Ciudad de México, 13 de dic (sinembargo.mx) – Miguel Ángel Osorio Chong, ex Gobernador de Hidalgo y actual Secretario de Gobernación, es quizás el pilar del gabinete de Enrique Peña Nieto. Pero también puede convertirse en un problema. Durante años se ha visto envuelto en controversias. Se le ha señalado incluso de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, y por el supuesto enriquecimiento de sus hermanos.
Osorio llegó al Ejecutivo estatal en 2005 y enfrentó diversas acusaciones. Primero, la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigó por su presunta protección a Los Zetas; posteriormente se dijo que él y sus hermanos realizaron millonarias transferencias a Panamá a través del banco HSBC. Sus detractores aseguraron que desvió recursos públicos a favor de su partido e incluso Andrés Manuel López Obrador afirmó que coordinaba un fraude electoral para el pasado 1 de julio. A pesar de todo, el priista ha visto crecer su poder y es un personaje cercano del Presidente, quien le otorgó la titularidad de una Secretaría de Gobernación que será fortalecida.
SUS INICIOS
Nació en Pachuca, Hidalgo el 5 de agosto de 1964. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Se ha desempeñado en distintos cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue oficial mayor en la Presidencia Municipal de Pachuca, secretario de Acción Electoral y presidente del Comité Directivo en su estado natal. También fungió como diputado federal, secretario de Gobierno, Subsecretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Regional en el Gobierno hidalguense.
En 2004 su partido lo postuló como candidato a la gubernatura de su estado natal, ganando y quedando al frente del Ejecutivo estatal hasta 2011, ese mismo año, se desempeñó como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México para los comicios estatales en los que Eruviel Ávila resultó electo Gobernador y formó parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, quien al obtener el triunfo en los pasados comicios del 1 de julio lo nombró Coordinador General de Política y Seguridad en su equipo de transición.
El 30 de noviembre de 2012 fue presentado como secretario de Gobernación, dentro del nuevo gabinete federal.
PRESUNTA PROTECCIÓN A LOS ZETAS
Como Gobernador, Osorio Chong enfrentó la polémica en más de una ocasión, una de ellas fue cuando se le relacionó con un grupo criminal.
En abril de 2010 se dio a conocer la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 con la que inició una investigación basada en las declaraciones de testigos protegidos y una denuncia anónima del Grupo Ciudadano Hidalguense que señalaban a funcionarios de primer nivel, al propio Osorio y a su hermano por sus presuntos nexos con el narcotráfico e incluso se les relacionó con Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca", entonces líder de Los Zetas.
Proceso destacó que la indagatoria también incluía a el ex procurador general de la República, al priista Rafael Macedo de la Concha; a Francisco Olvera Ruiz, ex presidente municipal de Pachuca, y al entonces procurador de Justicia de Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón.
A Olvera Ruiz se le acusó de haber recibido 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña.
De acuerdo con la publicación, las acusaciones contenidas en una denuncia de hechos presentada el 11 de marzo del año pasado ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO) incluían "financiamiento de campañas políticas, lavado de dinero, protección oficial a Los Zetas, ligas entre grupos priistas y tráfico de drogas, así como una amplia rotación de funcionarios públicos para favorecer los intereses del narcotráfico en el estado de Hidalgo”.
Además, la denuncia también relacionaba a Eduardo Osorio, hermano del entonces Gobernador, con el narco.
En su momento Osorio Chong reconoció que grupos criminales se hallaban en la zona y expresó: “En el estado tenemos presencia de grupos de cárteles, la propia federación lo ha señalado… estamos en investigaciones de secuestros, de narcomenudeo, que es algo que nos preocupa”.
Tras las investigaciones, el 23 de marzo de 2011 Milenio informó que la entonces llamada SIEDO exoneró a Miguel Ángel Osorio Chong y otros funcionarios de tener presuntos nexos con el narcotráfico.
CASO HSBC
Una investigación de Reporte índigo, dada a conocer el 16 de mayo pasado, mencionaba que el ex Gobernador de Hidalgo, junto con sus hermanos Eduardo y Luis supuestamente habrían realizado transferencias millonarias a bancos extranjeros por medio de HSBC.
El ex funcionario local y el banco negaron el contenido de esta información que revelaba presuntas transferencias por cerca de 100 millones de pesos a una sucursal de HSBC en Panamá, por su parte el medio publicó copias de presuntos documentos de al menos ocho cuentas bancarias abiertas en el banco tanto en México como en el país centroamericano.
A través de un comunicado difundido en mayo, las institución bancaria desmintió que se hayan recibido depósitos de los hermanos Osorio Chong.
Según la publicación, ambos hermanos ocupaban cargos que no correspondían con tales ingresos. Uno de ellos fue administrador en distintas dependencias del gobierno hidalguese, mientras que el otro tiene un despacho jurídico.
El 20 de julio de este año, Reporte índigo informó que a petición suya, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación sobre este caso, dando como resultado la exoneración de los hermanos Osorio Chong.
Las pesquisas judiciales se siguieron bajo el oficio SIEDF/0616/2012 y folio AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-IV/150/2012.
REFINERÍA BICENTENARIO
El 12 de agosto de 2009, el entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, confirmó que una nueva refinería se construiría en la zona de Tula, Hidalgo, y detalló que la inversión en el estado sería de 673 millones de dólares menos a que si el complejo se hubiera construido en Salamanca, Guanajuato.
Según El Universal, el costo total del proyecto es de 11 mil 600 millones de dólares, de este monto unos mil 500 millones serán dedicados a los ductos y el resto para las instalaciones del tren de refinación. Consta de 17 plantas de proceso y dos ductos.
Ante la noticia, el entonces Gobernador de la entidad aseguró que se apoyaría a los ejidatarios de Tula, e incluso se vería que "ellos formen parte en la asociación que se pueda lograr de algunos insumos para la construcción de la nueva refinería". Además, estimó que la obra crearía alrededor de 100,000 empleos.
Pese a los problemas con los terrenos donde se lleva a cabo el proyecto, en 2009 el Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad contratar una deuda por mil 500 millones de pesos pagaderos en 12 años con Banamex, un crédito que significó el 7 por ciento del presupuesto anual del gobierno estatal.
Sin embargo, el proyecto avanza lentamente y por ello generó diversos problemas. El 26 de mayo de 2010 Osorio Chong anunció que de cancelarse o seguirse posponiendo la obra demandaría a Pemex por incumplimiento y al gobierno federal para lograr la indemnización por la deuda que adquirió el gobierno hidalguense para la compra de las 700 hectáreas destinadas a ese propósito.
De acuerdo con Excélsior, en un año el proceso de construcción de la Refinería Bicentenario en Tula tuvo un progreso de 0.54 por ciento, pues oficialmente hasta marzo de 2012 el “avance global del proyecto” era de cinco por ciento.
El 30 de agosto pasado, El Universal informó que la obra tardaría aún más, pues la meta es que hasta principios de 2017 inicie operaciones, es decir, tres años después de lo que en un principio se había establecido.
SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS
El 12 de junio de 2009, diputados de la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los Recursos Públicos Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral Federal denunciaron a Osorio Chong por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos para la campaña del candidato a diputado federal del PRI por el distrito 10 de Ecatepec, Marco Antonio Gutiérrez Romero.
Esa no sería la primera vez que se señalaría a Osorio por esta actividad
Durante el inicio de la campaña de Xóchitl Gálvez por la gubernatura del estado de Hidalgo, el 12 de mayo de 2010, los entonces dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y el PRD, Jesús Ortega, acusaron a Osorio Chong de desviar fondos públicos y de meter las manos en el proceso electoral en busca de dejar "un heredero" en la entidad.
El 1 de marzo pasado, el entonces diputado local del Partido del Trabajo (PT) Arturo Aparicio Barrios, acusó a la administración de Chong de haber utilizado 121 millones de pesos de recursos federales en 2010 para financiar 69 obras ajenas a la infraestructura básica para población en pobreza extrema. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una observación al ex mandatario estatal por 580.5 millones de pesos sobre recursos federales aplicados a distintos fondos hidalguenses; se justificaron 529.5 millones, pero faltaron 52.3 millones de pesos por aclarar.
A FAVOR DEL PRI
El 20 de junio de 2012, en pleno proceso electoral, la agencia Apro publicó que el entonces candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el PRI tenía preparado un fraude electoral en el que presuntamente estaba involucrado Osorio Chong.
El político tabasqueño aseguró que dicho proyecto sería ejecutado a través de algunos Gobernadores por medio de recursos públicos de sus estados y organizados por Osorio.
“Se reunieron con Peña y este señor Chong que ya se siente secretario de Gobernación, pero se va a quedar con las ganas”, manifestó López Obrador.
NIEGA DETENCIONES ARBITRARIAS EL 1D
Pese a que el 6 de diciembre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitiera un informe sobre lo ocurrido el pasado 1 de diciembre en la zona del Centro y de San Lázaro de la ciudad de México en el que se revela que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cometieron abusos y actos de tortura contra manifestantes, y también se realizaron detenciones de personas que se expresaban en forma pacífica, el secretario de Gobernación negó que esto último haya sido cometido por el Gobierno Federal.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario federal indicó que “en todo momento se cuidó que la policía no llevara algún tipo de arma”, pero, dijo, toda denuncia será investigada.
Aclaró que este asunto es del fuero común y que lo único que se hizo fue “contener a los manifestantes para que no pasará a mayores, y que lo más importante es que se está investigando y están ahí las pruebas”.
Aseguró que se investigará y castigará a los responsables de los hechos ocurridos el 1 de diciembre con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y reiteró que las autoridades federales no utilizaron armas que pudieran dañar a los ciudadanos.
“Estaremos al pendiente de lo que está sucediendo, esperar el resultado de los que atendieron a los heridos, a los manifestantes; si hubo algún tipo de arma de parte de la autoridad será castigado, se estará investigando”, dijo.
Sin embargo, “es importante esperar los resultados de la investigación”, ya que, señaló, hubo muchísimos policías heridos.
-Con información de Notimex
