Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi un año, exhiben el inoperante y corrupto sistema de justicia que ha convertido a México en una vergüenza internacional, aseguró hoy el Episcopado Mexicano en su editorial dominical Desde la Fe.
“Los expertos independientes han puesto de manifiesto la falta de pericia e ignorancia del personal de la Procuraduría General de la República (PGR). Las aseveraciones suponen que el Ministerio Público actuó sin diligencia, no realizó el debido procesamiento en la recopilación de pruebas e información para el esclarecimiento de la verdad. Contra lo que afirmó la PGR, el GIEI sentenció: los normalistas no fueron incinerados”, refiere la publicación.
La Iglesia Católica añade que el informe resultó demoledor al echar abajo varias de las hipótesis del ex Procurador Jesús Murillo Karam, quien el 7 de noviembre de 2014 expuso la “verdad histórica” de la desaparición de 43 estudiantes, la cual concluyó que los normalistas habían sido cremados y reducidos a cenizas en un basurero en Cocula, también en Guerrero.
Los crímenes de Iguala, destaca el semanario, destapan el gran vacío del Estado de Derecho. “El informe del GIEI exhibe la gran vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia, ahora dispuestas a analizar detalladamente lo que debieron indagar desde el primer momento de las desapariciones”.
Indica que el informe de más de 600 páginas del grupo interdisciplinario, presentado hace una semana, exhibe los principales males del sistema de justicia: el enquistamiento de la corrupción y la impunidad.
“A un año de los lamentables e indignantes hechos se vuelve al punto en el que la opinión pública muestra su consternación por la impericia y negligencia de un aparato fincado para cuidar de la imagen del gobierno y de las dependencias de la administración pública, en lugar de ser garante de la seguridad y del bien de cada persona, revelando que lo que menos interesa es la protección de los derechos humanos”, detalla el Episcopado Mexicano.
¿Y ENTONCES?
Menciona que si las autoridades federales estaban “profundamente consternadas”, ahora se encuentran “profundamente angustiadas ante la más grave crisis del sistema de procuración de justicia en nuestro país, un sistema profundamente descompuesto, viciado y corrupto, un sistema del que la mayoría de los mexicanos desconfía, y nos lleva a la convicción de que en México no existe una verdadera impartición de justicia”.
Por último, expone que los diputados y senadores deben analizar un nuevo órgano que debería ser creado para la consolidación del bien común y la seguridad jurídica. “Desde la experiencia que ha vivido el país, parece del todo inconveniente nombrar a una persona por tantos años para un cargo expuesto al desgaste, y vulnerable ante la incompetencia y corrupción de los miembros de esta diezmada institución”, dice la Iglesia católica en su editorial.
El informe del GIEI aportó al menos dos nuevas líneas de investigación: Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas y no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula.
También revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.
Ante las nuevas revelaciones, la Procuradora General, Arely Gómez González anunció que se realizará un nuevo peritaje sobre el caso Iguala e instruyó para que la averiguación previa quedara a cargo de Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada. Anteriormente el funcionario a cargo era Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
