||| INICIO DE SERIE |||
Dos crisis marcaron el año que concluye: la de derechos humanos y la de falta de credibilidad en las instituciones políticas. Ambas pusieron en riesgo los comicios del 7 de junio cuando la sociedad se cuestionó sobre la conveniencia de votar o no. Tras esa experiencia, el electorado ya no es el mismo. Su rostro quedó tan fragmentado que las miradas expertas advierten que ningún partido tradicional goza de ventajas. Respecto a la tragedia de Ayotzinapa –eje de la fractura social y política– diciembre trajo renovadas esperanzas. Pulverizada “la verdad histórica”, el Gobierno se propone nuevas líneas de investigación mientras el GIEI tiene un plazo de seis meses para encontrar a los estudiantes. Así amanecerá México en 2016, el año en el que el Gobierno de Enrique Peña Nieto empezará a escribir su segunda y última etapa.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– En enero pasado, en su mensaje a la Nación, el Presidente Enrique Peña Nieto no usó un tono de algarabía por el Año Nuevo. “2014 fue un año muy difícil para México”, reconoció un Mandatario serio, muy alejado del regocijo.
Prosiguió: “La violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país. Sentimos dolor, indignación y coraje. Se hizo presente una legítima demanda de justicia. También se hicieron cuestionamientos y exigencia de mayor transparencia. Tanto lo bueno como lo malo de 2014 nos dejaron una lección: México no puede seguir igual. El país debe seguir cambiando para bien”.
Al cerrar el año, aquellas palabras se han diluido. El reconocimiento por parte del Gobierno a la demanda de justicia no fue contundente y en el ámbito de la Transparencia, el país no sólo se estancó; sino que retrocedió, coinciden analistas políticos.
2015 también fue un año lleno de complicaciones con una temática que transcurrió entre dos crisis: una en los derechos humanos y la otra en la falta de credibilidad en la clase política, reflejada en la convocatoria al voto nulo en las elecciones del 7 de junio.
Hay algo que sí se modificó en el año que concluye. El rostro del electorado es muy diferente después de los comicios del 7 de junio. Los 83.5 millones de mexicanos inscritos en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) demostraron una fragmentación como nunca antes. Nicolás Loza Otero, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dice que de ahora en adelante, los partidos tradicionales ya no concentrarán la votación y la preferencia tendrá que ser observada en los pedazos de un panorama cada vez más diverso.
La tragedia de Ayotzinapa no dejó de agobiar en tanto que se convertía en un rompecabezas con muchas piezas que no embonaban y otras que fueron fabricadas con el aparente afán de originar confusión. En enero, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que ya conocía la “verdad histórica” de lo que había ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos. Según peritajes y declaración de testigos detenidos, los estudiantes habrían sido incinerados por el Cártel Guerreros Unidos. Con esta versión por lo alto, el Procurador sugirió cerrar la investigación.
Pero los padres de los desaparecidos no le creyeron. Y en febrero, en conferencia de prensa, le respondieron: “Hoy más que nunca tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos”. Su petición de prolongar la investigación llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envió a un grupo de peritos a Cocula (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entonces, la verdad pronunciada por los labios de Murillo Karam, se hizo añicos, palabra por palabra. En resumen, los expertos indicaron que la versión del incendio multitudinario era inverosímil.
Jesús Murillo Karam fue removido de su cargo en febrero y puesto a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) de donde se fue en agosto, sustituido por Rosario Robles Berlanga.
El 7 de diciembre, la “verdad histórica” sufrió el tiro de gracia cuando los expertos del GIEI informaron que no hubo incendio en Cocula.
Pero no sólo fue el inquietante recuerdo de Ayotzinapa lo que llenó la agenda de la defensa de los derechos humanos en México. El 6 de enero, policías federales irrumpieron en el centro de Apatzingán y dispararon en contra de civiles. Hubo 16 muertos y decenas de heridos. Alfredo Castillo Cervantes, entonces comisionado federal de Seguridad en el estado y ahora director de la Comisión Nacional del Deporte, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.
Y luego, el 23 de mayo, 43 personas cayeron masacradas en Tanhuato, en la misma entidad. La versión de la PGR es que eran presuntos miembros del Cártel Nueva Generación y se enfrentaron con elementos de la Policía Federal.
“La atención a la demanda de justicia no fue contundente por parte del Gobierno. Quizá las ejecuciones extrajudiciales ocurridas este año no tuvieron el ingrediente político de Aytozinapa, en la medida en que fueron en contra de presuntos delincuentes, pero lo mismo se violaron los derechos humanos”, expone Loza Otero, de la Flacso.
El sistema de justicia está contra la pared debido al subterfugio de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán, ocurrido en julio. Mientras las instituciones se debilitaron, la leyenda se agigantó. El narco sinaloense volvió a convertirse en “el ser más buscado del planeta”. Ansioso por ganar credibilidad, el Gobierno salió en su búsqueda y lo ubicó en el Valle de El Fuerte, en Sinaloa, y días después, en La Piedrosa, en Durango, en la Sierra Madre Occidental. La misma PGR filtró a los medios informativos que está herido y que se volvió a perder en la inmensidad de la sierra, entre barrancas y montañas.
Con todo, 2015 no se destacó por la mejora económica y el panorama se ve oscuro para el año por arrancar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el pronóstico de crecimiento de 3.0 a 2.4 por ciento para el 2015, y de 3.3 a 3.0 por ciento para el 2016. Es un ajuste de 20 por ciento tan significativo que implica un recorte presupuestal a nivel federal.
Las miradas están puestas en la Reforma Energética que no detonó como marcaba la expectativa. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, dijo que durante la Ronda Uno habría un porcentaje de adjudicación de entre el 40 y 50 por ciento. Pero, efectuada en julio, la ronda sólo otorgó el 14.28 por ciento de los bloques petroleros ofertados. La adjudicación fue para un solo consorcio, Sierra Oil & Gas.
¿Cuál es la esperanza para 2016? Guillermina Baena Paz, coordinadora de un equipo de Prospectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) piensa que para modificar la crisis de credibilidad emanada de las instituciones mexicanas, es indispensable la resolución de la tragedia de Ayotzinapa, emblema de la fractura social y política del país.
Si ello es clave, hay nuevas esperanzas. El 1 de diciembre –el día en que Peña Nieto cumplió tres años como Presidente-, familiares de los 43 retiraron el plantón que habían mantenido desde el 26 de noviembre en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos. Con la Procuradora Arely Gómez se concretaron acuerdos. La búsqueda se reiniciará con nuevas líneas de investigación en 2016. Mientras, los expertos del GIEI tienen como meta dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, en los próximos seis meses.
LOS TEMAS DEL AÑO
DERECHOS HUMANOS: LA NEGADA CRISIS
Durante el año, varios organismos como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), coincidieron en una visión sobre México: hay una crisis de derechos humanos y el Gobierno ha respondido como si no existiera. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, dijo en una conferencia de prensa que el Gobierno no negaba la problemática, pero el informe de la CIDH (por ejemplo) se había elaborado en pocos días.
Pero la realidad continúa, campante. En estos momentos, en México se desconoce el paradero de 26 mil personas. Hay miles de mujeres y niñas que son víctimas de delitos sexuales y feminicidio. Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y Aytozinapa son laberintos porque no encuentran esclarecimiento. Estos datos le parecieron muy graves al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein porque este país no se encuentra en conflicto. La CIDH resumió, a su vez, a México en una situación extrema de seguridad y violencia. El Secretario General de Amnistía Internacional (AI), Salil Shelty, no ocultó su decepción por los “pasos muy pequeños” que ha dado la actual administración federal para atender recomendaciones que la organización le hizo en 2014 al Gobierno peñista para superar la crisis crónica que el país arrastraba.
CORRUPCIÓN: EL ETERNO CÁNCER
Pareciera ser el cáncer que llegó para quedarse. México no ha superado las calificaciones reprobatorias en los niveles de corrupción en los indicadores internacionales durante la última década. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional le da un promedio de entre 3.3 y 3.7 por ciento.
En mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAP), un ordenamiento de 216 artículos que añadió como sujetos obligados a los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad.
Pero a casi tres años de tomar posesión, el Primer Mandatario no ha cumplido con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el primer compromiso de su lista firmada ante Notario Público en campaña. Y pese al impulso de la LGTAP, la nueva Legislatura debe aprobar la transformación de la SFP en Comisión Nacional Anticorrupción, conforme a la reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.
Los resultados que brindó Virgilio Andrade sobre el episodio conocido como “La Casa Blanca” hundieron la expectativa de un órgano independiente y autónomo, según especialistas como Alejandro González y Ernesto Gómez Magaña de las organizaciones no gubernamentales, Gestión Social y Contraloría Ciudadana.
En este paisaje, a través de grabaciones anónimas e ilegales, fue dada a conocer la historia de OHL México, unidad de la española Obrascón Huarte Lain. Una serie de audios intervenidos de manera ilegal reveló que varios directivos de la constructora incurrieron en supuestos sobornos a jueces, magistrados y al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Apolinar Mena.
No fue el único escándalo del año. En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a cibicer que investigaba al Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, por presunto lavado de dinero de hasta 3.3 millones de dólares. También, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua se encuentra una denuncia en contra de César Duarte, mandatario de Chihuahua, dado que al lado de su esposa, Bertha Gómez Fong, creó un fideicomiso – el 744743- ante el Banco Mercantil del Norte con recursos del Gobierno del Estado. De ahí, usó 65 millones de pesos para convertirse en el socio mayoritario de un banco, el Unión Progreso.
SEGURIDAD: EL SILENCIO
Este año, la paz no se alcanzó en México. El país se quedó en la posición 144 de 162 países que carecen de este elemento vital en el indicador internacional del Instituto para la Economía y la Paz. El año pasado, estaba en el 138. Subió porque la tasa de impunidad en muertes dolosas empeoró en 24 de las 32 entidades. En Chihuahua, Morelos y Guerrero llegó al 89 por ciento.
Con 95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, México se convirtió en el país con la tasa más alta de mortalidad infantil y adolescente, de acuerdo con el mapa de la violencia 2015 que el sociólogo y educador Julio Jacobo Waiselfisz produce desde 1998.
Visto así, México es un mapa de la muerte.
Descarrilado su Gobierno por la desaparición forzada de los 43 normalistas, en diciembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de diez puntos para cimentar el Estado de Derecho.
Para expertos en este ámbito, estas medidas anunciadas sólo develaron la falta de política pública en materia de seguridad. Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), piensa que si el Presidente guardaba silencio respecto a la Seguridad era porque intentaba desvincularse por completo de la estrategia calderonista. Pero ahora, ese plan de 10 tácticas, lo vincula de manera estrecha con ese pasado con el que deseaba romper. Durante el año, el plan no fue cumplido. Con excepción de un operativo en Guerrero, el resto del decálogo fue postergado.
En tanto, los recuentos independientes revelan que la matanza en México continúa. En todos los gremios y territorios. En el año que concluye fueron asesinados alcaldes, informadores y activistas. El fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Dominique Vera se encontraron entre cinco cadáveres en un departamento de la colonia Narvarte del Distrito Federal la tarde del sábado 1 de agosto. Rubén y Nadia habían denunciado persecución política por parte del Gobierno de Javier Duarte Ochoa, de Veracruz.
Las preguntas siguen latiendo: ¿Por qué Enrique Peña Nieto no habla de los muertos? ¿Por qué habló tan poco de Rubén y Nadia? La política de silencio que decidió tener desde el principio de su Gobierno continúa inquebrantable. Al investigador de Seguridad Nacional, Pablo Monzalvo, de la Universidad Iberoamericana le parece que ello se debe a que el Presidente aún no cuenta con una base de datos confiable al respecto.
AYOTZINAPA: LA TERCA MEMORIA
Antes de la desaparición de sus 43 estudiantes, la Normal de Ayotzinapa era un terreno de siete hectáreas, olvidado por todos, entre las montañas de Guerrero. De hecho, el Gobierno Federal tenía el plan de aniquilarla, como deseaba aniquilar a las otras 15 escuelas normales rurales que sobrevivieron al descuido de todos los gobiernos durante sexenios. Pero la desaparición de los normalistas en Iguala modificó los planes del Gobierno.
La Ley General del Servicio Profesional Docente –parte de la Reforma Educativa de Peña Nieto– planteó su extinción paulatina a través de dos claves: la falta de plazas justificada en poca población en edad de primaria en las áreas rurales y el ahogo financiero. Así fue que a la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, no le llegó ni una palabra de los análisis del nuevo orden de la Educación que se propuso el gobierno peñista; tampoco un peso, un centavo, nada de nada. Ni de lo ejercido, ni del sobrante.
Durante 2015, Ayotzinapa estuvo en la agenda nacional de manera inamovible. Pese al intento del Procurador Jesús Murillo Karam de sepultar el asunto, la búsqueda de los desaparecidos ha continuado de una manera tan férrea que mantiene descarriladas a las instancias gubernamentales al grado que se han comprometido a abrir nuevas líneas de investigación. Durante 2016, todo volverá a empezar.
LA VERDAD HISTÓRICA: EL FRACASO
La discusión sobre qué ocurrió la maldita noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, enfrentó al Gobierno Federal con un grupo de peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Que los 43 cuerpos de los estudiantes normalistas fueron apilados y luego quemados en una inmensa fogata en el basurero de Cocula, Guerrero, fue el informe que dio el ex Procurador Jesús Murillo Karam ante los padres que los buscan por todos lados, en enero de 2015. Seis meses después, las palabras del hombre de la justicia en México se habían derrumbado. Una por una.
Cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron un informe que refutó tal verdad. Resultaba imposible que los normalistas hubieran sido incinerados, como lo estableció el Gobierno Federal.
El GIEI aportó por lo menos dos nuevas líneas de investigación. Una de ellas fue un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas.
FEMINICIDIOS: EVASIÓN DEL ESTIGMA
Por fin, el pasado 28 de julio, la Alerta de Violencia de Género fue declarada en 11 municipios del Estado de México después de una solicitud del Gobernador Eruviel Ávila. Luego, en agosto, en ocho municipios de Morelos se instaló el mismo instrumento.
La Alerta de Violencia de Género es una figura jurídica regida por el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
Los gobiernos estatales se habían resistido al mecanismo por un temor a la estigmatización y la mala fama, según especialistas. Sobre todo, el Estado de México, donde ningún observatorio niega la alta incidencia de asesinatos de mujeres. Según las cifras del Observatorio del Feminicidio, hubo tres mil casos en esa demarcación en 2012, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto.
Ese mismo año, un reporte de la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos expuso que entre 2005 y 2007, 551 cadáveres de mujer –muy maltratados– fueron encontrados en la vía pública. Reposaban en centros comerciales, hoteles, calles, avenidas y carreteras de la zona conurbada entre el Estado de México y el Distrito Federal.
El 4 de julio de 2013, cuando Eruviel Ávila participó en la sesión de trabajo del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se volvió a negar la alerta. El Mandatario mexiquense sorprendió con su determinación al grado que puso el tema en la palestra. Un mes después, la Secretaría de Gobernación instaló la alerta en ocho municipios de Morelos después de una solicitud del Senado de la República.
LA MARIHUANA: ¿QUÉ PASARÁ?
El amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre a cuatro personas para que puedan consumir marihuana con fines recreativos generó un debate nacional sobre si debe o no legalizarse el uso de la planta.
Son tres los ejes del debate. ¿Debe retirarse la prohibición para que ahora, cada persona pueda decidir si quiere o no consumirla? ¿El consumo de marihuana causa daños a la salud? ¿Será más efectivo el combate al crimen organizado una vez que se legalice esta droga?
El Presidente Enrique Peña Nieto fue muy claro respecto al asunto y se declaró en contra de la legalización y en diciembre anunció el lanzamiento de un debate público sobre el tema. En esa alocución, Peña Nieto sugirió que el debate informal sobre el uso de la marihuana ha confundido incluso a sus propios hijos.
El Mandatario reveló que uno de ellos le había preguntado si ya podía fumar marihuana frente a él. El Presidente le respondió que no se confundiera.
“No estoy en favor del consumo ni de la legalización de la marihuana”, expresó Peña Nieto. Y no lo estoy porque se ha acreditado, se ha evidenciado que el consumo de esta sustancia es nocivo, es dañino para el desarrollo de la juventud, de la niñez”.
LA SEGUNDA FUGA DEL CHAPO: EL RIDÍCULO
Entre la maraña de lo increíble, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo”, se fugó por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad. Al Gobierno de Enrique Peña Nieto que lo había atrapado en febrero de 2014 lo puso en jaque. El hombre se fue por un túnel de 1.5 kilómetros, construido desde la cárcel que ostenta el grado de “máxima seguridad”.
Una vez libre, “El Chapo” volvió a burlar el cerco que para su persecución instalaron elementos de la Secretaría de la Marina en lo que se denomina “Triángulo Dorado”. Este diciembre, herido de la cara y una pierna, ha vuelto a perderse en la inmensidad de las montañas.
Especialistas como Martín Barrón del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y Erubiel Tirado de la Universidad Iberoamericana (UIA) coinciden en que los aliados del hombre más buscado del mundo son la negligencia, corrupción y el endeble sistema de seguridad. La leyenda se agiganta.
LA POBREZA: LA IMPARABLE CURVA
La pesadilla se cumplió. En México hay dos millones más de pobres que en 2012, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto. El crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos a 55.3 millones en 2014, lo que representa 46.2 por ciento del total nacional, reconoció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este panorama lo advirtieron expertos en pobreza desde que se inició en 2013 la Cruzada Nacional contra el Hambre. El error que le marcaban era la focalización en el sector de la pobreza extrema y la exclusión de quienes ostentan el grado de pobreza moderada.
Pese a las cifras oficiales, el Gobierno mexicano no anunció medidas de contención y tampoco rindió cuentas sobre el desempeño de los programas. En agosto, Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) fue sustituida por José Antonio Meade, sin dejar claro qué pasó.
LOS INDEPENDIENTES: ¿SALUD DE LA POLÍTICA?
La figura de los independientes, aprobada en la reforma política promulgada en 2013, cobró importancia en los comicios intermedios. Cinco de 125 personajes lograron triunfar en sus respectivas contiendas. Jaime Rodríguez “El Bronco” se convirtió en Gobernador de Nuevo León; Alfonso Martínez Alcázar ganó la presidencia de Morelia, Michoacán; José Alberto Méndez Pérez se convirtió en alcalde de Comonfort, Guanajuato; Manuel Clouthier Carrillo es hoy diputado federal por Sinaloa y Pedro Kumamoto Aguilar lo logró en una legislatura por el distrito 10 de Zapopan, Jalisco.
De ellos, el más mediático fue “El Bronco” quien ha sostenido: “Si la gente se enterca, me lanzaré (EN 2018)”.
Estos cinco triunfos abrieron la puerta para que otros ciudadanos puedan competir por un puesto de elección popular sin apoyo de los partidos políticos que enfrentan una crisis de confianza histórica. Las encuestas no les dan más de 20 por ciento de credibilidad después de la tragedia de Ayotzinapa. Ninguno hizo ningún compromiso ante el fatídico evento que descarriló a las instituciones y a la misma figura presidencial.
11. LAS ELECCIONES DE JUNIO: EL DESTINO
El 7 de junio, 83.5 millones de mexicanos registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron llamados a votar por dos mil 179 cargos públicos, entre ellos, diputados, congresistas locales, gobernadores, presidentes municipales y delegados. Fue la primera cita en las urnas tras la reforma electoral de 2013 y el indicador para definir de qué manera se desarrollará el resto del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y la evaluación de la sociedad de las reformas estructurales.
El fastidio con la clase política fue evidente en los meses previos. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos y algunas asociaciones civiles llamaron al voto nulo, otros sectores convocaron a no votar. Al final, los partidos enfrentaron una drástica caída en las preferencias generales.
Durante las campañas, iniciadas el 5 de abril, los comicios ocuparon gran parte de la agenda. La violencia durante el proceso se instaló como reflejo del binomio crimen organizado-poder político que muchos observadores señalan en México. 22 asesinados de candidatos, precandidatos y coordinadores de campaña ocurrieron sin que hasta ahora haya luces de las causas. Dos de los casos más sonados fueron los de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal en el Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el de Israel Hernández Fabela, coordinador de campaña de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local por el DF.
12. FAMILIA PRESIDENCIAL: EL FRACASO DEL BINOMIO POLÍTICO-ACTRIZ
El viernes 25 de abril, el sitio digital de la Presidencia de la República retiró la imagen y biografía de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado. Veinticuatro horas después, las revistas del corazón reproducían imágenes de la boda entre la cantante y actriz Anahí Puente Portilla y el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Al enlace, que se había anunciado majestuoso, asistieron sólo 100 invitados.
Para expertos en Mercadotecnia Política estos hechos significaron algo más que el simple rediseño de una página oficial en Internet o una ceremonia diseñada como espectáculo. La pareja alfa, la hechura deliberada de una relación entre un político y una actriz para atraer credibilidad y aceptación al ejercicio público, se vio en crisis.
Durante el año, la aprobación de los ciudadanos hacia el Primer Mandatario no despuntó más allá del 39 por ciento. En cuanto a Angélica Rivera, el 70 por ciento de un grupo de encuestados no confía en ella.
En el preámbulo de la boda del Gobernador de Chiapas, conductores de programas de espectáculos opinaron que el país había cambiado y esa era la explicación de “la discreta boda de Anahí, muy diferente a la de Angélica Rivera”.
En julio, la pareja que habita Los Pinos dio señales de vivir una crisis. La de ellos mismos. Frente a las cámaras, se propinaron desplantes y rechazo. Primero en México, cuando recibieron a los reyes de España; luego en Francia, durante una gira de Estado. El romance, si es que lo hubo, parecía acabado. Los observadores vieron un discurso corporal que indicaba más encono que amor. Ello se sumó a que en abril, Angélica Rivera, fue captada de compras en Beverly Hills, California, acompañada por guardias del Estado Mayor Presidencial.
