Líderes indígenas de Chiapas, Nayarit, Estado de México y Puebla denunciaron ante abogados del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento diversos casos en los que se ha pretendido dar paso a megaproyectos hidroeléctricos, mineros y petroleros, entre otros, que siembran incluso “células del crimen organizado”.

Además, acusaron, esos proyectos, amparados por los gobiernos locales y federal en México, no sólo dañan el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de diversas regiones con población indígena en el país, sino que pasan por encima de sus derechos al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno mexicano y las empresas  “siembran” células del crimen organizado en distintas partes de la República Mexicana –especialmente en comunidades indígenas– en donde existe oposición a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros, denunció Daniel Zúñiga Maldonado, vocero Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA–MN), cuyos miembros han sido blanco de amenazas, hostigamiento, criminalización e incluso asesinato en los últimos meses.

El domingo pasado, durante la primera audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, líderes indígenas y rurales de Chiapas, Nayarit, Estado de México y el estado anfitrión, alertaron que la presencia de grupos criminales ha provocado el desplazamiento de pobladores para facilitar los planes de la Reforma Energética.

Los inconformes expusieron ante abogados del Tribunal algunos casos en los que se ha pretendido dar paso a megaproyectos que, además de dañar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, pasan por encima de sus derechos al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.

En el marco de la presentación del informe “¿A qué precio?”, de Global Witness, Ben Richard Leather, uno de los autores, señaló que los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio en México han ido en aumento gracias a la corrupción, la falta de protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio.

ATROPELLOS POR TODO MÉXICO

Durante la exposición de los casos, los líderes hablaron del proyecto de la línea de electricidad de alta tensión en Cuetzalan del Progreso, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y sobre la criminalización a la que han sido sometidos quienes se atreven a levantar la voz.

Este diario digital ha dado a conocer que durante al menos el último lustro, las amenazas, ataques, intimidaciones e incluso los asesinatos han envuelto a Cuetzalan, hogar de indígenas totonacos y nahuas.

Según información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la CFE busca imponer una subestación eléctrica denominada Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Tajín sobre terrenos cubiertos con vegetación de bosque, selva y pastizal cultivado, en la que invertiría más de 200 millones de pesos.

A falta de una consulta previa, libre e informada, la comunidad cuestionó el proyecto y fue entonces cuando las autoridades del municipio y funcionarios de la CFE aseguraron que la subestación beneficiaría a la población. Pero la realidad, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, es que la obra favorecería a las industrias minera y petrolera.

Por el caso, la CFE interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de ocho opositores: Alfredo Guerrero, Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Francisco Jiménez Pablo y Manuel Gaspar Rodríguez, quienes fueron notificados el 31 de enero de este año.

Hoy por hoy, existe un clima de miedo, pues el pasado 14 de mayo, Manuel Gaspar fue hallado sin vida con tres lesiones en el cuerpo, provocadas por arma blanca y con evidentes signos de tortura, en un hotel de Cuetzalan. Desde entonces, sus compañeros de lucha mantienen su exigencia justicia y han señalado que el móvil del crimen es la labor activista.

Otro asunto exhibido fue el de la resistencia del pueblo zoque ante la extracción de hidrocarburos en Chiapas, en donde las autoridades también son protagonistas del despojo: la Secretaría de Energía pretende llevar a cabo extracción en pozos petroleros en una superficie de más de 84 mil hectáreas, con una inversión de más de 300 mil millones de dólares.

Ante ello, 14 municipios zoques se han unido en la lucha y han logrado detener la licitación en una de las rondas de la Reforma Energética, pero, advierten, no sólo el proyecto petrolero amenaza sus territorios, sino también mineras y geotérmicas. Para ser precisos y tal como informó SinEmbargo en junio pasado:

Existen 12 concesiones mineras en 70 mil hectáreas, la ampliación de la Presa Chicoasén, un proyecto geotérmico sobre 15 mil hectáreas que abarca las poblaciones de Francisco León, Chapultenango y Ostuacán, además de una represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec.

Los pobladores buscan estipular una Ley de Consulta Indígena en diversas lenguas como el náhuatl, zoque, tzotzil y tojolabal.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construye en el lago de Texcoco fue también tema de discusión durante la audiencia pública: comuneros del municipio de San Mateo Atenco subrayaron que no permitirán su instalación y anunciaron movilizaciones en los próximos días frente a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, “para que exigirle que cumpla su palabra de no permitir la conclusión de dicha terminal aérea”, se lee en un comunicado de prensa.

Hace algunos días, durante un encuentro con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y Colegio de Ingenieros Civiles de México, celebrado en el Palacio de Minería, López Obrador pidió a los especialistas asesoría sobre la construcción de la polémica obra a través de un dictamen y reafirmó que será sometido a consulta.

APOYO LEGAL PARA LOS AFECTADOS

En los próximos días, en Guerrero y la Ciudad de México se continuará con el análisis de una veintena de casos de comunidades indígenas y se buscará establecer una Ley que evite la entrada de los megaproyectos, a fin de respetar los usos y costumbres de cada una de ellas.

Durante el evento, Natascha Lycia Ora Banan, presidenta del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, informó que tras la conclusión del análisis de los casos, el organismos internacional emitirá un dictamen final mismo que se dará a conocer ante instancias internacionales para apoyar legalmente a los afectados, a fin de hacer valer sus derechos a la vida, al territorio, al agua, a la autodeterminación y a la libre expresión.

–Con información de Ivette Lira y Daniela Barragán