Javier Duarte de Ochoa presentó ante el Congreso de Veracruz, por medio de un tercero, una solicitud de licencia para dejar el cargo como Gobernador, a 48 días de concluir su mandato. Desde los primeros meses, la administración del priista fue un caos. Fue señalado por ciudadanos, ONGs nacionales y extranjeras, y un puñado de medios de comunicación que se atrevieron a denunciar sus acciones y omisiones.
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Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a través del encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shaadi, envió al Congreso estatal el escrito donde solicita licencia para la separación del cargo con carácter de definitivo.
La presidenta del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, recibió el documento.
A través de su cuenta de Twitter, el político veracruzano, difundió una copia del escrito que le hizo llegar a la legislatura:
El día de hoy solicité a la @LegisVer licencia para separarme del cargo de Gobernador. pic.twitter.com/fchvZU3kzn
— Javier Duarte (@Javier_Duarte) 12 de octubre de 2016
Por la mañana, Duarte adelantó en una entrevista con Televisa que solicitaría licencia a su cargo, a fin de atender las denuncias presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
“El día de hoy voy a solicitar licencia al Congreso del Estado para dejar el cargo. Veracruz necesita un Gobernador de tiempo completo y no puedo estar atendiendo las denuncias [por desvío de recursos en su contra] si estoy en el cargo. Necesito el tiempo para atenderlas, ya es tiempo para dar la cara”, dijo Duarte en entrevista con Carlos Loret de Mola, a 48 días de concluir su mandato.
El Gobernador aseguró que nadie le pidió que dejara el cargo, dijo que fue “una decisión personal”.
Duarte de Ochoa negó que quiera huir de Veracruz y señaló que se quedará en el estado hasta concluir las investigaciones en su contra.
“Me quedo en Veracruz. No es un tema de huir, es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política”, dijo.
El priista negó que su administración haya incurrido en actos ilícitos.
“Es irrisorio decir que me robé 35 mil millones de pesos. No tengo cuentas en el extranjero. En paraísos fiscales”, dijo en el programa “Despierta”.
“No he hecho nada de lo cual me pueda sentir avergonzado, que me pueda sentir temeroso. No tengo absolutamente ningún tema que ocultar”, agregó el ejecutivo estatal.
El Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que el anuncio de Duarte sobre su solicitud de licencia es para “lavarse las manos” del problema que existe en el estado.
“Hoy escuché a una persona que quiso lavarse las manos. Les pido a todos los que me escuchan que tengan paciencia, mostraré como es falso que es (Duarte)”, puntualizó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El panista anunció que meterá a Javier Duarte a la cárcel y anunció que entrando al Gobierno presentará información que hará cimbrar al país.
“He recado información contra Duarte y su administración que hará cimbrar al país”, aseguró.
Más tarde, en conferencia de prensa, el panista prometió llevar a Javier Duarte a prisión. Reiteró que los documentos que tiene en su poder servirán para proceder en su contra el mes de diciembre.
“La información que tengo hará cimbrar al país. Daré a conocer hasta dónde llegó Duarte. Trabajando, investigando, cruzando datos, haciendo uso de experiencia a través de contactos, viajes, recopilamos informaron total que será sustantiva para proceder contra Duarte en diciembre”, aseguró.
Desde los primeros meses, la administración de Javier Duarte fue un caos. Fue señalado por ciudadanos, ONGs nacionales y extranjeras, y un puñado de medios de comunicación que se atrevieron a denunciar sus acciones y omisiones.
Hoy Duarte solicitará licencia, a poco más de un mes de concluir su mandato y cuando el tricolor le ha dado la espalda y la Procuraduría General de la República (PGR) lo investiga a él y a sus cercanos.
Por si fuera poco fue la causa de que el Revolucionario Institucional sufriera una dolorosa derrota en un estado que le aporta millones de votos, por primera vez en 80 años cedió el poder al Partido Acción Nacional (PAN).
A fin de mes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que al menos 10 servidores públicos del Gobierno de Duarte estaban involucrados con la creación y pagos a empresas fantasma en la entidad, mismas que presentan irregularidades fiscales.
En un reporte sobre el avance de las investigaciones, el fisco detalló que se identificaron a 34 contribuyentes –33 personas morales y una física– que están relacionados con esas empresas fantasma.
Sobre los prestanombres, y empresas fantasma, Duarte dijo que no hay manera de comprobarlo y que no existe algo que pueda vincularlo.
“No tengo cuentas, no tenga ninguna propiedad en el extranjero, tan es así que no hay manera de comprobarlo”, apuntó en entrevista con Loret.
También acusó al Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares de ser un personaje “corrupto y descarado” porque ni siquiera usa prestanombres para sus propiedades. “Es como aquel ratero que sale gritando ahí está el ladrón”, dijo Duarte.
Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, tras una polémica y cuestionada elección, el 1 de diciembre de 2010 a la edad de 37 años. Es miembro de “la nueva generación del priismo que marcaría el rumbo de México”, según las palabras del propio Presidente Enrique Peña Nieto, quien todavía hace tres años lo respaldaba y lo ponía como ejemplo ante el resto de los gobernadores.
La amistad se fracturó este año, luego de que el SAT iniciara una investigación en su contra, misma que recientemente atrajo la PGR.
Tras ser electo como Gobernador, Javier Duarte fue acusado de incurrir en actos anticipados de campaña. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Ese sólo fue el inicio de una serie de irregularidades que se cometerían durante la administración duartista, y a pesar de todos los señalamientos en su contra no fue sino hasta el pasado 26 de septiembre que la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió suspender los derechos político-partidistas del mandatario veracruzano.
A 48 días de concluir su mandato y con la solicitud de licencia, el legado que Duarte de Ochoa deja en Veracruz está marcado, como ya se alertaba desde los primeros meses de su administración, por la violencia, inseguridad, pobreza y represión.
LA VIOLENCIA CON DUARTE
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Durante el sexenio de Javier Duarte se volvió imposible caminar por las calles o el malecón durante las madrugadas, ir a centros nocturnos o mínimo ir a comprar a alguna tienda después de las 12 de la noche, de acuerdo con reportes de medios locales.
Las avenidas se inundaron de convoyes de patrullas de la Policía Estatal y la Marina, los helicópteros sobrevolaban la ciudad a baja altura, las balaceras se volvieron parte del eco de la noche. Las “leyendas urbanas” que contaban cómo los narcotraficantes ingresaban a los antros, cerraban las puertas y se llevaban mujeres, dejaron de ser ficción cuando las desapariciones de jóvenes se volvieron una realidad difícil de digerir.
Incluso, en uno de los hechos más inverosímiles, en septiembre del 2011, los delincuentes dejaron —con la parsimonia de quien no tiene nada de qué preocuparse— 40 cuerpos frente a la plaza comercial más visitada, mientras que al mismo tiempo Reynaldo Escobar, entonces Procurador de Justicia de Veracruz, daba una conferencia en el World Trade Center, a tan sólo unos pasos.
El caso más reciente es de los cuatro jóvenes de Boca del Río, quienes desaparecieron el 29 de septiembre y sus restos encontrados el pasado viernes dentro de bolsas y con signos de tortura.
La indignación por el asesinato de los estudiantes, sacó a los veracruzanos a las calles para exigirle a Duarte justicia por la muerte de Génesis Urrutia Ramírez, Leobardo Arroyo y Octavio García.
El Colectivo Solecito expresó su “repudio” ante los crímenes cometidos contra los jóvenes estudiantes en el estado y exigió a las autoridades esclarecer de manera pronta y clara los crímenes.
“Con profundo pesar e indescriptible indignación este colectivo de madres de personas desaparecidas desea hacer del conocimiento de toda la ciudadanía del estado de Veracruz su repudio absoluto ante los crímenes cometidos contra los jóvenes estudiantes: Génesis Deyanira Urrutia R., Leobardo Arroyo Arano y Octavio García Baruch”, expresó el colectivo en un comunicado.
Destacó que este crimen lacera de nueva cuenta a la población joven, positiva y prometedora de Veracruz.
“Es inaceptable que en Veracruz ser joven sea una sentencia de desaparición o muerte. Es inaceptable que las autoridades no puedan garantizar la seguridad de los jóvenes y sólo se concreten a observar pasivamente mientras los delincuentes y los mandos delincuenciales diezman la población juvenil”, puntualizó.
En la zona donde desaparecieron los jóvenes hay nueve cámaras de seguridad y aunque los denunciantes han solicitado copia de los videos de vigilancia, sólo se obtuvo una cinta en la que, por su ubicación, no se logra ver nada. Las autoridades ni siquiera han podido determinar el número económico del taxi en el que se perpetró el delito.
Hoy, Veracruz es el sexto estado más violento a nivel nacional. Hasta agosto de este año, la entidad sumaba 716 homicidios violentos y 78 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, organizaciones civiles y familiares de las víctimas directas por la violencia en Veracruz hablan de al menos 30 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con decenas de restos humanos.
Los Zetas se instalaron en Veracruz desde 2005, sin embargo, la violencia se desató en 2010 tras su ruptura con el Cártel del Golfo y los enfrentamientos con los Caballeros Templarios y con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que, según un testimonio que un ex líder Zeta dio a VICE News, el Gobierno del estado le permite traficar y operar como mejor le convenga, aunque de eso dependa la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un mapa con la nueva distribución de los cárteles en México, colocando al CJNG como los dueños del centro de Veracruz.
La presencia de los grupos criminales en el estado, los “levantones”, ejecuciones, violaciones, extorsiones y las fosas clandestinas eran un secreto a voces que resonó en enero de este año, cuando policías estatales de Tierra Blanca interceptaron a cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, y los entregaron a sicarios, quienes, según declaraciones de los implicados, ejecutaron a las víctimas, las incineraron y arrojaron sus cenizas a un riachuelo.
POBREZA Y DEUDA
En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que Veracruz es el tercer estado con mayor índice de pobreza. Cuatro millones 634 mil 200 personas viven en situación de pobreza, es decir, el 58 por ciento de su población, colocándose por encima de la media nacional.
En el primer año de su gobierno, cuando el 62 por ciento de la población veracruzana percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar, Javier Duarte prometió que reduciría el 50 por ciento de la pobreza. Actualmente, seis de cada 10 veracruzanos vive en condiciones de pobreza extrema.
La deuda que Javier Duarte dejará en su estado asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil millones de pesos. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
La administración de Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados, sin embargo, la investigación es reciente y pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco en el que estarían involucrados al menos 29 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos que ya sin indagados por la PGR.
REPRESIÓN A PERIODISTAS
El Gobierno de Javier Duarte se ha caracterizado por la represión en contra de activistas y comunicadores, a quienes en repetidas ocasiones, con una sonrisa en el rostro, les pidió “portarse bien”, pues había quienes “andaban en malos pasos” y él ya “sabía quiénes eran”.
Los primeros actos de represión que ejecutó el Gobierno de Javier Duarte fueron para agradar y defender al Presidente, como en marzo de 2014, cuando seis activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos por colocar frente al Palacio de Gobierno del estado una manta gigantesca con la imagen de Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, en protesta por la Reforma Energética.
El hombre que en los últimos meses perdió más de 34 kilos, según él por instrucciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es señalado también de ser quien posiblemente ordenó el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien salió huyendo de Veracruz tras ser amenazado de muerte, misma que encontró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, también fueron brutalmente asesinadas.
En lo que va de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados, tres de ellos salieron de Veracruz y fueron ejecutados en Oaxaca y la Ciudad de México, y sólo Pedro Tamayo, acribillado en julio pasado afuera de su domicilio en Poza Rica, tenía medidas cautelares de protección en el ámbito local.
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