Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) dio a conocer el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, en el cual afirma que el gobierno está en deuda con la libertad de expresión de las mujeres y, en particular si estas son periodistas, pues no les garantiza justicia cuando son agredidas, lo que abre la puerta a la impunidad y a que estos hechos se repitan.
De acuerdo con el informe presentado hoy por CIMAC, las investigaciones judiciales sobre delitos contra mujeres periodistas, como las amenazas y demandas contra Lydia Cacho Ribeiro y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias, denuncia el informe, se caracterizan por ser deficientes, realizarse con sesgos sexistas y violar el debido proceso. Como consecuencia, declara, las agresiones o actos de violencia no se esclarecen y los culpables no son castigados.
El informe de CIMAC subraya que las comunicadoras, además de ser violentadas por su profesión, son víctimas de violencia institucional de género que, indica, inicia con discriminación, continúa cuando las autoridades no consideran su labor periodística como factor de la agresión, y persiste al negarles protección y justicia.
En entrevista, Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas y Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, aseguró que para demostrar esa hipótesis se escogieron cuatro casos que permitieran ver diversas aristas de los ataques contra la libertad de prensa, y que fueran intimidaciones que pudieran sucederle a cualquier reportera.
De 2004 a 2008 la reportera Ana Lilia Pérez Méndez investigó la corrupción de las empresas Naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta, casos que implicaban a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que provocó que en 2007 Grupo Zeta la demandara por daño moral, acusación que hoy día sigue vigente.
El análisis de CIMAC indica que la demanda por daño moral contra la reportera es un ejemplo del uso del aparato judicial para limitar la libertad de expresión, ya que además puso en riesgo la vida de la informadora, quien en junio de 2012 tuvo que salir del país por las amenazas en su contra, lo que ha dificultado su defensa legal.
Respecto al homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal en Xalapa, Veracruz, del semanario Proceso y quien fuera asesinada el 28 de abril de 2012, el estudio encontró que la investigación se enfocó en la vida privada de la reportera y en desacreditar su labor periodística, lo que derivó en violencia institucional.
En la indagación de este asesinato, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) no realizó pesquisas que permitieran un juicio justo, hubo un mal resguardo de las evidencias, de la preservación y recolección de pruebas y de la identificación de testigos, por lo que hasta ahora hay dudas sobre quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del crimen.
En el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien en 2005 fue demandada por Kamel Nacif por los delitos de difamación y calumnia, luego de que ella revelara la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil en la que presuntamente participaba el empresario textilero, destacó la colusión del entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por las acusaciones contra Cacho Ribeiro que dieron pie a que en diciembre de 2005 la periodista fuera detenida y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En cuanto al robo y allanamiento de la agencia Cimacnoticias, en 2008 y 2011, el informe destaca que el hecho de que el delito se investigara como robo simple fue una omisión, porque no se incluyó como línea de investigación la labor periodística y de defensa de los derechos humanos de las mujeres de quienes laboran en ese medio de comunicación.
El documento señala que la violencia institucional que las autoridades de justicia ejercieron contra el trabajo de periodistas e impulsoras de los derechos femeninos dejó desprotegida su labor, les negó una protección especializada, se afectó la libertad de expresión y devino en impunidad.
La coordinadora de Redes de Periodistas y Programa de Libertad de Expresión de CIMAC aseguró que es necesario comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas en la violencia contra las periodistas para tomar las medidas adecuadas.
Para ello, el informe de CIMAC recomienda que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y sus homólogas en las entidades federativas, incorporen protocolos especializados con base en los Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de derechos humanos y Periodistas.
Entre 2012 y 2013 se presentaron 86 casos de violencia contra mujeres periodistas, de los que el 54 por ciento (47 casos) ocurrieron en 2013.
En el Distrito Federal ocurrieron 35 por ciento de los casos, lo que coloca a la entidad como la más peligrosa para las mujeres que ejercen el periodismo en el país, seguida de Veracruz.
Según el análisis, el gobierno de la Ciudad de México adoptó una postura “represiva” ante las protestas sociales y la libre expresión, sobre todo porque en manifestaciones públicas se han registrado agresiones constantes contra mujeres periodistas, en su mayoría colaboradoras de medios independientes.
