Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Activistas, integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana y abogados coadyuvantes en la investigación por el multihomicidio de la colonia Narvarte alertaron ayer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha filtrado a los medios datos sin sustento jurídico, como la versión del robo, con el fin de construir una “historia paralela” que oculte el clima de hostigamiento y represión policiaca que vivían dos de las víctimas en Xalapa, Veracruz.
También ayer, y luego de ser interrogado por las autoridades de justicia de la Ciudad de México, el Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa emitió un comunicado en el que se deslindó “totalmente” del crimen, rechazó “los linchamientos públicos” y cerró diciendo que “la verdad nos hará libres”.
La declaratoria de Duarte, informó la PGJDF en otro boletín, fue tomada de dos a tres 15 de la tarde por personal de la PGJDF en la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. El Ministerio Público capitalino agregó que el mandatario compareció de manera voluntaria en calidad de testigo y en presencia del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, y del Fiscal de Homicidios de la PGJDF, Marco Enrique Reyes Peña. “El Ministerio Público de la Fiscalía General procedió a tomar sus generales a Javier Duarte de Ochoa, y acto seguido le dio lectura a las preguntas elaboradas por la representación social de la PGJDF, las cuales contestó en su totalidad”, agregó el comunicado de la PGJDF, que no reportó las preguntas.
La diligencia, la primera en la que un Gobernador es interrogado por el crimen de un periodista y una activista, fue parte de la averiguación previa iniciada la noche del 31 de julio pasado, cuando en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, fueron encontrados los cadáveres de la antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, y del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, de 31, ambos desplazados al DF por amenazas recibidas en la capital de Veracruz, Xalapa. Junto a ellos fueron encontrados los cuerpos de Yesenia Quiroz Alfaro, de 18, y de Mile Virginia Martín, de 29, ambas inquilinas del mismo departamento, y de Alejandra Negrete, de 40, empleada doméstica.
De manera oficial, la PGJDF reportó sólo edades y lugares de origen de las víctimas, que habían sido encontradas en diferentes partes de la casa, que contaban con escoriaciones en el cuerpo y, cada uno, una herida en la cabeza producida por disparo de arma de fuego calibre nueve milímetros. También, dijo el Procurador Rodolfo Ríos Garza el domingo 2 de agosto, el caso se investigaría por homicidio, cuatro feminicidios y el delito de robo “porque hubo saqueo”.
Pero, de acuerdo con los datos reportados ayer por los abogados coadyuvantes Karla Micheel Salas y David Peña, este último delito no se acredita en el expediente debido a que no consta ni cuáles fueron los objetos sustraídos.
“De los seis tomos a los que tuvimos acceso y se nos dijo consta este expediente, hay varios elementos que nos han preocupado. Primero, que la Procuraduría ha filtrado información a los medios de comunicación, información que no es del todo precisa o no tiene soporte en el propio expediente. ¿Qué nos dice esto? Que alguna manera la Procuraduría está construyendo esta historia paralela (en los medios), sin embargo no tiene un sustento jurídico, y un elemento que ha resaltado de la revisión del expediente, es que precisamente el móvil del robo no se sostiene, y eso lo que queremos señalar con toda precisión”, dijo Salas en conferencia de prensa junto a los estudiantes.
“No consta en el expediente qué se robaron las tres personas que supuestamente cometieron el crimen. Sabemos que en el departamento se dejaron objetos de valor como fueron computadoras, teléfonos móviles, e incluso algo que podría ser de lo más costoso que fue el propio automóvil Mustang”, agregó la también integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Los abogados, representantes de la familia Vera Pérez en la investigación, participaron ayer en una conferencia de prensa realizada en esta ciudad junto con integrantes del movimiento estudiantil veracruzano. Ahí fue leído también el comunicado en el que la familia Vera Pérez denunció desde el pasado lunes 10 que, “al dolor de la pérdida, a la violencia que ella sufrió, se suma la violencia institucional cuando constatamos la falta de pulcritud en el manejo del caso por parte de la PGJDF”.
En el texto, la familia cuestiona haberse enterado del fallecimiento de Nadia por los medios y no por las autoridades, así como la difusión extraoficial de información falsa y fragmentada, como la omisión de nombrar sus identidades y, en cambio, filtrar que había habido una fiesta ya desmentida.
“Por lo antes expuesto, y a la luz de nuestro derecho a la verdad y justicia, como familiares de Nadia tenemos muchas preguntas para la Procuraduría de Justicia del DF, institución de la que aún esperamos respuesta: ¿Por qué se afirma que los hechos fueron a una hora (tres de la tarde) y en el parte forense se afirma que el deceso fue a las 21 horas? ¿Qué declaraciones relevantes han hecho los testigos clave sobre el caso? ¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la colocó en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el contexto de violencia e inseguridad, además de la agresión directa por parte del Estado de Veracruz a grupos estudiantiles y activistas a los que Nadia perteneció? ¿Cuál es la explicación de tanta saña hacia las víctimas? ¿Qué implica que el arma utilizada en el crimen haya sido utilizada por primera vez y sea un arma con silenciador?”, cuestionan en su posicionamiento.
EN VERACRUZ PELIGRAN LAS VOCES CRÍTICAS, ALERTAN
Nadia Vera Pérez era antropóloga, gestora cultural, defensora de derechos humanos, de la libertad de expresión, del movimiento #YoSoy132, del magisterial, del Comité Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana, de la resistencia a la venta del petróleo y del movimiento por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
De acuerdo con la descripción de su familia, Nadia vivió 12 años en Xalapa y practicaba una enérgica actividad política: “Creía firmemente en el potencial de las artes para la transformación social de México, y actuaba en consecuencia”.
En febrero pasado, sin embargo, agregó la familia en su comunicado, la joven se desplazó a la Ciudad de México porque “ya no sentía segura”.
Como ella y como el fotorreportero Rubén Espinosa, dijeron ayer integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana, en aquella entidad peligran los jóvenes activistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los luchadores sociales o quienes “alcen la voz” o “tengan un quehacer crítico”. Incluso quienes han declarado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en los últimos días para robustecer la información sobre el entorno de represión política que vivían Nadia Vera y Espinosa, dijeron ayer los abogados coadyuvantes, están siendo ahora hostigados.
Parte de esta violencia sistemática, dijo el sociólogo de la UV, Julián Ramírez, es el sangriento ataque a machetazos perpetrado por “parapolicías” la madrugada del 5 de junio contra universitarios en un domicilio de Xalapa; hecho que fue cubierto por periodistas como Espinosa Becerril para la revista Proceso, por lo que luego fue amenazado y desplazado al Distrito Federal, donde fue asesinado junto con Vera.
“Estamos alertando sobre el contexto de represión que orilló a Nadia a autoexiliarse en la Ciudad de México; que trajo a los jóvenes a denunciar cómo fueron brutalmente golpeados por lo que ellos denominaron fuerzas parapoliciacas el 5 de junio, cuya cobertura periodística provocó las amenazas del Gobierno de Veracruz que motivaron a Rubén Espinosa a auxiliarse, buscando refugio en la Ciudad de México, que evidentemente no encontró”, leyó Julián Ramírez, egresado de la carrera de Sociología de dicha universidad y amigo de ambas víctimas.
En conversación con periodistas previa a la conferencia de prensa, los jóvenes activistas de Xalapa agregaron que por esas golpizas, por el hostigamiento del que son objeto en cada marcha y por la cantidad de periodistas asesinados, es que tienen elementos para pensar que el crimen de sus dos amigos es consecuencia de su trabajo de denuncia.
En la conferencia, la indignación por la omisión del Gobierno del Distrito Federal a profundizar en el entorno de represión política fue leído por Ignacio Córdova, estudiante, poeta, activista y una de las ocho víctimas del ataque del 5 de junio.
“A través de los medios de comunicación masiva y las declaraciones de las distintas dependencias de justicia, tanto del Gobierno del Distrito Federal como del Estado de Veracruz, se ha difundido una línea de investigación que, además de carácter de móvil, apunta a un estrategia de encubrimiento del contexto de amenazas que vivía el fotoperiodista, particularmente a raíz de la cobertura que dio a las agresiones contra los estudiantes de la Universidad Veracruzana, agredidos el pasado 5 de junio, y de la presión que ejerció en su labor periodística y como parte del gremio para denunciar los asesinatos de periodistas bajo el gobierno de Javier Duarte, en particular de Regina Martínez”, leyó Córdova.
“Las complicidad de las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en apuntalar el caso que desvincula el móvil político resulta indignante. Las autoridades del Distrito Federal están intentando cerrar de manera apresurada la investigación acerca del multihomicidio, para dar carpetazo y clausurar el caso, tanto de manera jurídica como mediática, haciendo caso omiso de la línea que apunta a un móvil político orquestado por el Gobierno de Veracruz, como ha sido señalado reiteradamente por familiares, compañeros y abogados”, agregó el joven.
DUARTE: “LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Casi al mismo tiempo en que los activistas y estudiantes denunciaban las irregularidades en la investigación, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa respondía un interrogatorio -no difundido- sobre el caso por parte de las autoridades de justicia de la capital del país.
Luego emitió un comunicado en el que dice que es él quien solicitó rendir la declaración. “El día de ayer le solicité al doctor Miguel Mancera rendir declaración en el caso de la colonia Narvarte. Nunca he creído en el fuero, así que en un hecho inédito de la historia política y jurídica de México, personal de la Procuraduría del Distrito Federal estuvo presente en esta jurisdicción y recabó información que yo pudiera aportar”, dijo en el comunicado.
“En dicha declaración respondí a todas sus preguntas y dejo claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la Ciudad de México”, agregó.
El martes pasado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa, anunció en conferencia de prensa haber dado instrucciones a la PGJDF para viajar a Veracruz a tomar la declaración del Gobernador con relación al multihomicidio.
Se trata de la primera vez que un Gobernador es llamado a declarar en relación a un asesinato contra un periodista y una activista. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera dejaron el Estado de Veracruz denunciando hostigamiento, golpes, obstrucción del trabajo periodístico -en el caso de él- y amenazas de las que acusaron directamente a las autoridades estatales, sobre todo a agentes policiacos o gubernamentales vestidos de civil. Nadia Vera responsabilizó en una entrevista videograbada a finales de 2014 “totalmente a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general”.
Ayer, tras rendir su declaración en calidad de testigo, Duarte dijo en su comunicado:
“Así como no creo en el fuero, tampoco creo en los linchamientos públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables. La verdad nos hará libres”.
La PGJDF agregó en su comunicado que, concluidas las preguntas de la representación social, se “procedió a dar lectura al cuestionario que, en su calidad de representante de las coadyuvantes de las hermanas del occiso, hizo Darío Ramírez Salazar, presidente de la Asociación Proderechos de los periodistas, Artículo 19. El cuestionario fue respondido en su totalidad. La diligencia concluyó a las 15:15 horas, luego que el MP de la Fiscalía General corroboró que el gobernador dio lectura y firmó la misma”.
