La Iglesia, apoyada en el reporte del CIDAC, indica que la Procuraduría General de la República (PGR) es un “fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma” y resalta la poca confianza a las instituciones por parte de la ciudadanía.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Nuevo Sistema Penal Acusatorio hace crecer las dudas entre la población sobre su implementación que podría dejar en libertad a cerca de diez mil presos de las cárceles de la Ciudad de México, debido a un criterio aprobado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comenta este día la Iglesia católica desde editorial de este domingo.
A través del semanario Desde la fe, la Iglesia católica dice que de poner en libertad a estos sujetos que permanecen dentro de las cárceles por los delitos de crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la sociedad padecerá “carencias en la implementación adecuada y la forma como se han aprovechado las deficiencias y resquicios para que, al final, se cometan delitos tersos que no ameritan prisión, pero que aún así están agraviando a la población”.
Además, dice que el Sistema Penal Acusatorio “agarró a los impartidores de justicia con los dedos en la puerta”.
De acuerdo con datos del Informe Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), “el sistema de justicia enfrenta graves problemas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio”, señala la Iglesia.
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Asimismo, agrega que el reporte señala defectos legislativos producto del escaso análisis parlamentario, deficiencias institucionales y escasa profesionalización por parte de policías durante el proceso.
“En las movedizas determinaciones del Poder Judicial, los jueces locales ven rebasadas sus capacidades, difiriendo audiencias o bien decretando sanciones en libertad para que los culpables cometan otros ilícitos”.
La Iglesia, apoyada en el reporte del CIDAC, indica que la Procuraduría General de la República (PGR) es un “fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma” y resalta la poca confianza a las instituciones por parte de la ciudadanía.
Por últimos recuerda cómo es que en las “reformas estructurales vemos cómo, poco a poco, hay un efecto dominó en cuanto a la ausencia de resultados contundentes e inmediatos”, y resalta que aunque la Reforma penal tomó 8 años adoptarla “se admite que no era lo que se esperaba”.
“Vicios arraigados, corrupción e ineficiencia han hecho que quien esté pagando la incapacidad de algunos sea la sociedad mexicana que ya no sabe cómo librarse de estas lacras”, culmina.