Los gobiernos estatales deben esperar a que se promulgue la Ley General Anticorrupción para que sus sistemas se ajusten al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, empañados por señalamientos de corrupción, los mandatarios de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua se anticiparon y mandaron modificarlos a modo para evitar la justicia. Ante ello, el lunes pasado la PGR promovió acciones de inconstitucionalidad por oponerse a los lineamientos generales del sistema. Especialistas en rendición de cuentas aseguraron que no es suficiente: una vez se promulgue la Ley General Anticorrupción, las autoridades deben desmantelar las redes de corrupción, rastrear la ruta del dinero y actuar por la vía legal.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Seguir la ruta del dinero será la base del proceso que sigue para investigar, y en su caso castigar, a los gobernadores sobre los que pesan señalamientos de corrupción, afirmaron especialistas. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua luego de que el mes pasado los legisladores locales aprobaron reformas “que se oponen a los lineamientos generales” del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero eso solo fue el primer paso.
La Ley General Anticorrupción –que entrará en vigor una vez sea promulgada por el poder Ejecutivo– previó que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten y armonicen al Sistema Nacional. Pero los priistas Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez –cuyas administraciones han sido cuestionadas– se adelantaron y modificaron la reforma en este rubro con la intención de blindarse al buscar designar a funcionarios encargados de promover la justicia.
Ante el anuncio, Borge Angulo lo negó. Duarte de Ochoa desistió nombrar a magistrados y al Fiscal. Duarte Jáquez calló.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que la acción de la PGR fue acertada (aunque tardía) pero, dijeron, solo es una parte del camino, ya que la nueva maquinaria anticorrupción dará las herramientas para profundizar en auditorías, seguir la ruta del dinero y juntar evidencia para desmantelar las redes de corrupción. El trabajo será documentarlo bien y, finalmente, actuar en consecuencia por la vía penal, no solo a nivel administrativo.
“La acción [de inconstitucionalidad] está bien, es un mecanismo de control y un recurso legal. Pero si nos queremos meter al fondo del asunto, tenemos auditorías, menciones documentadas de temas como deuda pública, pago a proveedores; fallas en el incumplimiento de responsabilidades financieras del estado que darían lugar para meterse al fondo”, expuso Ricardo Corona, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, de acuerdo con Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el poder Ejecutivo debe determinar estas acciones ante la SCJN como de “alta relevancia” para que la resolución no tarde mucho tiempo, ya que no queda otra medida al ser cambios ya aprobados por los Congresos locales.
“Es lamentable que en su momento no haya habido ningún pronunciamiento público o intervención por parte del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, la PGR o la Secretaría de la Función Pública”, cuestionó sobre el proceso de los gobernadores para cobijarse debajo de los nombramientos a modo.
Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, declaró que “falta desmantelar las redes de corrupción, localizarlas, hacer el rastreo de la ruta del dinero que se ha desviado y reintegrarlo al erario público […] Ojalá también se lograra el resarcimiento del daño a la sociedad veracruzana, chihuahuense y de Quintana Roo”.
El dinero, aseguró el dirigente de Gesoc, puede ser rastreado a través de inteligencia financiera y con el sistema fiscal para juntar la evidencia necesaria y después la Fiscalía Anticorrupción podrá actuar de manera inmediata.
“Lo que sigue en las próximas semanas y meses es utilizar los instrumentos del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar que se caigan los casos como antes. Cuando tienes capacidad de seguir la ruta del dinero y de las consecuencias fiscales, tienes un caso muy robusto para actuar en consecuencia con las vías penales, no solo las administrativas. Sigue realmente lo importante; construir casos sólidos para llegar por la vía penal hasta lo más alto”, refirió.
LOS “ASUNTOS” DE LOS OTROS PARTIDOS
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró el domingo en un comunicado que “es deseable” que el Partido Acción Nacional (PAN) se haga cargo de Guillermo Padrés, de Sonora, y Margarita Arellanes de Monterrey, ambos investigados por la Fiscalía Anticorrupción de sus respectivos estados. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), añadió, tiene muchos asuntos qué atender, entre ellos el del ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, quien renunció en la ola de movilizaciones contra la desaparición de 43 normalistas.
Para solicitar que los mandatarios priistas sean investigados, “se requiere autoridad moral y tener credibilidad. El mismo entusiasmo con que critican a otros, deberían aplicarse para arreglar los asuntos que cada partido vive”, expuso el tricolor.
Aunque existen varios casos de otros políticos señalados de corrupción, los analistas entrevistados afirman que las autoridades se han enfocado en los Duarte y en Borge por haber sido mediatizados. Pero es posible que cuando entre en vigor la Ley General Anticorrupción sean rastreados, ya que con las leyes actuales ha sido insuficiente.
“Tenemos una ausencia de la eficacia de la norma. Ahí tienes la ley [como la de contabilidad estatal o de fiscalización] y los procesos y rutas de responsabilidades, el problema es que no son eficaces ni se cumplen para regular este tipo de problemas […] Si el tema está en la agenda pública, le van a hacer caso, si no va a seguir pateándose el bote. El cinismo es más grande que la evidencia”, aseguró el abogado Ricardo Corona.
“Como se iban y no dejaban documentos firmados, se lavaba toda la responsabilidad”, dijo González Arreola. “Lo que permite la inteligencia fiscal con la inteligencia financiera es seguir la ruta de dónde salió el dinero, a dónde llegó y cómo fue sustraído y gastado. Eso permite el Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy difícil que el dinero –sobre todo por las grandes cantidades– no haya dejado huella”.
Morales Canales añadió que “con las reglas actuales ya vimos que ha sido insuficiente. La Auditoría Superior de la Federación señaló varias ausencias y cuestiones que encienden focos rojos; de ahí que se haya hecho nuevo andamiaje para que las leyes funcionen para prevenir y sancionar actos de corrupción. Habrá que ver si estos casos entran con la nueva legislación porque falta un tiempo para la armonización en los estados”, finalizó.
LAS IMPUGNACIONES Y LAS RESPUESTAS
En el caso de Veracruz, detalló la Presidencia de la República, el mandatario priista no tiene el poder para establecer un sistema local anticorrupción al margen del promovido a nivel nacional ni designar al titular de la Contraloría General o magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de una sala especializada en materia anticorrupción.
Javier Duarte –que enfrenta denuncias federales por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal– tampoco posee la capacidad de crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el seno de la Fiscalía General ni determinar que el fiscal sea nombrado por las dos terceras partes del Congreso local, integrado por mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Luego del anuncio de las autoridades, el Gobernador veracruzano, desde Twitter, desistió nombrar a magistrados y declaró desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción.
La PGR también impugnó el intento de Duarte de eliminar del fuero constitucional al Gobernador de Veracruz, quien será Miguel Ángel Yunes Linares.
Respecto a Quintana Roo, se promovió la acción de inconstitucionalidad por buscar nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
No obstante, aunque dijo que acatará con responsabilidad la resolución de la SCJN, Borges Angulo negó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción para el estado que pronto dejará de gobernar.
En junio, ciudadanos ingresaron al Congreso de Quintana Roo para evitar que los diputados locales aprobaran, de acuerdo con la oposición, un “paquete de impunidad” para que no se investiguen presuntos desvíos de recursos públicos o contratación indebida de deuda pública.
“¡Fuera!”, gritaron en el pleno. No obstante, la sesión del periodo extraordinario se trasladó a un espacio alterno y los legisladores dieron luz verde a la creación de una Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría de Justicia estatal.
Por la noche de ayer, la PGR agregó que también interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Chihuahua y del Gobernador César Duarte Jáquez por la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, por lo que frenó su creación y nombramiento del titular.
El mandatario dejará la gubernatura de Chihuahua con una deuda de 50 mil 700 millones de pesos.
En 2014, el priista fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades por participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua.
Recientemente un juzgado español giró una orden de embargo en contra de sus propiedades luego de que procediera una demanda de la empresa ACM. De acuerdo con esta firma, Duarte Jáquez le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.
