Ciertamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, declaró que él no enjuiciaría al todavía presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Lo dijo incluso antes de ganar la elección del 1 de julio de 2018.

Confirmó su precepto de evidente impunidad política cuando desde la oposición priísta, le orquestaron una campaña mediática por aquella declaración suya de otorgar amnistía a quienes, de alguna forma directa, hubiesen colaborado con el narcotráfico.

Entonces López Obrador se defendió diciendo que él no enjuiciaría a Peña Nieto, arengó: “El Presidente de la República, independientemente de actuar bajo la Constitución y las leyes, es un dirigente político, y políticamente les puedo decir que no va a haber persecución, no es mi fuerte la venganza, lo que estoy pensando es en acabar con la corrupción y la impunidad y ver adelante”.

Pero al mismo tiempo señaló: “Los más corruptos en México, los políticos corruptos del PRIAN, los de la mafia del poder. Entre más elevados, más corruptos, entonces qué es lo que andan buscando... allá ellos…”.

De ahí para adelante ese fue su discurso. No buscaba venganza, no perdería tiempo en investigar a los ex funcionarios tanto como en llevar a cabo su “cuarta transformación”.

Pero veamos, en México no se registrará un cambio tan profundo como el que se espera del próximo presidente, ni podrá arribar a la “cuarta transformación” si los corruptos de mantienen impunes. Si no se sienta el precedente de que quien robe, desvíe, desfalque, defraude, dineros del erario, será castigado de manera ejemplar y severa.

De hecho en uno de los puntos para el combate a la corrupción que presentó el propio López Obrador días después de haber ganado la elección presidencial, es bastante claro: “Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza”.

Luego entonces ¿Por qué negarse a declarar sus intenciones de castigar a los corruptos? Ojalá el hecho tenga que ver con la “transición de terciopelo” y querer mantener la calma entre los equipos de transición, el que está en el gobierno y el que tomará el gobierno a partir del 1 de diciembre de 2018.

Si el poder legislativo a propuesta del ejecutivo aprobará una iniciativa para incluir en el catálogo de delitos graves que ameritan la prisión preventiva, aquellos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, asociación de funcionarios para cometer fraudes, entonces varios funcionarios y ex funcionarios de la administración del licenciado Enrique Peña Nieto, deberían terminar en prisión.

Por ejemplo Emilio Lozoya Austin, quien fue director de petróleos mexicanos y encargado de área en la campaña de Peña a la presidencia de la República, posición desde la cual inició tratos –de acuerdo a declaraciones de ejecutivos de Odebrecht- con representantes de la compañía para aceptar sobornos a cambio de la asignación de obras. Para enjuiciar a Lozoya no hace falta mucho. Expedientes sobre el caso se encuentran en etapa avanzada, tanto en la procuraduría general de la república como en la fiscalía especial para la atención de delitos electorales.

Las investigaciones se encuentran congeladas por la actual administración, y por determinaciones de jueces que han concedido amparos a Lozoya para, a grandes rasgos, no ser investigado.

Y el día de ayer periodistas del diario capitalino Reforma le pusieron otra estocada a la carrera de Rosario Robles Berlanga, la aún secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano del gobierno federal, a quien ya la auditoría superior de la federación había señalado en trabajos de análisis de números oficiales, por el desvío de más de mil 700 millones de pesos, sin dejar de lado que las entidades en las que ha participado –antes estuvo al frente de la secretaría de desarrollo social- fueron parte de la llamada “estafa maestra”, un entramado de desvíos que sumaron más de siete mil millones de pesos.

Rosario Robles, antes perredista, ha contado con la simpatía, el aprecio y la protección del presidente Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial 2012 cuando decidió unirse al del Estado de México. Sucede hasta la fecha. A pesar de los señalamientos desde la auditoría superior de la federación de malos manejos en las dependencias que Robles ha encabezado, Peña la mantiene en el gabinete. Bueno, ya sabemos que el presidente no despide a nadie por corrupción, pero ante tres investigaciones, debería haber reaccionado de otra manera, por lo menos para cuidar las formas políticas de administración al final de su terrible sexenio, calificado como el de la corrupción como nunca antes vista.

La investigación del periódico Reforma, también basada en documentos de la auditoría superior de la federación, indica que siendo Robles titular de la secretaría de desarrollo social y posteriormente de la sagarpa, fueron asignados mil 900 millones de pesos para el pago de contratos adquiridos con empresas que prestaron algún servicio, sin embargo, 700 millones de pesos no llegaron a las empresas a las cuales estaba dirigido el recurso. Esos dineros terminaron en efectivo y en diez domicilios, lo cual sucedió entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017. Al modo, se establecieron contratos con empresas de comunicaciones y universidades para desviar el dinero de las dos secretarías.

Como en los casos anteriores de señalamientos a Robles, todo está documentado por la auditoría superior de la federación, no es pues una investigación periodística que haya utilizado documentos no oficiales, presunciones o información de fuentes anónimas, se basaron los periodistas en análisis, auditorías y documentos oficiales.

Robles por su parte acusó desinformación y difamación en su contra, y por supuesto pidió que se investigue “para que se deslinde o se castigue a cualquier responsable”. La ex perredista sigue contando con la confianza del todavía presidente.

Así como los casos de Lozoya o de Robles, en la presidencia de Enrique Peña Nieto brotan por todas las secretarías y sectores, y seguramente una vez que termine su periodo, cuando investigadores ajenos a la actual administración investiguen, aparecen más casos. Porque México requiere de ello, de tener autoridades que realmente instauren el estado de derecho, que investiguen, procesen y lleven ante un juez a los corruptos, México no está para el borrón y cuenta nueva. No está para condescendencia de una transición de terciopelo que puede llegar a la complicidad de actos de corrupción.

Si la siguiente administración federal no investiga a los funcionarios de Enrique Peña Nieto, a sus cercanos y al propio presidente, nada habrá cambiado en México; podrán tener sueldos menores, pocas canonjías, intentar gobernar con austeridad, pero la sombra de la corrupción encubierta estará presente.

Andrés Manuel López Obrador está obligado a cumplir en el combate a la corrupción, y así como modificará los delitos que ameriten prisión preventiva, llevar a la cárcel a los corruptos. Empezando por la actual administración, de la cual tanto se quejó y señaló antes y durante la campaña 2018.

Adela Navarro Bello

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