A pesar de los programas federales de apoyo a la vivienda, los asentamientos irregulares en México van en aumento. Aunque no se tiene un registro oficial del número total de éstos, es cada vez más común que gente se establezca cerca de las grandes ciudades. Y entre las causas están, principalmente, la pobreza de millones de mexicanos que no logran hacerse de algún crédito que les permita comprar una casa y un desarrollo inmobiliario excluyente, con altos costos que se convierten en el mayor impedimento para siquiera pensar en pagar una renta.
La gente ha encontrado una solución en los asentamientos, pero le ha generado otros problemas que no han sido atendidos, a pesar de que la actual administración presumió a nivel internacional su nueva Reforma a la Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial.
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Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– En 2014, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que solicitó “tolerancia cero” hacia los asentamientos irregulares por violar las normas territoriales. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe.
Apenas en octubre de este año, Enrique Peña Nieto llegó al evento Hábitat III, en Ecuador, presumiendo la nueva Reforma a la Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial.
Para la asociación civil Techo, la presentación de una Ley que se realizó sin consultar a quienes habitan en esas condiciones, es la muestra de que desde el Estado se está excluyendo a millones de personas que, principalmente por pobreza y por programas sociales clientelares, han recurrido a los asentamientos irregulares.
Un asentamiento irregular, dicen, es una muestra de que la pobreza ya no es exclusiva de las zonas rurales, como suele relacionarse, sino que en las grandes ciudades del país hay personas que, con tan sólo cruzar una calle, ya no sujetas al goce de los derechos humanos más elementales.
La pobreza, ahora, se ha colado a las grandes ciudades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país hay un total de 55.3 millones de pobres y 7 de cada 10 habitan en una ciudad.
De acuerdo con una estimación de El Colegio de México (Colmex), en México hay cerca de 12 millones de predios no regularizados.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene información de 12 millones 691 mil 563 hogares que viven en pobreza patrimonial; es decir, el 43.7 por ciento del total de hogares del país, de los cuales 1 millón 353 mil 863 no tienen escrituras del hogar que habitan.
“En México, lo impresionante ha sido ver la urbanización de la pobreza, porque cuando se habla de pobreza se habla de Chiapas o Oaxaca. Y sí, está allá, pero también la tenemos a la vuelta de la esquina. En las ciudades en las que Techo trabaja encontramos que la pobreza es tremendamente fuerte. La pobreza sigue siendo rural, pero ahora es profundamente urbana y ésta se concentra en las periferias de las ciudades y en los asentamientos informales. Eso es la muestra de la pobreza y la desigualdad que se vive en México”, comenta Enrique Cano Bustamante, director de Formación y Voluntariado de Techo México, en entrevista con SinEmbargo.
Cano Bustamante sostiene que el desarrollo urbano ha activado un modelo centrado en la pobreza urbana, en los asentamientos, quienes ahí habitan son personas que no tienen acceso a los derechos más básicos, desde servicios hasta cuestiones de la tenencia de la tierra.
“Cuando no hay certidumbre sobre la tenencia de la tierra, la gente corre el riesgo de ser desalojada y está el estigma de que en los asentamientos son personas que son paracaidistas, que invadieron, pero regularmente son personas que no tuvieron acceso a un crédito para una vivienda. Mucho menos pueden acceder a comprar un departamento, que es carísimo. Entonces las personas que no tienen posibilidades tienen que recurrir a estos lugares, que son conocidos como asentamientos informales”, dijo al respecto, Víctor Cruz Faro, jefe de prensa de la misma organización.
El desplazamiento del campo a las ciudades coincide con los años en que México apostó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es decir, de 1992 a la fecha.
MÁS POBLACIÓN Y MÁS POBREZA EN LAS URBES
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Datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la población urbana se duplicó en las últimas tres décadas, mientras que la superficie urbana se multiplicó seis veces, lo que provocó en un incremento en las distancias y tiempos de transporte.
Techo trabaja de manera permanente en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, y ahí tiene contabilizados 46 asentamientos irregulares, la mayoría de ellos están a cinco metros de distancia de zonas de alto desarrollo inmobiliario.
La organización menciona el caso de la Ciudad de México, lugar donde es difícil pensar que alguien abra la llave de la regadera y no sale agua caliente; sin embargo, el número de personas que no gozan de los servicios básicos va en aumento y sobre todo en este tipo de comunidades.
Cruz Faro criticó que el tema ni siquiera esté en la agenda de las políticas públicas y cuando lo está es utilizado para estigmatizar a quienes ahí habitan. Ellos los llaman “arquitectos de sus propias comunidades”, esto porque generan sus espacios, construyen una escalera si la necesitan o arreglan calles que la mayoría de las veces son de terracería. Todo, sin apoyo del Estado o algún crédito.
Números del Coneval muestran la carencia por calidad y espacios en la vivienda se redujo sólo 1.3 por ciento de 2012 a 2014. Su último informe nacional refiere que aunque el porcentaje de población con carencia por calidad y acceso a la vivienda ha disminuido de manera continua, pero perdura la cuestión del hacinamiento, sobre todo en las localidades urbanas. La causa de esto la atribuye a que los espacios en las viviendas incumple la normativa, por la existencia de asentamientos irregulares y la alta densidad de vivienda en zonas urbanas.
“En los asentamientos la gente vive segregada. En ocasiones sólo cinco metros divide a la gente que sí tiene derechos con los que no. Estas comunidades por cruzar la calle ya no tienen los servicios básicos. Viven segregados completamente de una ciudad que está a la vuelta y que se desarrolla a unos metros. Es evidente a partir de qué punto la gente ya no tiene agua, drenaje o si quiere servicio de luz, y tiene que conseguirlo por otros medios”, comentó Cano Bustamante.
Techo es internacionalmente conocido por su apoyo en la construcción de viviendas de emergencia que tienen un tiempo de vida de 15 años. Estas casas son construidas por las comunidades, con ayuda de los voluntarios de la organización, que suman ya 50 mil.
Desde 2007, año en que la organización llegó a México, han construido 4 mil 014 viviendas de este tipo.
Su modelo de trabajo aboga porque las comunidades sean las que participen y se comprometan con mejorar sus condiciones actuales de vida y no recurren al modelo asistencialista.
Como lo relata Enrique Cano, la organización es muy bien recibida en las comunidades, a pesar de que ha observado que la gente está acostumbrada a que cada tres años llegan candidatos de todos los colores y hacen promesas o les regalan cosas.
Techo desarrollo programas que puedan generar cambios en la comunidad y la gente empieza a trabajar, “nos damos cuenta que quienes habitan ahí trabajan tanto como nosotros. Tenemos el mito o la creencia de que ‘el pobre es pobre porque quiere’, pero ahí es donde nos damos cuenta que ese es un error gravísimo. Tanto trabajan y sudan ellos como nosotros. Las comunidades siempre tienen ganas de trabajar y de vivir mejor para ellos y sobre todo para sus hijos […] Tenemos programas de construcción de vivienda de emergencia, de educación, salud, asistencia jurídica, de oficios, medio ambientales y de alimentación. La gente es quien los gestiona y así Techo y sus voluntarios se hacen a un lado. Son los líderes y vecinos quienes continúan el desarrollo”.
Este modo de trabajo se ha convertido también en una denuncia, ya que demuestran que los programas sociales que impulsan el desarrollo productivo de las comunidades son los que generan resultados.
“Queremos que los asentamientos sean escuchados y cualquier política social debe tomar en cuenta a las personas. Ya está caducado ese modelo asistencialista y se tiene que pasar a programas integrales de ciudadanía, que los propios ciudadanos diseñen y participen en el cambio porque la gente está cansada de sólo estirar la mano. Los programas de asistencia condicionada como PROSPERA llevan 30 años y el único cambio ha sido el nombre. Sería momento en que se viera reflejado en la cifra de pobreza, pero no. Con nuestro modelo denunciamos y decimos que hay una opción, que aunque no salva al mundo, pero es una con la que se puede trabajar”, planteó Cano Bustamante.
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