Ciudad de México, 14 abr (SinEmbargo/dpa) – Los organizadores del Viacrucis Migrante, una procesión de centroamericanos que busca llegar hasta Ciudad de México, anunciaron hoy que presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso.
El sacerdote y activista Alejandro Solalinde dijo a dpa que decidió aplazar hasta mañana la salida de la caravana con 290 migrantes, que iba a intentar hoy nuevamente partir desde el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, en el estado sureño de Oaxaca.
“Hemos pedido un amparo colectivo para protegernos del Estado mexicano y presentado una queja por abuso de autoridad y atropellos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si para mañana no está el amparo, vamos a salir de todos modos”, aseguró.
La semana pasada se canceló la salida desde Ixtepec por un operativo policial y de migración que se montó en la zona con la advertencia de que sólo se permitiría el paso a personas con sus documentos migratorios en regla, situación en la que no están los migrantes.
“Este Viacrucis siempre lo hemos hecho pero es la primera vez que el gobierno se pone así”, dijo Solalinde.
“Tengo 20 años trabajando en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y jamás había visto una ciudad sitiada de esta manera, han puesto varios retenes”.
Los migrantes, que iniciaron el Viacrucis el 24 de marzo en la frontera de México y Guatemala, realizan desde hace varios años este recorrido para hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos y sufren en México toda clase de abusos.
Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración ha desplegado un amplio operativo alrededor de Ixtepec y ha advertido que se permitirá el tránsito de las personas “siempre y cuando tengan el permiso de estancia legal”, lo cual no es el caso de los migrantes que participan el Viacrucis.
AI EXIGE CESAR CRIMINALIZACIÓN
Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores debido al dispositivo de seguridad del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la policía federal que bloquea las actividades de la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”.
La organización manifestó en un comunicado que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino “criminaliza a las personas migrantes además de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se encuentren personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a las y los migrantes”.
El Albergue ofrece asistencia humanitaria integral a las personas migrantes desde 2007, siendo reconocido el Padre Alejandro Solalinde como un gran defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, recordó la organización.
La razón detrás de prohibir las verificaciones en lugares en donde se trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes es, por un lado el reconocer que las personas migrantes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y que las organizaciones y personas que los apoyan realizan una tarea fundamental a favor de los derechos humanos, y, por otro, reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de las personas migrantes y permitirles hacer su trabajo sin trabas ni intimidaciones. Por lo que la medida adoptada por INM obstaculiza el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos.
Además señaló que el dispositivo de seguridad es “inconstitucional” puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11 que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte.
AI enfatizó que la forma en que se realizó el dispositivo de seguridad “ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado”.
Al menos 100 miembros del Viacrucis pueden ser solicitantes de asilo, y de estos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en cuanto a las personas que se encuentran dentro del Albergue Hermanos en el Camino y garantizar que durante el procedimiento previsto articulo 20 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Por lo cual Amnistía consideró que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar asistencia institucional a los solicitantes que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades y a las instancias correspondientes para asegurar que las condiciones de seguridad del albergue y que las personas migrantes sean respetadas durante el recorrido de la caravana hacia la Ciudad de México este 15 de abril a las 7:00 AM. Está acción decidida por las personas migrantes y sus defensores tienen que ser considerada una “acción civil de resistencia pacífica” la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización y de libre tránsito de todas las personas migrantes.
CNDH PIDE PROTEGER CARAVANA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para proteger las garantías de las personas que participan en la llamada caravana migrante, luego de que organizaciones presentaron una queja.
La solicitud de la CNDH está dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la presidencia municipal de Ixtepec, Oaxaca.
El organismo solicitó particularmente medidas para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que participan en esta caravana de migrantes y organizaciones civiles.
Entrevistado al término de un seminario sobre la Constitución, organizado por el Senado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de visibilizar los problemas que sufren los migrantes en México.
Asimismo, pidió a las autoridades entender el contexto adverso que enfrentan los migrantes y emprender acciones para su atención.
También proteger a la población migrante, recordó, es la obligación de un Estado democrático, que demanda respeto total a la dignidad de las personas independientemente de su estatus migratorio.