¿Cuántas primeras planas del New York Times serán necesarias para que el gobierno federal rinda cuentas sobre el espionaje a políticos, activistas y periodistas? La estrategia del silencio, aunque efectiva, carece de elementos democráticos.

Hace unas semanas nos enterábamos del nuevo escándalo que azotaría al país: a través del malware Pegasus –que solo se vende a gobiernos por parte de la compañía israelí NSO- se espía a críticos del gobierno federal. En cualquier país (y ya sabemos que es un dicho que no aplica a México) esto sería un escándalo. La ética del gobierno sería nula para seguir gobernando. La oposición se erigiría como el contrapeso del gobierno y los otros poderes actuarían de inmediato para salvar la República. Pero no, nuestra realidad es otra.

El 10 de julio en su primera plan el periódico neoyorquino volvió a poner en evidencia nuestra deplorable realidad. En esta ocasión nos avisó que el gobierno federal o algún “agente rebelde” dentro del mismo, espió a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes eran los investigadores enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la anuencia del gobierno para indagar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En palabras más sencillas: espió a agentes diplomáticos internacionales que venían a ayudar al país. Aunque suene repetitivo, pero esto debería detener al país. Debería haber una álgida discusión pública en la que se pida llegar al fondo del asunto. Pero no, nuestra realidad es otra.

De lo poco que ha dicho el gobierno sobre el ilegal espionaje ha sido “…que se presente denuncia ante la PGR y que se investigue”. No sobra recordar que la PGR es una de las tres agencias de gobierno que se han gastado unos 80 millones de dólares en la compra del programa espía. Entonces, pedirle al gobierno que investigue al gobierno no solo resulta ridículo sino lacerante para con la sociedad.

Pero entonces, estamos –una vez más- ante un añejo problema de nuestro aparato de justicia: su profunda ineficacia. Su cercanía a la voluntad política y el 99% de impunidad. Es fácil concluir que la investigación de Pegasus será un fiasco semejante al de la Casa Blanca y Virgilio Andrade. No hay porqué pensar en otro resultado.

Entonces, estamos ante un problema, que no por ser viejo, deja de tener validez. ¿A qué justicia podemos aspirar más allá de la retórica? A menos del 1%. Sabemos que los niveles de impunidad son de los más altos en el mundo. El sistema se sostiene por esas excepciones y perversiones en la procuración e impartición de justicia.

Tenemos claro que un gobierno compró el malware Pegasus para espiar. Solo puedo haber sido el gobierno o alguien dentro del gobierno con acceso a él o alguien a quién el gobierno le encargó que lo hiciera. De cualquier manera, está involucrado el gobierno. No se puede afirmar que haya sido política de la administración, pero sin duda los indicios apuntan a las altas esferas del poder. De todas maneras está claro que el gobierno no se podrá auto-investigar. Es contra su naturaleza. Pero, ¿entonces qué debemos de hacer?

Algunas organizaciones de derechos humanos –víctimas del espionaje- han sugerido que dado la incapacidad del Estado de proveer justicia y aclarar el espionaje lo que se requiere es una investigación internacional imparcial para dar con la verdad. Un poco el mismo modelo que se gestó en Ayotzinapa.

El pedir una investigación internacional no soluciona el tema de fondo. Primero, sabemos que el mandato –como en Ayotzinapa- será muy deficiente porque el gobierno y sus argumentos legaloides impedirían que fuera de otra manera; segundo, imaginemos que tenemos una comisión internacional la cual arroja resultados: qué hacemos después con los presuntos implicados. Es decir, no es suficiente para asegurar que se imparte justicia; tercero, y creo que más importante, no podemos ir de comisión en comisión internacional pidiendo que la comunidad internacional arregle algo que está profundamente roto y cuarto, si requerimos de la asistencia internacional –como fue el caso de la CICIG en Guatemala- lo deberíamos demandar no de manera ad hoc sino como una política de estado para que impulse la transformación de nuestra justicia. De lo contrario cabría preguntarse por qué no hay una comisión por los periodistas asesinados o los miles de personas desaparecidas o las matanzas extrajudiciales. Todas merecerían una intervención internacional.

La justicia está sepultada en los vaivenes de la política. Si queremos cambiar eso, debemos de arrancarle a la política la capacidad de manipulación de la justicia. Pero nuestra realidad es otra. En esta los políticos echan mano de la justicia para sus agendas de partido o de grupo. La realidad es que se sienten tan seguros que espían diplomáticos y periodistas y lo hacen porque saben que no pasará nada. Entonces cuando Peña Nieto pide que se investigue está asumiendo que estamos cómodos con la mentira y la farsa. Ya va siendo hora de irle diciendo que no estamos de acuerdo.

@dariomrs

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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