En diciembre, y mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la CTM y la CROC, Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal del trabajo; entre las propuestas de la reforma sobresale la eliminación de los candados a la libre subcontratación de empleados.

Esa relación laboral se llama outsourcing, y se ha convertido en una verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos.

La actual redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo permite el uso de la subcontratación solamente en casos excepcionales: Una empresa puede usar a otra como intermediaria para servicios auxiliares y secundarios al objeto de producción o servicios de la empresa, por ejemplo puede emplear a una firma de seguridad, servicios de limpieza o de mantenimiento.

Si la propuesta de los dirigentes obreros de la CTM y la CROC sale adelante, los trabajadores que producen motores para cualquier empresa transnacional pertenecerán a la firma intermediaria y, como la intermediaria no genera ganancias, sus empleados no recibirán la repartición de utilidades conforme lo dice la ley. Esta práctica y muchas más se utilizarán para empobrecer aún más las condiciones de labor en México.

Hasta la fecha, y pese a que la figura está limitada, las autoridades laborales han permitido que el outsourcing funcione con toda libertad acá en Ciudad Juárez; veamos como funciona en la vida real este esquema jurídico de sobreexplotación, y pongamos un ejemplo real con el nombre verdadero de la empresa que lo usa.

Cuando BlackBerry decidió producir sus móviles en Ciudad Juárez, contrató a una empresa maquiladora llamada Winstron; esta por su lado tampoco quiso asumir la responsabilidad de sus trabajadores y contrato dos empresas intermediarias: APSIS, con sede en Guadalajara, y otra identificada como Múltiple, con sede en Torreón Coahuila. Ambas con domicilios en Ciudad Juárez y con una oficina para contratar personal en la planta de Winstron.

Cuando BlackBerry terminó con sus operaciones en Juárez, Winstron decidió despedir a los empleados que utilizaba para producir los teléfonos; hay que aclarar que Winstron produce también lavadoras para Whirlpool y está buscando contratos con empresas mexicanas para producirles servidores.

Winstron le informó a los trabajadores despedidos que no tenía ningún compromiso con ellos porque eran empleados de agencia, que en todo caso le reclamaran a APSIS o Múltiple; y aunque algunos llegaron a acuerdos conciliatorios con las agencias, muchos no aceptaron lo que les ofrecían y decidieron tramitar el juicio laboral previsto en la ley. La demanda inició hace casi un año.

Todo juicio laboral empieza con una notificación a la empresa mediante una copia del escrito de demanda del trabajador y la ley establece que esta notificación se debe hacer en el lugar de trabajo, que en este caso es el edificio donde se producían los celulares: La empresa Winstron.

Sin embargo la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez exige que se notifique a la firma de outsourcing en su domicilio de negocios, lo que acaba protegiendo no sólo a Winstron sino también a Apsis y a Múltiple, pues cuando la Junta va a los domicilios de las agencias, descubre que no existen (porque los administradores cambian los números exteriores del edificio donde se localizan).

Debido a que no se ha podido notificar al patrón, los que trabajaron para BlackBerry contratados por Winstron a través de las agencias APSIS y Múltiple no han podido iniciar su juicio. La Junta de Conciliación, que depende del Departamento de Trabajo del Estado de Chihuahua, más bien parece tapadera para empresas ilegales.

Si así son las cosas, aún cuando están limitadas legalmente las firmas de outsourcing, ¿cómo serán cuando se les autorice su funcionamiento libre, como lo piden los senadores priistas? Estaremos a un paso de la esclavitud.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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