En Puebla, el homicidio se instaló como patrón sistemático de persecución. Los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit –el 14 y 31 de mayo de este año, en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla, en la sierra nororiental– son el epílogo de una larga historia de agresiones en contra de activistas y defensores de derechos humanos. En 2012, Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz fueron asesinados en Cuetzalan. A partir de ahí, el crimen, avalado por una profunda impunidad, no se detuvo.
Pero nada frenó la resistencia. Ni esta amenaza constante de muerte y silencio. Las comunidades indígenas continúan con su trabajo de oposición a los megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas y mineras a cielo abierto. Quieren respeto a su derecho constitucional de ser consultados sobre cualquier tipo de obra que pueda amenazar su autodeterminación, sus territorios y los recursos naturales de sus entornos.
SÉPTIMA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz, representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec, opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán, territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan.
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de Convenciones.
Los empleados del lugar acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20 minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas
ANTONIO ESTEBAN: UNA EJECUCIÓN PREVIA
El MIOCUP ha sido una organización constantemente acosada. A los dos homicidios les precede uno más, perpetrado en 2014 en la misma región.
Antonio Esteban Cruz, quien desde entonces lideraba la oposición a la entrada de Gaya SA de CV, fue asesinado la mañana de este miércoles 3 de junio del 2014, con cuatro balazos.
En un comunicado emitido en ese entonces, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) acusaron a los gobiernos estatal y federal de estar implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo del 2014 en Cuetzalan, una de las primeras asambleas que informaban sobre el “proyecto de muerte”.
A partir de este encuentro, refierieron las organizaciones, se conformó el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el Gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.
EL TERRITORIO DEL GASODUCTO TULA-TUXPAN
Oliveria Montes Lazcano se enteró del asesinato de los dos activistas de Cuetzalan cuando se encontraba en una gira por Europa para dar a conocer las acciones de la lucha contra el Gasoducto Tula-Tuxpan.
A su regreso a tierra mexicana, su preocupación es evidente y han redoblado medidas de seguridad. Para realizar la entrevista con SinEmbargo, Oliveria Montes solicitó primero acudir a un territorio cercano a Pahuatlán, pero de ya ahí confirmó su verdadera ubicación por temor a que cualquier mensaje sea interceptado para localizarla a ella y sus compañeros.
La joven de 28 años de edad es una de las líderes voceras del movimiento que se ha encargado de dar la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan en los municipios de Tenango de Doria, Pahuatlán y Tlacuilotepec.
Los aciertos de la organización provocaron dos suspensiones definitivas de los cinco amparos que promueven contra la obra que tenía que ser entregada a inicios del 2018 por la empresa TransCanada y que pone en peligro a casi 500 poblaciones indígenas.
Los activistas en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan ya son amedrentados. Hombres armados han pasado se pasean por sus domicilios, y han recibido todo tipo de mensajes a través de personeros de las autoridades municipales que apoyan la instalación del proyecto en Pahuatlán.
“A los compañeros van y les apedrean sus casas, los han amenazado. Están sobre ellos. Hay muchas presiones de parte de los operadores locales y de las autoridades que sirven como apoyo a las transnacionales, el problema es que ellos viven ahí”, comentó Raymundo Espinoza, el asesor legal del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo.
“TENEMOS QUE DOMINAR EL MIEDO”
Para Oliveria Montes, el miedo es natural pero que no puede frenarlos.
“Sí ha habido amenazas. Nos han amenazado tocándole las puertas a los compañeros diciendo que los van a desaparecer, que no se metan. Aventándole piedras a las casas de los compañeros, escuchando disparos afuera de las casas, ha habido amenazas de muerte. Sí ha habido muchas amenazas en nuestro entorno, pero eso no nos puede inmovilizar porque no estamos en una lucha vacía estamos luchando no solamente por nosotros y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.
— ¿Han caído dos activistas en Cuetzalan por oponerse a proyectos de muerte? ¿Tienen miedo?
—El miedo es natural que se tenga; sin embargo, lo tenemos que dominar. El miedo no nos tiene que inmovilizar porque es lo que buscan las empresas y el Gobierno. Buscan inmovilizarnos. No reaccionar y no defendernos. Y estamos en todo nuestro derecho de defendernos. El miedo no nos tiene que dejar manipular ni inmovilizar, debemos ser dominantes de ese miedo.
La activista señaló que no hay vuelta atrás. La lucha se mantiene y en parte, el viaje a Europa y la reunión con los activistas que pelean contra la colocación del proyecto MidCat, un gasoducto similar que afectará zonas de España y Francia, los ha vuelto más visibles ante las organizaciones internacionales.
“Lo que ellos nos dicen es que sigamos luchando, que no nos desesperemos, que no nos derrotemos, que nos van a apoyar dando visibilidad y apoyo a nuestra lucha”.
LA PERSECUCIÓN DEL GOBERNADOR MORENO VALLE
La represión de activistas en Puebla es una puesta en escena conocida. Durante su sexenio los opositores a megaproyectos, Enedina Rosas, José Luis Flores y Abraham Cordero fueron perseguidos.
El 6 de abril del 2014, quince patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. Presidía una reunión entre comisarios ejidales donde se firmaba la negativa a que sus tierras fueran utilizadas para la construcción de las obras relacionadas con el Gasoducto Morelos.
La detención de Enedina fue violenta y con exceso en el uso de la fuerza. En ese entonces, el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas –a través de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado– tenía en sus manos una denuncia por robo agravado y obstrucción de obra en contra Enedina Rosas. Fue presentada por empleados de la empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que actualmente no puede laborar para TransCandada en la zona de Pahuatlán y Tlacuilotepec.
A Enedina se le acusó de robar “de manera violenta” dos celulares a empleados de Bonatti y fue ecarcelada. Estuvo en el penal de Atlixco hasta el 2 de octubre del 2014 y después fue trasladada a su casa en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
En su más reciente aparición ante los medios de comunicación, Enedina Rosas indicó que se encuentra con mejor salud y tranquila. Ella, como muchos de los comisarios ejidales de la zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012, fecha en que su patrimonio fue amenazado por la empresa Bonatti, que entraba poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos correspondientes.
El segundo caso fue Juan Carlos Flores, vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, quien participa activamente desde el 2009 coordinando acciones informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por mega proyectos emprendidos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Tras la detención de Enedina Rosas, fue aprehendido Juan Carlos el 7 de abril del 2014, Juan Carlos Flores Solís a la salida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla (CEDHP).
Contra Juan Carlos Flores existía un proceso por motín, despojo, ataques contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó libertad bajo caución por tratarse de delitos graves y fue enviado al penal de San Pedro Cholula.
Sin embargo, el activista dejó la prisión el 23 de enero del 2015, a casi diez meses de permanecer en prisión, por encabezar la oposición al gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
Este proyecto implica un ducto de 30 pulgadas de diámetro que recorrerá unos 160 kilómetros por las faldas del Popocatápetl y a través de unas 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario nueve mil millones de litros de gas natural.
El 21 de febrero del 2018, un juez federal ordenó suspender la construcción y el financiamiento del gasoducto de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural, obra que habría de servir a instalaciones de los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a dos centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio de Yecapixtla.
Abraham Cordero, fue un tercer activista detenido en tiempos de Rafael Moreno Valle, identificado como uno de los principales opositores del Arco Poniente.
El proyecto del Arco Poniente fue originalmente propuesto en la administración del exgobernador Mario Marín Torres. Desde ese entonces Abraham Cordero ya se encontraba organizado con gente de la zona de San Martín Texmelucan.
Aunque el proyecto fue finalmente pospuesto y jamás finalizó en la administración marinista, con el gobierno de Rafael Moreno Valle se dio la modificación del trazo, puesto que se necesitaba para la construcción del gasoducto que integra el Proyecto Integral Morelos en su conexión al estado de Puebla y Tlaxcala.
Fue entonces que se retomó el trabajo y los pobladores de la zona de San Martín Texmelucan y otros municipios de la zona, en su mayoría situados en tierras de labriego, conformaron el frente de Pueblos de la Sierra Nevada.
El 8 de abril del 2014, Abraham Cordero fue detenido mientras lo acompañaba su esposa Obdulia García, quien denunció que fue llevado por agentes ministeriales quienes lo acusaron de robo de cable de cobre, sin embargo de último minuto la entonces Procuraduría General de Justicia en Puebla informó mediante un comunicado que se le achacaban otros delitos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Fue hasta el 2 de octubre del 2014 que Cordero fue liberado del penal municipal de Atlixco, donde pasó seis meses en una pequeña celda.
