El TPP fue duramente criticado por diversas organizaciones por la secrecía con que fue manejado, tanto en las negociaciones como en su publicación.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Un documento que fue filtrado a través de la plataforma Wikileaks prendió las alarmas respecto a diversos artículos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus por sus siglas en inglés), que pudieran limitar los contenidos de Internet por las nuevas disposiciones que marca para los derechos de autor.
Distintas organizaciones de la sociedad civil actualmente realizan un análisis para determinar las repercusiones que el acuerdo tendrá en distintos sectores como el agropecuario, el gubernamental y las telecomunicaciones.
Por ejemplo, el grupo internacional Fight for the future publicó en días pasados un análisis del documento definitivo que, señalan, confirma los peores temores en lo que se refiere a Internet y la libertad de expresión por el contenido del capítulo 18 que hace referencia a la Propiedad Intelectual.
Cynthia Solís, Socia Presidenta de Lex Informática Abogados, comentó en entrevista para SinEmbargo, que el tratado está basado, incluso, en otros convenios de los que México ya es firmante y que aplican desde hace años, es decir, que está tejido con base en la reglamentación vigente.
“Como es un tratado de asociación con fines comerciales, realmente lo único que hace es que recopila parte de lo que ya éramos firmantes pero ahora aplicado al comercio, porque lo que se intenta implementar es un flujo transfronterizo de información con fines comerciales”, explicó.
Roberto Sánchez de la Bara, quien fuera el representante de la parte industrial del sector privado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), reconoció que este tipo de acuerdos globales están enfocados a beneficiar a las grandes empresas y a sus proveedores, pero también pidió analizar las ventajas, ya que, antes de que entre en vigor, aún existe tiempo para que los países se opongan a las cláusulas que los podrían afectar.
“Se espera que haya un consenso general y se pueda estar teniendo un instrumento a finales de 2017 y principios de 2018”, expresó y agregó que los beneficios podrían verse en el corto o mediano plazo, no de manera inmediata.
“Después de la firma, los beneficios se verán en tres o cuatro años, estamos hablando del 2020 o el 2021”, señaló. El TPP espera crear un mercado de 100 mil millones de dólares para los 11 países firmantes.
Sin embargo, según lo expresa Solís, las dudas que generó el TPP se derivaron en su totalidad, por la secrecía con que fue manejado-
“¿Por qué tanta secrecía?, ¿por qué no hay transparencia en las negociaciones? Las dudas son legítimas y lanzan el mensaje de que los ciudadanos están preocupados por sus derechos”, dijo.
EL TRATADO
El documento menciona tres principales objetivos de política pública que abarca el tratado, que va desde la promoción de innovación y de la creatividad; facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y arte; y fomentar una competencia en mercados abiertos y eficientes.
A lo largo de todo el documento se especifica que cada país firmante tiene la capacidad de otorgar una mayor protección u observancia a los derechos de propiedad que modifica el TPP, pero que siempre y cuando, no contravenga a las disposiciones de este, y enfatiza en que lo que se acuerde, no debe ser menos favorable para con las empresas nacionales y sus negociaciones internas.
En los primeros puntos se habla de una modificación del sistema actual de patentes, a uno más simple que permita intercambiar información con otros sistemas internos y el resto de los países podrán acceder a la búsqueda de la información que se requiera.
Por esta razón también se incluyen disposiciones para un Dominio Público que contenga materiales informativos, como bases de datos públicas, que contengan registros de derechos de propiedad intelectual que auxilie en la identificación de la materia que ha pasado al dominio público.
Los países tiene la oportunidad de excluir una patente de su territorio por redención de la explotación en su territorio para proteger el orden público o de la moralidad, como la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal o para evitar un perjuicio serio al medio ambiente.
En este sentido, en el apartado referente a los procedimientos se especifica que cada país tiene la facultad para hacer que el infractor pague al titular del derecho un resarcimiento que compense el daño causado; cada país pude imponer medidas precautorias incluyendo el aseguramiento u otras que permitan la custodia de dispositivos y productos que considere están involucrados en una actividad prohibida y puede incluso también ordenar su destrucción.
En el punto que habla de la “Cooperación en materia de conocimientos tradicionales”, se habla de la importancia de los sistemas de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y éstos tienen que estar ligados al sistema de propiedad intelectual.
Se deberá realizar un examen de patente de calidad, en la que se evaluará el estado de la técnica, que tenga información relevante y documentada.
Los conocimientos tradicionales son aquellos saberes de los pueblos indígenas u originarios. En materia de derechos de autor, culturalmente este tipo de conocimientos son los que se transmiten de voz a voz y de generación en generación. Cuando se habla de recursos genéticos, es todo aquel que surge naturalmente y que posee información genética de utilidad. Esto lo asocia al conocimiento tradicional.
Con el tratado, los países podrán evaluar y catalogar el estado de la técnica para obtener la información relevante y documentada.
EL TPP DE TELECOMUNICACIONES
Los últimos apartados, los de telecomunicaciones, delinean como un delito pena, la manufactura, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o cualquier otro modelo de distribución de un dispositivo o sistema a pesar de que “esté destinado a ser utilizado para ayudar, sea primordialmente para ayudar o su principal función es solamente ayudar a descifrar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin la autorización del distribuidor legitimo de dicha señal”.
En cuanto a los proveedores de servicios de Internet, entendido como aquel que ofrece servicios en línea para la transmisión, enrolamiento o suministro de conexiones para comunicaciones digitales en línea de un material seleccionado por el usuario y el encargado del almacenamiento en caché realizado “a través de un proceso automatizado”.
Se establece que se trabajará para que los proveedores de Internet cooperen con los titulares del derecho para disuadir el almacenamiento no autorizado y la transmisión de materiales protegidos; deben estar incluidos los requerimientos para remover o inhabilitar de manera expedita el acceso a materiales alojados en sus sistemas o redes tan pronto tengan conocimiento de la infracción a los derechos de autor.
De acuerdo con el análisis de Fight for the future, son varios los puntos preocupantes para el Internet y los usuarios, que están ubicados en el capítulo de la Propiedad Intelectual. El primero, referente al nombre obligatorio de los dominios, ya que eso podría vulnerar la línea anónima de los usuarios, por la base de datos pública que como se dijo antes, será obligatoria.
Otra de las nuevas normas que inquietan, es que se le otorga a los proveedores de servicios de Internet, la facultad de verificar y revisar las solicitudes de derribo de autor, sin que se le sea notificado a la parte que subió el contenido, en teoría, de forma ilegal.
“Una compañía estadounidense podría ordenar a otro país, el derribo de un sitio web y no habría ninguna manera para que la persona que ejecuta ese sitio web, refute las afirmaciones”, explican en un comunicado. Aunado a esto, los servidores no podrán ser acusados por bajar contenido ya que los respaldan las nuevas disposiciones de derecho de autor.
“Ningún tratado puede coartar el derecho a la libertad de expresión porque es un derecho constitucional. El TPP no es la regla máxima ni significa que todas las demás se anulen, tiene que convivir con otros tratados de propiedad intelectual y comercio, y respetando la Constitución”, enfatizó Solís.
Por otra parte, el presidente nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, señaló que junto con otras organizaciones como Oxfam, Médicos Sin Fronteras (MSF), el Colectivo Antifracking, maestros de la Universidad Iberoamericana y de Ciencias Jurídicas y Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pedirán al Senado que abra el debate a la sociedad civil para que tengan la oportunidad de presentar sus posturas.
–Con información de Juliana Fregoso
