Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) tienen una nueva queja para el Presidente Enrique Peña Nieto, le cuestionan por qué “olvidó” incluir propuestas, metas y objetivos reales para potenciar las energías renovables, en sus iniciativas de legislación secundaria en materia de reforma energética.
Esta omisión, concordaron, deja entrever la intención del Gobierno federal por reglamentar sólo los temas relacionados con los nuevos esquemas de contratación con el sector privado para la exploración y explotación de petróleo y gas natural, y deja de lado la estrategia para impulsar las energías renovables, que serán la opción cuando se agoten los hidrocarburos del subsuelo.
“Estamos ante la oportunidad de invertir en energía sustentable. Si seguimos enfocándonos en la extracción de petróleo estamos hablando de pocos años, 15 años a lo mucho al precio que estamos consumiendo ahora, porque la producción va en declive. Por el contrario, las energías renovables nos generan una inversión a mediano y largo plazo que pueden traer beneficios para ésta y las generaciones futuras”, sostuvo Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas del CEMDA.
Ante esto, llamaron a diputados y senadores a que aprovechen la oportunidad histórica de incluir en las leyes secundarias ocho propuestas avaladas por el sector científico mexicano, que permitiría garantizar que México genere el 35 por ciento de la electricidad con energías limpias para el 2024, como lo indica la Ley General de Cambio Climático.
Tornel recalcó que los legisladores tienen la oportunidad de llevar a México hacia una verdadera reforma energética alejado del viejo modelo basado en combustibles fósiles, principal responsable del cambio climático, para pasar a uno de largo plazo con energías limpias que no se agotarán.
Por ejemplo, en la propuesta de Peña Nieto se destaca la creencia de que el precio de la electricidad para uso industrial y doméstico bajará en un plazo de dos años. Esto fue confirmado en la respuesta que dio el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a una de las preguntas realizadas por el cineasta ganador del premio Óscar, Alfonso Cuarón.
Sin embargo, el especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental recordó que esa intención se sustenta en el supuesto de la extracción masiva de gas shale o gas de lutitas en el norte del país permitirá generar costos menores de cinco dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica), pero no contempla que ese precio responde al boom del shale gas en Estados Unidos, el cual no necesariamente se replicará en México.
“En México no generamos gas a ese precio, generamos gas a un precio de 16 dólares [por millón de BTU], es una diferencia en los números […]. En esa lógica ya no tendría sentido que siguiéramos invirtiendo en fuentes no renovables, cuando tenemos la posibilidad de empezar a invertir en energías renovables a un precio competitivo del mercado”, afirmó Carlos Tornel.
Por eso recalcó la urgencia de empezar a invertir en energías renovables, ya que el precio de la energía eléctrica generada por energía eólica es muy similar a la generada por gas, en comparación con un ciclo combinado.
El experto de CEMDA detalló que México podría cubrir el 100% de la electricidad generada por medio del uso de renovables, incluyendo una capacidad de hasta 51 GW de energía solar, misma que podría estar lista para el 2024. Si se aprovechara dicho potencial, dijo, se garantizaría la seguridad energética nacional, se reducirían las emisiones contaminantes en el sector, y, a largo plazo, es la única manera en que podrían bajar los precios de la electricidad sin subsidios directos del gobierno.
LAS PROPUESTAS
Para lograr que México transite hacia un futuro sustentable y con menos emisiones de gases de efecto invernadero, CEMDA y Greenpeace proponen:
1. Que en la ley secundaria se establezca una hoja de ruta clara para cumplir con la meta del 35% de la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en el 2024, que incluya metas intermedias vinculantes para el sector público y privado.
2. Incorporar al marco legal mecanismos que permitan una amplia y representativa participación de la ciudadanía en la planeación, ejecución y evaluación de la política energética, con énfasis en el seguimiento al cumplimiento de las metas en materia de energías renovables y eficiencia energética.
3. Legislar para que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en México, así como la sustitución de plantas de generación obsoletas, se satisfaga con energía de fuentes renovables y limpias, no con hidrocarburos.
4. Legislar para impulsar la generación distribuida de energía renovable, estableciendo disposiciones fiscales, financieras y regulatorias que incentiven a las personas físicas y morales a generar su propia energía limpia.
5. Que se establezca una ruta clara para que México cuente con una red de transmisión y distribución inteligente de energía, que permita incorporar la energía proveniente de fuentes renovables, que se extienda a los sitios con alto potencial para estas fuentes y, que cuente con metas claras de inversión.
“Es decir, que si tenemos un potencial de radiación muy fuerte en los estados del norte y un potencial eólico muy fuerte en el sur, principalmente en Oaxaca, que la red de transmisión sea lo suficientemente moderna para que al instalar estos nuevos desarrollos de energía renovable, que haya una capacidad de que se integre la red de forma inteligente”, afirmó Carlos Tornel, analista de políticas públicas del CEMDA.
6. Que el marco legal establezca una meta nacional específica y hoja de ruta clara en materia de eficiencia energética, la cual deberá ser vinculante al 2020.
7. Que el marco legal considere las externalidades ambientales en el costo de generación de la energía.
“Esto es para la energías que le llaman de transición como es el gas de lutitas [o Gas Shale, del cual científicos especulan que es causante de severo daño ambiental, cáncer en habitantes cercanos y hasta ocasionan actividad sísmica en las áreas cercanas a los pozos], creemos que los hidrocarburos generan externalidades muy fuertes, que tienen que ser internalizadas en el costo de energías no renovables, es decir, cuáles son los impactos ambientales que puede generar y que estos sean integrados en el costo”, recalcó.
8. Que el marco legal reconozca y atienda el impacto social de las fuentes renovables de energía, a fin de generar un co-beneficio equitativo para la sociedad.
“Esto quiere decir que no sólo se consulte de forma previa, libre e informada a las comunidades que se vean afectadas por el desarrollo de proyectos [energéticos], sino que se genera una distribución de los beneficios que se generen con la reforma energética, es decir quien se vea posiblemente afectado, no solo tenga una indemnización, sino que se vea beneficiado con el desarrollo”, dijo el especialista de CEMDA.
«QUEREMOS QUE NOS ESCUCHE»
Para Greenpeace la participación de la sociedad civil es fundamental para lograr que diputados y senadores incluyan las energías renovables en las leyes secundarias de la reforma energética. Por lo que exigieron abrir el debate sobre este tema a la ciudadanía y que no se quede sólo en el plano legislativo.
“Tenemos un Presidente Enrique Peña Nieto que sólo escucha a celebridades, nosotros somos la ciudadanía, somos la sociedad civil, somos mayoría, también queremos que nos escuchen y por eso hacemos este llamado a legisladores, diputados y senadores”, afirmó Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace.
Esta organización internacional ambientalista puso en operación el sitio www.renovablesya.org en donde se encuentran las ocho propuestas para incluir las renovables. Asimismo, cualquier ciudadano podrá reproducir una carta con esta demanda y podrá reenviarla a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Partido Verde en ambas cámaras del Congreso.
Asimismo, Greenpeace activó el hashtag #RecuérdalesLas8, para que a los diputados y senadores no se les olvide legislar por un mejor país, con energías limpias y renovables.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchyna, anunció la semana pasada, que varios actores de la sociedad civil, entre ellos Greenpeace, estarían invitados a participar en distintos foros de análisis en torno a la legislación.
En este tenor, la ONG informó a SinEmbargo que el pasado viernes 9 de mayo envió una carta al Senador David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional, para confirmar su asistencia a los foros de discusión pública que abrirá la cámara alta, pero pidió a la Comisión que su participación no se quede en una simple presentación de ideas, sino que abonen al debate y la construcción de dictamen final de la reforma energética.
“Esperamos que no solamente nos inviten a la discusión pública que anunció el Senador David Penchyna, la semana pasada, sino también a las mesas técnicas de discusión que están haciendo […]. Tenemos expertos que podrían añadir bastante al análisis que están haciendo los legisladores”, afirmó Miguel Soto.
POCA SEGURIDAD AMBIENTAL
El paquete de iniciativas enviadas por el Presidente Peña incluyó una que propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Según Peña, se trata de un ente especializado con autonomía de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección del medio ambiente, en las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos.
El Gobierno federal definió la regulación de la seguridad industrial como aquella enfocada a que “las empresas petroleras, de manera preventiva, evalúen y mitiguen los riesgos de un accidente industrial, y que en caso de derrame de hidrocarburos, cuenten con equipo adecuado para contenerlo”.
Esta definición es diferente a lo que el Gobierno entiende por regulación ambiental, la cual comprende que “las empresas petroleras mitiguen los riesgos de una afectación al medio ambiente. En caso de un derrame de hidrocarburos u otros incidentes, se supervisa la remediación correspondiente”.
No obstante, los especialistas consideraron que quedan en el aire muchas preguntas sobre esta agencia, principalmente en lo relacionado a un posible debilitamiento de las atribuciones que actualmente tienen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Ambientales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“La agencia está diseñada de tal manera que debilita a Semarnat, pero también a Profepa, y esta es una dependencia que se debería fortalecer con una ley orgánica que la haga más autónoma, con más poder de verificación, de inspección y de sanción”, afirmó Alberto Rojas,
Asimismo, CEMDA señaló que una agencia diseñada exclusivamente para el tema de hidrocarburos podría debilitar funciones que hoy tiene Profepa.
“Si generamos otra agencia, puede generar dificultades no solo legales, sino de atribuciones de cómo vamos a estar evaluando, porque eso podría abrir la puerta a abrir una agencia para minería, y otra para otra cosa. Entonces estamos quitándole ese peso a la Semarnat”, afirmó Carlos Tornel, analista de políticas públicas del CEMDA.
La iniciativa peñista prevé una coordinación entre dependencias para evitar duplicidad de funciones. No obstante, otorga a la Agencia competencia para emitir autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental de oleoductos, gasoductos, carbonoductos y poliductos, de la industria de hidrocarburos y petroquímica, que hoy tiene Semarnat.
Asimismo, se le otorga la facultar de realizar visitas de inspección y requerir certificaciones, auditorías internas y externas, para prevenir desastres.
También podrá emitir una suspensión de trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones que considere que represente un peligro grave para las personas y sus bienes.
