Maira Verónica Figueroa fue sentenciada en 2003, cuando tenía 19 años, luego de sufrir un problema obstétrico que la llevó a un parto extra hospitalario. El caso fue retomado por un grupo de organizaciones no gubernamentales que intercedieron por ella ante la Corte Suprema de Justicia.
San Salvador, 13 de marzo (EFE).- La libertad recuperada hoy por Maira Verónica Figueroa, condenada a 30 años de prisión por abortar, da esperanza a que otras mujeres presas por la misma causa salgan libres por medio de la conmutación de pena otorgada por el Gobierno de El Salvador con el aval de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Figueroa fue puesta en libertad este martes tras cumplir 15 de los 30 años a los que fue sentenciada en 2003, cuando tenía 19, luego de sufrir un problema obstétrico que la llevó a un parto extrahospitalario, situación por la que fue procesada por el delito de homicidio agravado.
El caso de Figueroa fue retomado por un grupo de organizaciones no gubernamentales que intercedieron por ella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que en marzo de 2017 emitió un dictamen favorable que fue ratificado por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y el cual permitió que la mujer quedara libre.
Para Ana Martínez, abogada defensora, la liberación de Figueroa, originaria del occidental departamento de Ahuachapán, "es muy importante porque da esperanza a otros mujeres que están privadas de libertad por un delito que no cometieron".
Martínez indicó que "a pesar que el Estado le arrebató a Figueroa quince años de vida, hoy puede seguir adelante y disfrutar de todas las cosas de las que fue privada por un error involuntario".
La letrada aseguró que la liberación de esta mujer "no es del todo satisfactoria porque, si bien es cierto que ella recobró su libertad a través de la conmutación, es necesario que se logre comprobar su inocencia como al resto de mujeres condenadas por abortar".
Agregó que el Estado salvadoreño debe darle la misma oportunidad a las mujeres que siguen encarceladas y permitir que se compruebe la inocencia de las mismas.
Por su parte, Teodora Vásquez, liberada el pasado 15 de febrero después de pasar diez años encarcelada por abortar, señaló que es necesario despenalizar el aborto porque "hay muchas mujeres que están sufriendo injustamente tras las rejas".
Vásquez pidió al Estado y a la justicia de este país centroamericano que se revisen los casos de las mujeres que están encarceladas porque "están cumpliendo una pena injusta" y "es necesario que se vea que es lo que se puede hacer con ellas, porque tienen hijos y familia que las están esperando".
"Los días en la cárcel son espantosos, no nos merecemos esto (...), es necesario que las autoridades vean lo que está pasando y le den a estas mujeres una oportunidad", añadió.
La liberación de Figueroa se da a casi un mes de que Teodora fuera liberada tras haberle sido negada la libertad en varias ocasiones y después de que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la condena a 30 años de prisión dictada en 2008.
En 2015, la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos presentaron ante la Comisión Internacional de Derechos (CIDH) el caso de Figueroa y de ochos mujeres más, y dos años después solicitaron a la Corte la conmutación de la pena, obteniendo un resultado favorable.
La liberación de Figueroa también llega en un momento en que diversas organizaciones sociales piden la despenalización del aborto en cuatro supuestos.
El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, medio millar de salvadoreñas se movilizaron por las calles de la capital de El Salvador para exigir al Estado y a las autoridades que se despenalice el aborto en cuatro causales.
La diputada del oficialismo salvadoreño Lorena Peña también se une a esta petición y recientemente dijo que es necesario que se apruebe la despenalización del aborto antes de que llegue la nueva legislatura, que tomará posesión del Congreso en mayo próximo tras las elecciones del 4 de marzo y que estará dominada por la derecha.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse sometido a un aborto, práctica prohibida en todas las circunstancias.
El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una "moratoria" para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.
