Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El valor total de la producción de los minerales que se explotan en México no son equivalentes a lo que se extrae de la tierra en términos monetarios. Ni el Gobierno federal ni los ejidatarios reciben ganancias acordes con lo que se produce, porque todo se lo llevan los concesionarios mineros quienes no están obligados a esclarecer el volumen de su producción por políticas de las instancias gubernamentales, alertaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
De acuerdo con el último informe realizado por el ASF, entre 2008 y 2013 el Gobierno federal perdió 3 mil 277 millones de pesos de la generación de recursos que explotan las empresas mineras de este país sólo por pago de derechos debido a que no se cumplió con la meta respectiva de cada periodo.
En esos cinco años, las mineras dejaron a México apenas el 0.6 por ciento de los más de 1.2 billones de pesos que recaudaron.
La ASF expuso que los derechos que lo que pagaron las mineras por concesión es muy poco y consideró que parte del problema se debe a que el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Energía, no establece un control de datos que puedan ser “útiles, confiables y oportunos”.
Al respecto, Francisco Cravioto Lagos, investigador del proyecto industrias extractivas de Fundar, dijo a SinEmbargo que las compañías mineras “están sacando del subsuelo un bien de la nación y no están pagando ni siquiera algo en compensación al dueño de ese bien que somos nosotros, la nación mexicana”.
Al primer trimestre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó un monto de 978 millones de pesos por el pago de derechos mineros de un total de 95 mil millones de pesos generados del total de la producción en este periodo.
Cravioto Lagos aseguró que las regalías que entregan las grandes empresas mineras no están reflejando un impacto positivo en términos financieros “tiene grandes ganancias que se les deben cobrar impuestos y éstos se deben repartir entre la población”, comentó.
Respecto a los porcentajes que corresponden a la Federación, dijo que “los legisladores decidieron que no se les están cobrando lo suficientes derechos a las grandes compañías” y que la falta de transparencia y rigurosidad en el cumplimiento de sus deberes fiscales, mismos que son regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no son suficientes para un “monitoreo de los ciudadanos”.
En México existen 26 mil 064 títulos de concesiones mineras en una superficie total de 30.68 millones de hectáreas, según el Estudio de la minería en México, publicado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaria de Gobernación.
De este universo de concesiones, sólo se realizan 200 visitas anuales. “La Dirección General de Regulación Minera, de la Secretaría de Hacienda se encarga de realizar las auditorias del volumen total de minerales extraídos, pero con el escaso personal y la falta de recursos no se hacen inspecciones a fondo, y el universo extraordinario es un incentivo para mentir porque la posibilidad de ser sancionado es mínima”, acusó el también integrante de Alianza contra el Fraking.
PRODUCCIÓN MINERA Y REGALÍAS
De acuerdo con el reporte de volumen y valor de la producción minerometalurgia 2014/2013 del SIAM, el valor total de productos mineros registrado en 2014 fue de 196 millones 966 mil 920 pesos, mientras que un año anterior logró un resultado de 200 millones 946 mil 362 pesos. Lo anterior quiere decir que de 2013 a 2014 hubo -2.0 por ciento del valor total que dejó la explotación de los recursos mineros.
La Secretaría de Economía tiene la obligación de dar a conocer el valor en miles de pesos y en toneladas que las concesionarios reportan según hayan sido sus utilidades; de esos ingresos, las empresas deberán pagar el 7.5 por ciento a la federación por un“derecho especial”. Sin embargo, Cravioto Lagos dijo que “en otros países no se cobra sobre las utilidades si no del valor del volumen total de la producción”.
Explicó que con esta modalidad de pago de regalías (por utilidad total) “daña a las pequeñas compañías. Las grandes mineras mexicanas cuentan con artilugios contables para no reportar las utilidades ya que pueden reportar pérdidas por cualquier situación”, hecho que calificó una posibilidad para que haya “ventanas de ilusión fiscal”.
El año pasado la Secretaría de Economía registró que del valor total de minerales preciosos, las empresas reportaron un monto de 91 millones 610 mil 261 pesos; 64 millones 842 mil 147 pesos de minerales industriales no ferrosos; 26 millones 793 mil 118 pesos de minerales siderúrgicos y 13 millones 721 mil 392 pesos por minerales no metálicos.
Asimismo, el documento Participación de México en la Producción Minera Mundial en 2014 del Sistema de Administración Minera, aseguró que México logró el año pasado el primer lugar en el mundo en la producción de plata con una participación a nivel internacional del 25 por ciento con 22 mil 781 toneladas, mientras que a nivel nacional logró producir 5 mil 765.
NUEVOS DERECHOS SOBRE CONCESIÓN
Con la Reforma Hacendaria ( que entró en vigor el primero de enero de este año) se adicionaron tres nuevos derechos a la Ley Federal de Derechos que deberán asumir las mineras mexicanas: derecho especial del pago del 7.5 por ciento sobre el valor de los ingresos de la actividad extractiva, menos deducciones; el derecho extraordinario de 0.5 por ciento a los ingresos de las empresas que extraen oro, plata y platino (adicional al derecho especial), y la sanción para las compañías permanezcan ociosas por dos años.
Respecto a lo anterior, el experto en industrias extractivas mencionó que aún establecidas las nuevas regulaciones “el problema es que algunos concesionarios no reportan todo lo que extraen y lo hacen sólo a base de un solo mineral además de que dan cuenta únicamente sobre las utilidades, mismas que no pueden comprobarse al cien por ciento por que no tienen la obligación de hacerlo porque esa información es confidencial”.
De acuerdo con el Artículo 7, fracción IX de la Ley Minera, son atribuciones de la Secretaría de Economía solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.
Además la legislación vigente exige el pago de derechos sobre concesiones mineras por hectárea, que de acuerdo con la fracción II del artículo 27 de la Ley Minera y el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, son de 5.70 pesos a 124.74 pesos por hectárea de tierra concesionada de manera semestral por año de concesión.
DAÑOS COLATERALES
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México existen al menos 36 conflictos mineros en proceso. Sin embargo, el experto de Fundar comentó que a nivel nacional existen 80 conflictos socio ambientales y 22 laborales “esto es demasiado, creo que no hay país en América Latina que tenga tantos problemas en ese sentido, incluso por encima de Chile o Perú que dependen gran parte de la actividad minera”.
El especialista agregó que el 20 por ciento de los recursos generados se va para participación federal y el 80 por ciento pasa a integrar un Fondo de Desarrollo Sustentable de Municipios Mineros y éste se reparte según el valor de producción de cada municipio.
Detalló que existen comités en cada entidad que deciden el destino del fondo. “Este comité es profundamente antidemocrático porque se integra por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano (Sedatu), un representante del Estado y luego uno de todos lo municipios mineros de todo el estado: el problema es que este uno si es un representante de cualquier partido político, será el partido dominante y actuará a su conveniencia”, comentó.
El también integrante de Alianza contra el Fraking agregó que la mala regulación de la actividad minera además causa “profundos daños a la los derechos de la población y al medio ambiente, en todos los sentidos y hablando en términos monetarios estrictamente, ellos son los que terminan pagando la factura”.
En ese sentido comentó que “todo lo que es regulación ambiental creemos que esta mal en todos los sectores, no solo en minería, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pone sus sellos aunque reconozca el daño, pero la presión que se ejerce por parte sector turístico es brutal porque es importantes sobre la economía mexicana”.
