Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo/El Sur).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tienen facultades para interrogar a soldados del Ejército, y avaló la “decisión mexicana” de no permitir las entrevistas porque de lo contrario se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.
En una carta con fecha del jueves 10 de septiembre del 2015, dirigida al director de El Sur, firmada por el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, el general de brigada Diplomado Estado Mayor, Arturo Vallarta Tafolla, el documento con número de oficio 030443 titulado Impedimento legal para que el GIEI entreviste a personal militar, se refiere al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en tres ocasiones como “personas extranjeras”.
El pasado martes, durante la visita a la normal rural de Ayotzinapa de los expertos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristáin, éste precisó que el GIEI no busca un interrogatorio sino una plática con los militares porque obtuvieron información del expediente que dice que los soldados del Ejército vigilaron a los normalistas antes de llegar a la terminal de autobuses el 26 de septiembre, donde comenzó la persecución y los ataques que ocasionaron seis muertos, decenas de heridos y 43 desaparecidos.
El Ejército mexicano respondió que no se autorizaron las entrevistas del GIEI a los soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, que conocieron del ataque a los normalistas del 26 y 27 de septiembre del año pasado, porque se “excede” en sus funciones.
En el documento, el Ejército establece que “la decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se transgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”.
En la carta, el Ejército establece que el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, suscrito el 12 de noviembre de 2014 entre el Gobierno mexicano y la CIDH, se establecieron las atribuciones del GIEI “conformado en su totalidad por personas extranjeras”.
Indicó que las facultades del GIEI están “expresamente señaladas” y “consisten en actividades de análisis y de ser el caso, formular recomendaciones de las acciones a implementar, así como la posibilidad de tener acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, sin que ninguna parte del acuerdo establezca que dicho grupo podrá realizar entrevistas, interrogar, tomar declaraciones directamente a persona alguna o practicar diligencias”.
En la carta, el Ejército confirma que el GIEI solicitó que se le permitiera entrevistar a personal militar del 27 batallón de infantería, y sin especificar cuántos informa que los soldados “antes y después (de la solicitud del GIEI) acudieron a declarar al Ministerio Público”.
En la carta, el Ejército argumenta que una aprobación del Gobierno a la solicitud del GIEI “supondría una violación a la ley”.
“Los artículos 1, 16 y 21 de la Carta Magna, 2 y 73 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen la obligación de la autoridad de respetar, proteger, garantizar los Derechos Humanos y realizar solo aquellos actos que la ley expresamente le faculta, los cuales deben estar fundados y motivados debidamente, por lo que se puede apreciar que el planteamiento carece de fundamento legal”.
“En el Estado mexicano la investigación de los delitos compete al Ministerio Público y a las policías, sin que ninguna autoridad pueda autorizar, en esa investigación, a particulares entrevistas a los testigos, como sería el caso por este grupo de extranjeros”.
“En México, de acuerdo a sus normas nacionales, es el Ministerio Público o la autoridad judicial, quienes podrían formular a los militares las preguntas conducentes”.
La Sedena señala que la carta fue enviada al director de El Sur “debido a la gran importancia que representa su medio de comunicación, como fuente informativa ante la población civil en esta entidad”, e invita a que “en caso de que quiera realizar una entrevista sobre el particular, tome la citada información como referencia”.
