En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro, promover políticas contra la obesidad y la diabetes no sólo significa enfrentar los poderes económicos de la gran industria refresquera y de comida chatarra, también significa enfrentar a sus aliados en el gobierno. El poder económico se convierte en poder político ha señalado la Dra. Margaret Chan, Directora de la Organización Mundial de la Salud, comentando que las enfermedades no transmisibles que son hoy en día la principal causa de enfermedad y muerte no darán marcha atrás si no se enfrenta a la gran industria del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas y la comida chatarra. Chile lo está haciendo exitosamente, México no, sólo hace un simulacro que cuesta decenas de miles de vidas.
Vea usted el etiquetado frontal en alimentos y bebidas supuestamente para que hagamos buenas elecciones, que nadie entiende y con un criterio de azúcar que es una amenaza a la salud; la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas que no se aplica, y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia que no cubre los horarios y programas que más ven los niños, que no prohíbe el uso de las herramientas de manipulación y engaño que utilizan estas empresas para persuadir a los niños, etc, etc.
El caso de espionaje y amenazas revelado por el New York Times este sábado, basado en un reporte del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros internacionales más reconocidos en el análisis de la seguridad digital, revela que tres mexicanos que tenemos en común trabajar por la salud pública y promover políticas para enfrentar la obesidad y la diabetes, fuimos intervenidos con un sistema de espionaje altamente sofisticado, a la vez de que recibimos mensajes intimidatorios que pueden ser considerados amenazas de muerte.
Los objetivos de este espionaje e intimidación han sido: el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, el Dr. Simón Barquera, uno de los investigadores más destacados en políticas de nutrición del país y América Latina; Luis Manuel Encarnación, coordinador de la red de organizaciones Contrapeso que ha tenido un papel fundamental en promover las políticas públicas contra la obesidad y la diabetes entre los legisladores, y quien esto escribe, director de El Poder del Consumidor y vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, una red nacional de más de 30 organizaciones, que nos hemos dedicado a realizar campañas públicas para promover regulaciones que modifiquen el ambiente obesogénico en el que vivimos en nuestro país.
El llamado malware que se introdujo en nuestros teléfonos celulares a través de mensajes de texto es de la empresa de origen israelí NSO Group que especifica en sus principios que solamente vende estos sistemas a gobiernos, no a privados. NSO Group señala que en sus contratos establece que estos equipos solo deben usarse frente a criminales o amenazas terroristas. Como señala la periodista autora del artículo publicado en primera plana del New York Times, uno de los clientes más importantes de NSO Group ha sido el gobierno mexicano. Entonces, las pruebas están apuntando a que estos sistemas de espionaje fueron comprados por el gobierno mexicano y aplicados a un investigador y a dos activistas de la salud pública.
Las personas que fuimos objetivo de este ataque entre julio y agosto de 2016 promovíamos en esas fechas el aumento al impuesto a los refrescos a un 20 por ciento, como era la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, de expertos internacionales y de nosotros mismos, desde que este impuesto fue propuesto. La evidencia muestra que para tener resultados importantes el impuesto a las bebidas azucaradas debe ser, al menos, de esa proporción. Al mismo tiempo, demandábamos se destinaran los recursos del impuesto a un fondo especial para prevención y acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos. Contrapeso y la Alianza por la Salud Alimentaria realizábamos actividades públicas con esta demanda de llevar el impuesto a las bebidas azucaradas a un 20 por ciento. El Dr. Simón Barquera, por su parte, lo comentaba en foros académicos y a través de las redes sociales, con el conocimiento pleno de los daños de estas bebidas en la salud de los mexicanos.
Una semana antes de ser infectados con el malware de NSO, la Alianza por la Salud Alimentaria realizó una conferencia de prensa sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas denunciando el riesgo que significa para la salud de la población este etiquetado y cómo la autoridad lo había elaborado en contubernio con la industria. Al respecto, hace unas semanas presentamos la sentencia de un juez que concluye que este etiquetado debe ser retirado porque representa una amenaza para la salud. Además, la revista Proceso dio a conocer cartas internas entre la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud que hablan de reuniones de la Secretaría y Cofepris con autoridades de la OPS y la OMS donde el organismo internacional le expuso claramente a la autoridad mexicana que los criterios nutricionales de este etiquetado representan un riesgo a la salud.
Lo que quiero exponer aquí es que no sólo se trata de que somos incómodos para la industria, también lo somos para sus aliados en el gobierno que siguen defendiendo y promoviendo aquellas regulaciones que diseñaron con la industria, como el etiquetado frontal. Por eso no es de llamar la atención de que el malware pueda ser comprado por el gobierno y usado al servicio de la industria. ¿Quién en el gobierno está dando esos servicios?, ¿es algo gestado por debajo, por infiltrados en el gobierno, u ordenado desde arriba, por las altas autoridades?.
El malware tiene un costo muy alto y cada vez que se infecta el equipo de una persona se tiene que pagar una licencia de varios miles de dólares. Es decir, por los contratos, por el marco legal y por los propios costos, tiene que haber registros de a quién se le ha infectado. La ley solamente permite el uso de estos instrumentos frente a criminales y así lo estipula la propia empresa que los comercializa: ¿quién está haciendo uso de estas herramientas de esta manera?
Para la gran industria de bebidas, el impuesto representa la medida que más puede afectar sus ventas, sus ingresos y su imagen, como lo revela la estrategia que esta empresa sigue a escala global en contra de esta medida fiscal y que ha sido muy bien expuesta en DCleaks a partir de documentos filtrados de Coca Cola. El impuesto a los refrescos en México se ha convertido en la punta de lanza para establecer medidas fiscales encaminadas a reducir el consumo de estas bebidas en varias regiones del mundo, entre ellas 5 ciudades de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido. La medida se discute en Australia, Filipinas, Canadá, Sudáfrica y muchos otros países.
El caso del malware de NSO apunta la evidencia a que el gobierno adquirió el malware y lo instaló, no a criminales, si no a activistas por la salud pública que enfrentan los intereses de ciertas industrias y de ciertos funcionarios ligados a ellas.
