Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Dos empresarios chiapanecos fueron golpeados y luego llevados a la cárcel de forma arbitraria por Enoc Díaz Pérez, Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, con el apoyo de unos supuestos policías y un grupo de civiles armados, muestra un video que circula en la plataforma de YouTube.
Los empresarios Edgar Belisario Fonseca García y Héctor Rendis Trujillo interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria, así como tortura física y psicológica en contra del Edil perredista. Además acusaron de inacción a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) en Chiapas y al Congreso local.
Su supuesto delito, explicaron los agredidos, es que uno de ellos fotocopió una nota periodística de un diario local, donde se hablaba de la inseguridad en el municipio y se criticaba al Alcalde Enoc Díaz Pérez por sus abusos de autoridad y su presunto enriquecimiento ilícito, y la distribuyó entre amigos y vecinos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió hoy mismo al Alcalde que rinda su declaración. De no hacerlo, dijo, será sometido a un procedimiento interno.
El hecho ocurrió el 23 de diciembre por la mañana, cuando a bordo de cuatro camionetas pick up, un grupo de presuntos policías municipales y de civiles armados llegaron hasta un rancho ecoturístico localizado en el municipio colindante de Jitotol para detener a ambos empresarios.
El grupo golpeó y detuvo también a algunos testigos que pretendían tomar fotos y videograbar los hechos.
Sin embargo, no se percataron que el sistema de video vigilancia captó el momento en que ingresan las unidades sin placas con los hombres armados a bordo.
En el referido audiovisual, que dura 5 minutos con 9 segundos, se puede observar cuando los supuestos policías de Pueblo Nuevo y sus acompañantes ingresan al restaurante. Allí someten con golpes y a patadas a ambos hombres para luego subirlos a una camioneta, y llevarlos a la cárcel municipal, de acuerdo con el testimonio de los propios empresarios.
Durante su traslado al lugar de su detención ambos empresarios acusan que fueron amenazados de que serían ejecutados y sus cuerpos serían quemados. Luego de algunas horas detenidos, ambos empresarios aseguran que fueron llevados a un auditorio donde se encontraban unas 300 personas. Ahí el Alcalde los acusó públicamente de ser “enemigos del pueblo” y de “obstaculizar el desarrollo del municipio”.
Una vez formulada la denuncia, sería “el pleno” de la concurrencia en juicio irregular, quien evaluaría la sanción a los detenidos de forma arbitraria.
La multitud pidió a los detenidos que dieran sus argumentos y alegaran su propia defensa. Al exponer la razón por la cual habían sido capturados, los indígenas reunidos en el auditorio exigieron que ambos fueran puestos en libertad.
Los empresarios denunciaron que fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían que habían sido detenidos por la población en una de las calles del municipio, y no narrando los hechos como realmente sucedieron.
Después de signar el documento, ambos hombres fueron llevados ante el fiscal de distrito de la PGJE, quien al verlos les preguntó la razón de su captura. Las víctimas dieron a conocer los hechos e incluso asentaron que era falso lo que habían firmado, pues lo hicieron bajo presión y tortura psicológica, al asegurarles que irían a detener a sus esposas e hijos.
Tan pronto fueron liberados por el alcalde y sus hombres armados, los empresarios interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria y robo con violencia, pues además les despojaron de dinero y celulares.
Fonseca García y Rendis Trujillo señalaron que tienen temor por su integridad física, y que ninguna instancia del gobierno estatal les ha proveído las medidas se seguridad para ellos y sus familiares que viven bajo amenaza de muerte.
Los empresarios recordaron que el Alcalde fue detenido en el año 2010 acusado de diversos delitos, pero luego fue liberado. Pese a ello, volvió a ser candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ganó las elecciones en 2012 para ser el quinto Edil perredista en ese municipio indígena.
Una vez que asumió el cargo, el funcionario y sus hermanos David y Samuel Díaz Pérez edificaron lujosas casa para ellos y su madre, Florinda Pérez. Aparte de que el alcalde recientemente adquirió unas 100 hectáreas de tierras, aseguraron los empresarios.
También señalaron que Enoc Díaz Pérez presume ser protegido del líder estatal del PRD, César Espinosa, y de Los Chuchos, “y que por eso a él nunca le harán nada”.
Incluso, abundaron, uno de los hermanos del edil, Samuel Díaz Pérez, es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRD.
EL PRD ORDENA AL ALCALDE DECLARAR
Hoy por la mañana, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ordenó al presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, presentarse a declarar ante las autoridades correspondientes.
La orden se dio con base en la aplicación del protocolo para personas expuestas que diseñó el partido de izquierda tras el caso del Alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, quien es acusado de la desaparición de 43 personas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con base en el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, formaliza este día la instrucción a Díaz Pérez para que se presente de inmediato ante la autoridad competente para que declare sobre los hechos que se le imputan. Si el alcalde llegase a ignorar el exhorto que se le hace, se actuará en consecuencia, aplicando las sanciones correspondientes”, indicó el PRD a través de un comunicado.
El PRD también solicitó a los gobiernos de Chiapas y federal iniciar una investigación inmediata y apegada a derecho para deslindar responsabilidades.
DENUNCIAN QUE FINANCIA GRUPO PARAMILITAR
El lunes pasado, los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) de Chiapas acusaron que el Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, financiar un grupo paramilitar, llamado “Los Diablos”, para despojar a los habitantes de la región de sus tierras y ganado.
Los campesinos denunciaron, precisamente, que este grupo fue quien asesinó a Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, por lo que solicitaron ayuda a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello para esclarecer el asesinato ocurrido hace 25 días.
Francisco Jiménez Pablo, representante de la Coordinadora nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), acusó que la indiferencia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para encarcelar al grupo paramilitar “Los Diablos” es bajo el argumento del respeto a la soberanía de Chiapas.
Reiteró que han tenido comunicación con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Enrique Miranda, pero “no vemos ni inteligencia operando, ni fuerzas públicas operando, puesta esta gente [“Los Diablos”] sigue moviéndose con toda impunidad en la región y manteniendo la zozobra no sólo a la familia Montejo sino a familiares de varias comunidades”.
No es la primera vez que los campesinos de Chiapas denuncian la falta de interés del Gobernador Velasco Coello. La semana pasada, Hermisando Gómez Girón, padre de Agustín Gómez Pérez, el joven de 21 años que se inmoló frente al Congreso de Chiapas para exigir la liberación de su tío, expuso que “el gobierno dice que apoya y ayuda a los pobres, pero es mentira”.
“Esta situación ha sido del pleno conocimiento del gobierno municipal, y sobre todo del gobierno del estado de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello y sus operadores han hecho caso omiso a nuestras denuncias y llamadas de auxilio precisamente para evitar estos detestables actos”, denunciaron.
Ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, los campesinos afirmaron que además de la muerte de Armando y Celestino, el grupo de “Los Diablos” conformado por 40 miembros han asesinado a 10 personas y decenas más han sido desplazadas en los tres años que va de la administración de Enoc Díaz, quien además busca postular a su hermano David para que le suceda en el cargo.
El Movimiento Campesino Regional Independiente había denunciado en diversas ocasiones que desde hace años bandas criminales tienen el cobijo de las autoridades municipales, especialmente en el municipio Pueblo Nuevo Solistahuacan.
En diciembre pasado acusaron que “Los Diablos” operan con total impunidad. Roban ganado, desalojan a pobladores de sus viviendas e incluso roban sus pertenencias cuando esto ocurre. Las denuncias son constantes ante el Ministerio Público, sin embargo “no se ha actuado conforme a derecho”.
Días después del asesinato de ambos, el Movimiento advirtió que los responsables intelectuales y materiales han amenazado a los familiares y acosan a comunidades aledañas. Portan armas de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército.
“QUIERO JUSTICIA, NO VENGANZA”
Por su parte, Romeo Montejo López denunció el hostigamiento que sufre su familia por parte del Presidente municipal y su gente, quienes han bloqueado el camino con su gente para no dejar pasar a su familia y permanecen, hasta ahora, “secuestrados” en su colonia.
El hijo y hermano de Armando y Celestino Montejo explicó que sus familiares fueron asesinados el 19 de diciembre pasado, luego de que el Alcalde entregara “despensas y armas” a los miembros de “Los Diablos”.
“Tenemos deuda cuando enterramos a mi papá (alrededor de 60 mil pesos), con puro dinero prestado, y quiero pagar esta deuda pero esa gente que asesinó no deja que yo venda el ganado y piensa que me voy a vengar cuando lo único que quiero es que se haga justicia”, relató.
Romeo, quien logró salir de su colonia antes que asesinaran a su papá y hermano, aseguró que el Alcalde lo está persiguiendo, por lo que alertó que él lo que busca es justicia y no venganza.
Sin embargo, también comentó que el grupo paramilitar impidió que recogieran los cuerpos de su padre y hermano muertos para sepultarlos; posteriormente –detalló– cateó las casas de todos sus familiares, y ha impedido que vendan sus cabezas de ganado para pagar sus deudas y sobrevivir, además los mantienen prácticamente secuestrados al impedirles salir de sus casas.
Ante la serie de hechos violentos, Jiménez Pablo anunció que en los próximos días darán a conocer la ruta que van a seguir con una caravana que partirá de Chiapas hasta la Ciudad de México para pedir a la Secretaría de Gobernación que intervenga y ponga un alto a la situación que padecen.
Recordó que la agresión a Armando y su hijo forma parte de un clima de hostigamiento contra su organización por lo menos desde 2010, situación que ha sido corroborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha emitido dos recomendaciones, la 64/2011 y 11/2013, que pese a ser aceptadas por el gobierno de Chiapas, no han sido atendidas.
Los campesinos también expusieron que enviarán una carta al líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, debido a que el Alcalde es de extracción perredista y que ayude a su destitución.
