Activistas y líderes sociales dicen que durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto algunos de sus opositores han sido perseguidos y encarcelados por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada, mientras que otros personajes señalados, incluso históricamente, por el mal uso del erario o de las cuotas de sus sindicalizados, gozan de libertad, fortuna y en algunos casos de los grandes beneficios que otorga un puesto público.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La persecución de activistas y detractores del Gobierno federal a través de la descalificación y la fabricación de delitos, se ha adoptado como un patrón para acallar a las voces disidentes de la administración actual, mientras que personajes como Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, acusado de desvío de recursos por cientos de millones de pesos para campañas políticas, siguen libres, dijeron activistas a SinEmbargo.
La lista de activistas y críticos del actual Gobierno en la cárcel es larga y no sólo se circunscribe a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detenidos por supuesto lavado de dinero y trasladados a un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora: Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, sino que va más allá y abarca a personajes como el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde; Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero –que aunque no fue encarcelada durante la administración actual, tuvo que sortear varias trabas jurídicas para lograr su libertad–, y hasta priistas como la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, una de las primeras en oponerse a la Reforma Educativa.
En contraste, líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acusado de desviar mil millones de pesos para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, como parte del llamado Pemexgate, no sólo están libres, sino que gozan de fuero.
“Ha sido muy claro que se ha utilizado cada día más los recursos legales,pero para poder cobrar cuentas a los adversarios o a la población que protesta. Vemos que estas acciones las está utilizando el órgano investigador que se presta para hacer un uso faccioso de la ley y al mismo tiempo se construye una estrategia, para no solamente fabricar delitos, sino para planear traslados a penales de alta seguridad lejos de su lugar de origen”, dijo Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña la Tlachinollan.
El activista destacó que hay un endurecimiento del Gobierno federal para perseguir a los líderes opositores en distintos rubros.
“Hay un patrón de criminalización que busca mostrar ante la sociedad a los líderes como los personajes de alta peligrosidad de nuestro país, cuando son los que están luchando. En cambio a los que están viviendo en condiciones cómodas, como Romero Deschamps, no les pasa nada. Aquí vemos cómo los movimientos que son visibles como el magisterio, la policía comunitaria de Guerrero, las autodefensas de Michoacán, líderes agrarios, estudiantes, ambientalistas, a todos ellos se les pone en el catálogo de alta peligrosidad. Es un sistema autoritario que no tolera la disidencia y se cierra al diálogo”, expuso.
Daniel Gersherson, ambientalista y presidente de Alconsumidor, consideró que el Gobierno federal simplemente practica el viejos modus operandi del PRI.
“Están tratando de intimidar a aquellos personajes y círculos que no obedecen a sus órdenes. No sé qué tan honestos sean algunos líderes de estas agrupaciones sindicales, pero son independientes del Gobierno y todo lo que salga de la órbita del PRI, que no tiene el 2018 ya en la bolsa, piensa que el único recurso que le queda es la represión, tal como sucedía con Roberto Vallejo en los 50, con los médicos en los 60, es la percepción limitada de los priistas”, explicó.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que la justicia mexicana se aplica a conveniencia del poder.
“Sigue siendo una justicia que se usa a conveniencia del poder político en turno, en este caso, hay un contraste en la acción y la aplicación de la justicia en contra de los dirigentes sindicales de la CNTE y tenemos otros dirigentes sindicales que han hecho grandes tropelías y no tienen consecuencias. La justicia es para beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos”, dijo.
Cortez Morales comentó que los líderes sindicales de la CNTE fueron detenidos justo cuando encabezaban la protesta social en contra de la Reforma Educativa.
“Es una criminalización de la protesta, no prejuzgo si los dirigentes de la CNTE tienen o no responsabilidades, pero llama la atención el modo en que se aplica la justicia, cuando ellos están llevando una protesta en contra de la Reforma Educativa, entonces es claro que la justicia se utiliza para reprimir el movimiento”, indicó.
Gersherson opinó que en el Gobierno federal se “ensaña” con sus opositores, mientras que con personajes como Carlos Romero Deschamps se muestra condescendiente. “El caso de Romero Deschamps es como de libro de texto, porque se ensañan en contra de esta persona [Rubén Núñez] por un supuesto escándalo que involucraba cantidades irrisorias de dinero que para Deschamps o para Víctor Flores son cacahuates”, planteó.
El activista añadió que los priistas practican la “profesionalización de la descalificación y de la represión”.
Rubén Núñez Ginez fue detenido acusado por lavado de 24 millones de pesos y de firmar contratos ilegales con empresas proveedoras para maestros oaxaqueños.
Pero casos como el de Romero Deschamps, a quien en 2001 se le descubrió un desvío de mil millones de pesos del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña priista a la Presidencia de la República del 2000, siguen impunes. El partido sólo fue multado con mil millones de pesos, pero Deschamps no fue perseguido y ahora es Senador de la República.
El líder sindical tiene una larga lista de acusaciones. En enero de este año el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que el sindicato dirigido por Deschamps mantiene prácticas que merman los recursos de la petrolera mexicana.“Es claro” que Pemex requiere de una reingeniería profunda “para darle viabilidad y que pueda salir adelante de la muy difícil circunstancia que enfrenta”, acusó el sector privado.
Respecto al sindicato, a principios de este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó dos veces a Pemex a dar a conocer de forma clara y precisa información respecto a sus trabajadores.
En septiembre pasado, Pemex y el sindicato firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo tras una serie de negociaciones que la ahora empresa productiva del Estado debe aclarar. Además debe informar sobre viajes y viáticos de sus funcionarios entre el 2010 y el 2015, instruyó el INAI.
La oposición ha calificado la relación entre Deschamps y el PRI como un ejemplo claro de impunidad, a cambio de manejar el sindicato a conveniencia del poder, como el Pemexgate.
“Es una correa de transmisión del Gobierno federal y del PRI, Romero como dirigente sindical en Pemex, baja las instrucciones que recibe de arriba y la última fue el apoyo a la Reforma Energética. Él como dirigente sindical pudo tomar una posición diferente, como aquella que tomaron los trabajadores del Sindicato Nuclear en la defensa de su materia de trabajo, pero sobre todo en la defensa e las empresas patrimonio del Estado. Deschamps no representa los intereses de los trabajadores de Pemex, ni de los mexicanos, solo de sus amos, de quienes los tienen ahí, del PRI”, dijo a SinEmbargo Bertha Elena Luján Uranga, entonces secretaria general del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en 2014.
Romero Deschamps, como la mayoría de los líderes de las centrales obreras, ha sido protegido desde el poder con diputaciones y senadurías por el PRI, para darles fuero y hacerlos intocables ante la justicia mexicana, han dicho los expertos.
“La permanencia de estos líderes se explica por el apoyo que les dan los empresarios y los diferentes gobiernos. Los protegen, vienen de un pacto muy antiguo que era el pacto de los sindicatos con el gobierno mexicano, con la participación de los empresarios. Había beneficios mutuos, los trabajadores de las grandes empresas que eran la columna vertebral de este sindicalismo: los de Pemex, la CFE [Comisión Federal de Electricidad] tenían muy buenos contratos, todavía hay restos de esto. Había un toma y daca entre grandes sindicatos que apoyaban al gobierno y ciertos beneficios a los trabajadores en otra época, pero desde que se instauró el modelo económico actual estos beneficios se han ido disminuyendo aceleradamente. Entonces los trabajadores se han quedado sin el pacto y han proporcionado el toma a través de los líderes, pero sin el daca”, explicó Enrique De la Garza Toledo, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adscrito al Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa.
OTROS EN LA LISTA
Otros liderazgos que han apoyado el proyecto político priista que no ha sido investigados son: Víctor Flores, dirigente del Sindicato de Ferrocarrileros; el actual dirigente de la SNTE Juan Díaz de la Torre y el ex presidente de la Comisión Ejecutiva del sindicato y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas, también acusado de corrupción y enriquecimiento.
En marzo de este año se dio a conocer que más de 3 mil jubilados se ampararon en contra de pagar la cuota de 80 pesos mensuales cada uno al Sindicato Ferrocarrilero que encabeza Víctor Flores Morales.
En total son 32 mil los jubilados que pagan esa cuota al sindicato de Flores. El argumento para el amparo es que es un cobro ilegal del cual no hay ningún beneficio para ellos.
Víctor Flores es un líder sindical que tiene varias demandas por utilizar el fondo de los trabajadores para enriquecerse. En 1996, Ferrocarriles Nacionales de México empezó su proceso de privatización y miles de trabajadores fueron liquidados a través de un fideicomiso. Ese año, Víctor Flores Morales dejó su casa de 50 metros cuadrados y adquirió un edificio completo de departamentos, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo publicada en 2013.
Pasó a conformar la triada de los dirigentes más poderosos de México, junto con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Incluso entre ellos, Flores Morales se distingue: el cúmulo de 14 mil denuncias en su contra en la Provuraduría General de la República (PGR), que van desde desfalcos hasta fraudes, supera todos los récords.
Víctor Flores Morales está acusado del saqueo del fideicomiso para la jubilación en el proceso de privatización de FNM entre 1995 y 1996, la ficticia venta de casas del Infonavit en Azcapotzalco y Tlalnepantla en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora en 2006, entre otras cosas. En cada historia hay dinero. Más de 700 millones de pesos, si se sigue el rastro que dejan las demandas.
A pesar de ello, ha sido Diputado federal en tres ocasiones (1997-2000; 2003-2006 y 2009-2012) y jamás subió a la tribuna. Aunque Víctor Flores sólo representa a 45 mil trabajadores, una cifra muy lejana a los millones de maestros o petroleros, por lo menos hasta 2018 se mantendrá en su puesto de secretario general del sindicato ferrocarrilero debido a la modificación que él mismo hizo de las cláusulas del organismo.
El ex presidente de la Comisión Ejecutiva del SNTE y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas y su familia gastaron 6.3 millones de dólares en la compra de condominios en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005.
De acuerdo con una investigación del Miami Herald publicada en abril de este año, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo por los 11 condominios de lujo en el edificio Brickell. La investigación detalló que las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares.
Un año antes, la esposa del legislador del Panal, Jessica Peredo Rincón, habría pagado otra fuerte suma: 1.1 millones de dólares, por otro lujoso departamento en el edificio Setai en South Beach.En 2008 la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares.
Con sus 11 departamentos, Quezada Salas y su familia tienen el control del 10 por ciento de los 116 condominios de lujo que alberga un exclusivo edificio ubicado en el número 1395 de la glamorosa avenida Brickell en Miami.
El edificio Brickell Arch, una torre de vidrio 36 pisos, alberga también oficinas y bufetes, y el lujoso hotel Conrad Miami, de la cadena Hilton, entre otros.
El Diputado José Quezada Salas ha tenido una larga trayectoria dentro del sindicato del magisterio. El más reciente fue de 2013 a 2014 cuando fungió como presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 60. Antes, de 2013 a 2015 fue integrante del Equipo Nacional del Sindicato magisterial; entre 2013 y 2014 trabajó como presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Entre 2012 y 2014, Quezada Salas fue líder del SNTE en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 2003 fue delegado especial del sindicato y cubrió diversas secretarías dentro del mismo; durante los años noventa, se desempeñó como secretario de diversas áreas.Dentro del partido, ha sido presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Panal en la Ciudad de México.
Juan Díaz de la Torre defendió a Bernardo Quezada y afirmó que en el SNTE “no hay corrupción”.
DETENIDO POR AUTODEFENSA
Doctor Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas fue un crítico de las políticas de seguridad de EPN. Foto: Especial
José Manuel Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio de 2014 y está preso en un penal de Hermosillo, Sonora. Un año antes el médico se había identificado como uno de los consejeros generales del Consejo Ciudadano de Autodefensas del municipio de Tepalcatepec, región de Tierra Caliente y desde ese momento fue una voz crítica ante la política de seguridad del Gobierno de Peña Nieto.
Mireles denunció en una entrevista con la Agencia SubVersiones los atropellos de los que eran víctimas en su región en manos del grupo delincuencial Los Cabellos Templarios.Contó como a las hijas las secuestraban “y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.
El 9 de mayo de 2014 el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que Mireles Valverde era investigado por la muerte de cinco personas en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, y que incluso había fotos que lo inculpaban. La prueba de la participación del médico en el crimen son una serie de fotografías en donde sostiene la cabeza de una persona.
En una de las fotos se aprecia a Mireles Valverde sosteniendo la cabeza de un muerto junto con un hombre de guantes quirúrgicos, que él identificó como agente del Ministerio Público.
El líder de las autodefensas explicó que la fotografía la había tomado una médica forense luego de que el agente del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas le pidiera ayuda para sostener a un muerto.
Luego de la aprehensión de Mireles, algunos especialistas dijeron que hay un trato discrecional de parte del Gobierno federal.
“Es una cuestión de los arreglos no escritos. En la medida que Mireles desafía al gobierno federal se le empieza a aplicar la ley. Hay una uso discrecional, faccioso, del estado de derechos en el país, particularmente en Michoacán. Las acusaciones en contra de Mireles, como el uso de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, todos los grupos violan la ley y no les hacen nada. Para mí esto es sintomático de un esquema y razonamiento discrecional que tiene el gobierno”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana.
Si los grupos dejan de ser funcionales, se les busca neutralizar y se salen del esquema, se les aplica la ley. “El gobierno tiene que ser claro y explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando”, indicó Tirado.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Tirado y agregó que lo que sucedía en Michoacán y Guerrero, se trataba de un proceso de desmovilización, con un sesgo discriminatorio.
“Sí hay un trato diferente no justificado, aunque el gobierno puede decir que está justificado un trato diferente porque son procesos distintos, sí preocupa en tal caso que a las comunidades indígenas se les esté persiguiendo invisibilizando y a otros grupos no. Frente a demandas parecidas, hay un trato desigual, no razonable, eso es discriminatorio”, opinó.
En enero de este año Mireles pidió perdón al Gobierno y a su familia “por haberles faltado al respeto con sus palabras o acciones”.
“Aprovecho este mensaje para pedirle perdón al Gobierno de México y a sus instituciones oficiales y no oficiales, y a su estructura esparcida por todo el territorio nacional, por haberles faltado el respeto con las palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil”, señaló Mireles en un mensaje difundido en redes sociales.
Con motivo del inicio de año, el doctor Mireles también pidió perdón por haber abusado “del pensamiento liberal y por haber alterado el orden político y social de Michoacán y de México”.
UN “AJUSTE DE CUENTAS”
En febrero de 2013. Elba Esther Gordillo “La Maestra”, entonces lideresa del SNTE y una aliada estratégica de los gobiernos en turno, fue detenida y encarcelada. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato, dijo Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República.
“La Maestra” Gordillo fue detenida en el Aeropuerto de Toluca, debido a que la PGR acreditó el lavado de dinero por la cantidad de 2 mil millones de pesos e investigó investigan 81 cuentas del gremio para detectar posibles anomalías.
Gordillo trianguló recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, como una residencia a nombre de la madre de la lideresa, así como para realizarse cirugías estéticas y hasta comprar obras de arte.
Sin embargo la aprehensión y encarcelamiento de Gordillo fue interpreto por algunos políticos opositores al PRI como un “ajuste de cuentas” de sus aliados priistas.
“Es un pleito entre ellos, los de la élite del poder. Los que ajustician a Elba Esther son iguales que ella”, dijo Martí Batres Guadarrama, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Gordillo cuenta con un largo historial de corrupción y denuncias, que los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, dejaron pasar debido a que “La Maestra” fue su cómplice en varias ocasiones, principalmente en las elecciones de 2006 y 2012 donde hubo fraude electoral, explicó Batres.
Para creer que la detención de Elba Esther responde a un golpe bien intencionado de las autoridades y un mensaje de que caerán más “peces gordos” ligados actos de corrupción en el país, se debe empezar por procesar al mismo Carlos Salinas, añadió.
“Si empiezan por Carlos Salinas y Arturo Montiel ya podemos creerle al Gobierno, si no es sólo un simple ajuste de cuentas de la élite del poder”, sugirió el dirigente.
