Una vez como Presidente electo, el priista Enrique Peña Nieto incluyó entre sus compromisos regular y controlar los gastos relativos a publicidad institucional y crear una instancia dedicada a esa tarea; se esperaba que la propuesta fuese incluida en la reforma política aterrizada en mayo de 2014, pero no fue así.

CAMPEONES DE LA OPACIDAD

En abril de este año, Artículo 19 y la fundación Fundar concluyeron un estudio relacionado con el gasto gubernamental en publicidad oficial. Se trata de un ejercicio realizado durante tres años consecutivos, según explica Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.

En el documento final, los resultados exhiben cómo algunos estados mejoraron en cuanto a la publicación de sus gastos, otros empeoraron y, unos más, ni siquiera dieron a conocer sus datos. A estos últimos los llamaron “los campeones de la opacidad”, como son los casos de Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas.

“Lo que nos muestra el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial es que todavía es muy limitada la información que podemos obtener sobre lo que se gastan los gobiernos en los medios”, refiere la abogada egresada del Tecnológico de Monterrey.

Agrega que de acuerdo al último año, del monto invertido –5 mil 676 millones de pesos– sólo se conoce el destino de 2 mil 544 millones, casi la mitad del total.

“Hay una relación perversa que existe entre los medios y el gobierno por el uso de tanta publicidad oficial, ‘no te pago para que me pegues’”, dice en alusión a las decenas de entrevistas con reporteros, editores y funcionarios del área de comunicación en toda la república, y recuerda una frase escuchada a un periodista: “Al gobierno le conviene, es más fácil pagar a los medios que hacer un buen gobierno…”, y opina que quien la lleva son los lectores, ya que esa información pagada resulta una forma de control.

Entre los resultados documentados, destaca que en la mayoría de los estados, los medios dependen del dinero público para seguir subsistiendo y, en la medida en que se vuelven críticos, empiezan a perder la posibilidad de continuar, por lo que terminan desapareciendo.

“El hecho de que no existan reglas claras para la publicidad oficial genera que sea dinero de la caja chica, sale y no sabemos por qué sale, para quién sale, y lo más preocupante, no sabemos para qué campaña se destina”, refiere Ana Cristina, para añadir que en la mayoría de los casos, los encargados de los medios explicaron que los contratos estaban abiertos, “era como una tarjeta de crédito, te daban dinero, te ponían un crédito determinado y, si hablabas bien, el crédito aumentaba; si hablabas mal, el crédito disminuía”.

Comenta que como no hay campañas definidas, no se puede determinar la eficiencia del gasto, todo esto debido a que no existe regulación federal ni estatal, ni criterios claros para la designación de estos montos, por lo que esto se presta a la arbitrariedad.

“Los principios relativos a la libertad de expresión y la regulación de la publicidad oficial dicen específicamente que tiene que haber una definición clara sobre lo que es publicidad oficial, que no se preste para que cualquier cosa se pueda someter a esta definición, tiene que haber topes de gastos específicos”.

De acuerdo a Ruelas, en la mayoría de las entidades hay sobre ejercicio, en algunos casos de más del 400 por ciento: “Tomaron más dinero pero no sabemos de dónde lo toman”, reflexiona y asesta: “El panorama mediático se acomoda de acuerdo al gobernador en turno…”.

Mientras en países como Canadá, Perú y España, hay una reglamentación al respecto, en México solo existe el Artículo 134 constitucional, que regula el gasto gubernamental en general.

Desde su punto de vista, una regulación sobre el gasto en publicidad oficial debe incluir la transparencia, planeación y criterios no discriminatorios, bajo la premisa de atender  a la mayor cantidad de personas y garantizar la pluralidad informativa.

La especialista puntualiza que solo en los casos de San Luis Potosí y Oaxaca, hay la intención de regular el gasto de publicidad institucional.

INICIATIVA EN BC

Según el Diputado pebecista Francisco Barraza, en Baja California existe la intención de legislar en ese sentido, de hecho ya tiene un esbozo de iniciativa para regular y transparentar el gasto de publicidad institucional. El también presidente de la Comisión de Comunicación, opina del gasto en publicidad del Congreso del Estado:

“Iniciamos mal este proceso, se continúa a puerta cerrada el manejo de los recursos de comunicación social. Soy presidente de la Comisión y no tengo los contratos de octubre a la fecha, ni listado, ni los montos…”.

En el Congreso de Baja California se prepara un borrador, un proyecto de iniciativa para regular el uso presupuestal del dinero destinado a la difusión, informa Francisco Barraza Chiquete. “Ahí tienen un ejemplo más que cercano, ya que este año gastarán cerca de 16 millones de pesos en ese rubro, y el anterior se destinaron 46.5 millones, que hasta el momento no se ha aclarado en qué se gastaron”, advierte.

Según el diputado, han desarrollado foros relacionados con periodismo, medios y comunicaciones, y preparan otra jornada, pues de esas reuniones surgió la idea de regularizar el uso de los recursos públicos: “Esto lo vimos aquí, es un tema que está a discusión sobre lo que sucedió en la elección pasada, en la Legislatura pasada, con los recursos públicos en materia de comunicación. En lo personal creo que la utilización de esos recursos no fue sana.

“A nosotros como PEBC no nos queda claro por qué no nos han querido entregar la facturación, pedimos los estados financieros desde el día que entramos, y no solo son los recursos, también la información, los procedimientos, las plantillas de contratación que hemos querido revisar, para ver si realmente rompimos con el listado de aviadores que se venían generando”.

El pebecista considera que principalmente los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional manejan esa información, aunque ahora “hay nuevas fracciones en dialogo total. Hoy por todos esos excesos, está muy delicado el tema, no veo un solo diputado que no le entre a generar la Ley de Transparencia de los Recursos Públicos en Materia de Comunicación”.

Para finalizar, Francisco Barraza refiere lo sucedido en la anterior Legislatura: “No se repartió equitativamente el dinero, ni a las televisoras, ni a los periódicos, ni a las radios. Lo que conviene es transparentar para que se dé en justa medida lo que hay, y con reglas claras. Esto lo está definiendo la directora de comunicación social -la ex diputada petista Claudia Agatón-, con un manejo que lo están realizando el PRI y el PAN. Entre ellos dos están atendiendo a los medios, son quienes están llegando a los acuerdos de cuáles son los contratos para cada quién”.