
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La señora Olga Lidia Sánchez, ex trabajadora de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y sobre quien pesa una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que el día del incendio no abandonó a los menores y por el contrario se dedicó a sacarlos para evitar que murieran.
Olga Lidia, quien se desempeñaba como auxiliar de educadora, dijo que su hija es uno de los más de 100 bebés que resultaron heridos el 5 de junio de 2009.
“También soy madre de una de las niñas que resultó lesionada en el 85 por ciento de su cuerpo y ahorita está en tratamiento […]. Es día a mi me sacaron inconsciente de adentro de la guardería. Se dice mucho que la demanda va por abandono de personas, yo jamás abandoné. De hecho yo me dediqué a rescatar a niños, a sacarlos hasta que quedé inconsciente adentro”, dijo en entrevista con Radio Formula.
Por ello, calificó la orden de aprehensión solicitada en su contra como una injusticia, pues ella, aseguró, es doblemente víctima y recordó que estuvo internada en un hospital de Ciudad Obregón por un paro cardiorespiratorio y por quemaduras en el 20 por ciento de su cuerpo, mientras que su hija estuvo internada en un hospital de Sacramento, Estados Unidos.
“Soy víctima yo, estuve a punto de morir y mi hija también […]. Quieren acusarme cuando yo tengo la necesidad de estar con mi hija porque ella requiere de mi presencia, ella tiene cirugías dos tres veces al año”, mencionó la ex trabajadora de la Guardería ABC.
El día de hoy la PGR confirmó el ejercicio de la acción penal en contra de 22 personas por el incendio que causó la muerte a 49 bebés y más de 100 heridos.
Entre las 22 personas sujetas a proceso penal, la dependencia encabezada por Arely Gómez Cano aseguró se encuentran servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, del Ayuntamiento de Hermosillo y particulares.
Sin embargo, ayer, Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de padres de los niños afectados que integran la asociación “Manos Unidas por la Justicia”, consideró que esta resolución es una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir encubriendo al ex Gobernador de ese estado José Eduardo Robinson Bours Castelo y los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la tragedia, pues los expedientes de todos ellos, dijo, fueron reservados.
El representante calificó este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras, intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que continuarán en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.
En enero del año pasado, Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del IMSS en Hermosillo, quien realizó la última visita de supervisión a la Guardería, abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.Ella era la única funcionaria que estaba detenida por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas no ha cejado en su lucha por encontrar justicia.




