Ciudad de México, 12 de octubre (Noroeste/SinEmbargo).– La muerte de Atilano Román, líder de los comuneros de la Presa Picachos en Sinaloa, es un mensaje claro y directo contra la libertad de expresión, contra los activistas y contra las personas que resultan incómodas para el Gobierno, aseveró Óscar Loza Ochoa, activista y miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CDDH), organismo de la sociedad civil fundada hace 30 años.
Señaló que la serie de actos represivos contra activistas se ha acelerado de una manera lesiva que amenaza la integridad de los ciudadanos que buscan manifestarse.
Recordó que durante este año se ha tenido registro de acciones que van contra la libertad de expresión, como la muerte de la activista Sandra Luz Hernández el 12 de mayo, así como las agresiones a reporteros por elementos de la policía en las “chapomarchas” y el intento de imponer una serie de restricciones a la prensa en la cobertura de información de seguridad con la Ley Mordaza.
“Primero Sandra Luz y ahora él, creo que si vemos el contexto nacional que tampoco está muy para soltarnos aplaudiendo porque estamos en una situación muy difícil a nivel nacional y a nivel local pareciera que corresponde muy bien con esa situación crítica, difícil que hay a nivel nacional”, indicó.
El mensaje, dijo, es claro: se quiere tener controlado a un cierto sector de la población que expresa inconformidades sobre la administración actual, tal como ha sucedido en otros estados del País.
“Es un mensaje claro sin duda alguna, es una alerta, porque no ha bastado que los organismos internacionales como la ONU hayan planteado que se atiendan los reclamos que incluso están los de los relatores para los casos de activistas, para periodistas, no ha bastado que les digan que están pendientes”, manifestó.
Óscar Loza Ochoa advirtió que hechos recientes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que luchaban por una educación pública y gratuita, la detención de Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui en Sonora, la muerte de Sandra Luz Hernández en Culiacán, y ahora la de Atilano Román en Mazatlán, no son una señal buena para la lucha por un mejor Gobierno
EJECUTADOS Y PERSEGUIDOS
Octavio Atilano Román Tirado se convirtió en líder del movimiento de comuneros de la Presa Picachos en 2007, cuando el Gobierno estatal encabezado por Jesús Aguilar Padilla incumplió con los acuerdos a los que había llegado con los pobladores de las comunidades afectadas por la construcción del embalse para el pago de indemnizaciones.
Protestas, marchas y divisiones internas, además de acusaciones de que se había “aliado” con “interés oscuros”, fueron marcando el movimiento social que encabezó hasta ayer.
Lideró a más de mil habitantes de poblados como Copales, El Placer, San Marcos y Puerta de San Marcos, que buscaban indemnizaciones justas por sus tierras, corrales, árboles, pozos de agua, letrinas, devolución de cobros por avalúos, servicios y carreteras pavimentadas en los lugares de reubicación, construcción en réplica de viviendas afectadas, pago al daño de la tierra agrícola y ganadera, del valor de calles empedradas, iglesias, escuelas, hospitales.
También demandaban apoyos de becas a estudiantes, empadronamiento de adultos mayores de 60 años, así como garantizar el aprovechamiento de los recursos de la presa para los afectados.
En marzo de 2009 el movimiento sufrió el primer gran golpe al ser asesinados en la Maxipista Mazatlán-Culiacán seis comuneros, en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Debido a que el Gobierno estatal trató de criminalizarlos, Román Tirado se enfrascó en una guerra de declaraciones con autoridades estatales.
Meses después encabezaron una protesta en el Congreso del Estado, hasta donde llevaron los féretros de sus antepasados sepultados en los pueblos que fueron “comidos” por la Presa Picachos.
En septiembre de 2009 el activista social y actual representante de ejidatarios y comuneros afectados por la Supervía Mazatlán-Durango, Ernesto Pérez Virgen, lo acusó de malversar 10.5 millones de pesos en apoyos para los afectados, lo que Román Tirado rechazó.
En marzo de 2010, al cumplirse un año del asesinato de seis comuneros en la carretera de cuota, colocaron en el recinto lgislativo un ataúd alusivo a dichas muertes. El Gobierno ordenó el retiro de la caja mortuoria y el desalojo de los manifestantes, lo provocó una nueva tensión entre el movimiento social y las autoridades.
Ya en el Gobierno de Mario López Valdez, en 2011, otras acusaciones sobre malos manejos de recursos provocaron la división del grupo.
Incluso, se dio a conocer que Atilano Román se había realizado varias cirugías plásticas en el rostro, con recursos del movimiento.
Otro hecho que marcó el movimiento ocurrió a principios de abril de 2012, cuando por orden el Gobernador Mario López Valdez, la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez detuvo a más de 30 comuneros, incluidos Román Tirado, cuando marchaban de Mazatlán a Culiacán, donde pretendían plantarse para presionar al Estado el pago de indemnizaciones justas.
Malova justificó el arresto masivo en el delito de ataque a las vías generales de comunicación. Unos 20 días después todos los detenidos obtuvieron su libertad.
Días después, Román Tirado protagonizó otro escándalo, luego que se mostraran fotografías del cambio de su rostro tras realizarse una cirugía estética facial.
En febrero de 2013 de nueva cuenta la Policía Ministerial, esta vez sin orden de aprehensión, irrumpió en un domicilio donde se reunían los comuneros, encabezados por él y Alma Barraza, y los detuvieron. El motivo, intentar protestar en el primer desfile de Carnaval.
Con sus acciones se volvió incómodo para el poder político.
Recientemente encabezó protestas en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en donde exigió la otorgación de permisos para la pesca comercial de tilapia.
CRONOLOGÍA
DICIEMBRE 2005
Inician negociaciones entre gobiernos y desplazados por la presa para el pago de indemnizaciones
FEBRERO 2006
El Presidente Vicente Fox pone la primera piedra de la obra, con una inversión de mil 567 millones de pesos, y que formó parte del proyecto Baluarte-Picachos
Se ordena un fideicomiso de $250 millones para indemnizaciones a los afectados por la presa Picachos
MARZO 2009
Asesinan en la Maxipista Mazatlán-Culiacán a seis comuneros, en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva
JULIO 2009
Encabezan protesta en el Congreso del Estado con féretros de sus antepasados sepultados en los pueblos afectados por la Presa Picachos
ABRIL 2010
Colocan en el mismo recinto legislativo un ataúd, al cumplirse un año del assesinato de seis comuneros
ABRIL 2012
Policía Ministerial del Estado detiene a un grupo de comuneros que se desplazaban por las carreteras de cuota de Mazatlán a Culiacán, liderados por Atilano Román
Se da a conocer en medios que Atilano Román se realizó una cirugía estética en el rostro, presuntamente con recursos de la presa
FEBRERO 2013
Agentes ministeriales arrestan a Atilano Román Tirado y a la abogada Alma Barraza, junto con otros 30 comuneros, que trataban de manifestarse durante el primer desfile de Carnaval
