Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Un grupo que nace ante la crisis de gobernabilidad, corrupción, impunidad y de derechos humanos por la que atraviesa el país, exige que el próximo 7 de junio se vote para que Enrique Peña Nieto deje de ser Presidente de México, y así demostrar de manera «clara y contundente» el rechazo a su gobierno y a la clase política que hoy gobierna.
La campaña «Ciudadanos por la Revocación del Mandato», presentada ayer en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, e impulsada por ciudadanos, estudiantes, así como por los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), y Layda Sansores San Román, también del PT, además de artistas como Daniel Giménez Cacho y activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra, nace a poco más de dos años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.
«La actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno», detallaron los convocantes de esta iniciativa.
La campaña busca llamar a un referéndum revocatorio de la Presidencia actual, y con ello «conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del Gobierno federal».
Lo anterior, como consecuencia de la corrupción política, la cual coinciden los integrantes de la iniciativa, «navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país».
Muestra de ello, detallaron, son los escándalos «de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa [Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado], las del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong], del Secretario de Hacienda y Crédito Público [Luis Videgaray Caso] y el Consejero Jurídico del Presidente [Aurelio Nuño Mayer]». Pero no es sólo eso, agregaron los convocantes, también están las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, lo que da «cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual Gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno».
Explicaron que la imagen del Ejecutivo Federal «no sólo va a pique», sino que él mismo ha fracturado de manera absoluta su investidura «por la corrupción que lo enloda».
Aunado al clima de corrupción, expusieron, están los efectos de las políticas públicas del Gobierno de Peña Nieto y de las reformas estructurales que «sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria».
Precisaron que los resultados fueron reformas alejadas del interés nacional y de la población.
«De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del Gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva Reforma Fiscal que aumentó impuestos y ni así el Gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos», detallaron.
Lo anterior, agregaron, es un fracaso que se ha visto expresado en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, además de los aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al «deterioro brutal» de las condiciones de trabajo.
El «rostro más dramático» de la actual administración es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de seis meses, que calificaron como un crimen de Estado que «sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento».
Recordaron también que Iguala no fue un hecho aislado, le precedieron los fusilamientos de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos castrenses, como parte de un clima de represión que se vive en el país. «Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos», agregaron.
Esa inseguridad y violencia da como resultado «una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional».
Los ciudadanos que se sumaron a esta convocatoria buscan, a través del referéndum ciudadano, «que se muestre de manera clara y contundente el repudio al Gobierno de Enrique Peña Nieto».
Durante el pronunciamiento, se trasmitió un mensaje del activista Alejandro Solalinde, quien aseguró que en el país se vive una crisis inédita y que el mejor camino no es la violencia sino la participación ciudadana.
LA CAMPAÑA
La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del Jefe del Ejecutivo federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual deberá ser depositada en medio de las boletas electorales en las urnas.
Los impulsores de la misma informaron que las hojas de revocación de mandato que sean depositadas por los votantes en las urnas el próximo 7 de julio, sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su Gobierno.
«De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”, explicaron.
Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo.
“Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República”, precisaron.
Detallaron que quienes formen parte de la campaña pueden acudir a votar en los próximos comicios federales, y al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introducir en ésta la “revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República». El votante, dijeron, llevará a la urna la siguiente hoja:
El voto es secreto y la inclusión de esta revocación del mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional.
“Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas”, manifestaron los organizadores.
Precisaron que la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral.
“Al final de la jornada electoral -además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía- aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral”, indicaron.
