que el jugador tenía o tiene con el poder político del PRI y del PAN, principalmente. ¿Qué más quieren para cuestionar esos 77 millones de pesos que el Gobierno de Peña Nieto le ha entregado en el presente sexenio?

No nos hagamos, no es la primera vez que se descubre el vínculo futbol y narcotráfico. Eso no es nuevo, al contrario, es una vieja relación. De hecho, hay narcofutbolistas plenamente identificados. No solo jugadores, sino también empresarios de ese deporte, presidentes, empleados, etcétera.

Recordemos los casos del empresario argentino Carlos Ahumada, propietario del León y el Santos, acusado de recibir 94 mil dólares del narco o el de Tirso Martínez Sánchez, vinculado al Cártel de Juárez. También Omar Ortiz, ex portero del Monterrey por vínculos con el Cártel del Golfo y Jared Borgetti vinculado al Cártel de Tijuana, junto a Daniel Andrés Gómez del Xolos, detenido en abril pasado cuando intentaba pasar metanfetaminas a Estados Unidos.

Otro de los rubros ensuciados con el narcotráfico es el de los artistas y particularmente los cantantes. Algunos de ellos no muestran ningún límite para actuar frente a los capos del narco que los contratan. “Es trabajo, ni modo”, decía recientemente un cantante que entrevisté en Monterrey.

Y la falta de este prurito moral invade el mundo artistico, tanto es así que con Julión Álvarez también involucrado en esta red, se han “solidarizado” algunos compañeros y colegas como Alejandro Fernández o Carmen Salinas, esta última diputada del PRI.

Lo más sorprendente es que el anuncio del Gobierno norteamericano fue emitido, justo cuando Peña Nieto se paseaba con el cantante en el Cañón del Sumidero, junto al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. ¿Existieron ganas de Trump de balconear a Peña Nieto y sus amistades?

Por lo pronto, seguimos en el asombro al ver que la palabra “solidaridad” se ha prostituido como tantas otras en nuestro lenguaje. ¿Solidaridad? Solidaridad con las víctimas de la guerra provocada precisamente por el narcotráfico en todas sus facetas, incluida, la del lavado de dinero. Solidaridad con los familiares de los 200 mil muertos por culpa del narcotráfico, los narcos y los lavadores. Solidaridad con las madres de los 40 mil desaparecidos. Solidaridad con los 80 mil migrantes desaparecidos en tierra mexicana rumbo al sueño americano. Solidaridad con el millón y medio de desplazados por culpa de esta guerra y sus protagonistas delincuentes.

Por favor, antes de que se solidaricen con Rafa Márquez, Julión o cualquier otro personaje involucrado en este tema, piensen en los otros, en aquellos que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de esta próspera industria. No son famosos, son héroes y heroínas anónimos que siguen luchando contra esa gran nebulosa llamada: narcotráfico.

Y empecemos a rechazar y repudiar a cualquiera que intente normalizar los distintas etapas del negocio de las drogas. Llamémosles por su nombre. Vendedores, productores, lavadores, traficantes, todos ellos, sin excepción, son causantes de una manera directa o indirecta del reguero de sangre y sufrimiento que van dejando la guerra contra el narcotráfico.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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