Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Especialistas dijeron que la iniciativa de Reforma en Telecomunicaciones presentada ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto tiene aspectos positivos, y resaltaron como importante la creación de dos cadenas televisivas donde no participan Televisa ni TV Azteca, así como dotar de autonomía a un nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones (y acabar, así, con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo federal.
El politólogo José Antonio Crespo dijo que la iniciativa puede significar romper con la influencia y las presiones políticas del duopolio televisivo, compuesto por Televisa y Televisión Azteca.
“Es positivo porque rompe una influencia indebida que, hemos visto, usan las televisoras sobre los poderes formales. Recordemos la Ley Televisa; veíamos que las cadenas tenían un poder de influencia y chantaje sobre los partidos políticos, los candidatos e incluso sobre la Presidencia. Esta propuesta, además de abrir las posibilidades de más opciones televisivas, ayuda a la democracia”, dijo.
“Ocurrió que con las dos cadenas había favoritismo a un candidato y no había contrapesos. La pluralidad es lo que sirve más a la democracia. Independientemente de que tengan un candidato [las cadenas], lo importante es que haya claridad”, opinó el académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).
La presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Aleida Calleja, destacó un aspecto de la iniciativa: que se proponga darle autonomía al órgano regulador en la materia, e incluir el concepto de “servicio público” para las telecomunicaciones, y no dejarlo en “interés público”, como aparece hasta ahora en la Ley.
“Otorgándole autonomía al órgano para dar concesiones, es la renuncia del Ejecutivo de la facultad que actualmente le da la Constitución para manejar discrecionalmente el espectro radioeléctrico”, expuso.
El experto en telecomunicaciones de la Universidad Iberoamericana, Luis Miguel Martínez, explicó que la iniciativa implica darle dinamismo a un sector que cumple con una función pública, y cuya ley en materia de radio y comunicación no ha cambiado mucho desde 1943.
“Requerimos revisar el sector para hacerlo más dinámico y alejarnos del acopio de medios de comunicación en manos de pocos”, dijo.
DEMANDAS HISTÓRICAS
Calleja observó en la iniciativa aspectos que eran viejos reclamos de organizaciones sociales especializadas en derecho a la información. Una de ellas es la autonomía del órgano regulador, que se llamaría Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la propuesta de ampliarle facultades para que luego de determinar cuáles actores son dominantes y si rebasan más allá del 50 por ciento del mercado, ordenarles desinvertir.
“Esta tendencia de que se le dote de autonomía al organismo de telecomunicaciones es una tendencia que responde a las mejores prácticas internacionales, en directivas de la Unión Europea así ocurre porque si no hace más poderosos a unos jugadores y con un órgano autónomo los regula”, dijo.
Asimismo, la especialista y también activista subrayó que la iniciativa incluye una demanda ciudadana de crear una cadena pública nacional y de medios sociales indígenas y comunitarios.
“Quitan la división de permisos y concesiones, los permisos permitían discriminar a algunos actores de telecomunicaciones”, apuntó.
En cuanto a un instituto autónomo, Crespo avizoró el fin de una relación viciosa entre medios y el gobierno.
“Lo que se trata es de quitar la influencia donde las televisoras o instituciones formales o poderes formales presionaban al gobierno y también quitarle al gobierno el poder que usaba para subordinar a los propios medios de comunicación y es mejor ponerlo en manos de ciudadanos”, dijo.
LOS RETOS
Martínez, de la Universidad Lationamericana, ve que no necesariamente un instituto autónomo garantiza un ejercicio correcto en cuanto a las telecomunicaciones. “Los institutos autónomos pueden caer en esta figura de favorecer a un grupo de empresas y de personas que hoy en día poseen medios de comunicación”, alertó.
En su punto de vista consideró que en la iniciativa aún faltan muchos artículos transitorios, como no mencionar qué pasará con los esquemas de regulación firmados por México a nivel internacional y cuando la Cofetel dependía del Ejecutivo.
“Pertenecemos a diversas organizaciones que nos obligan a cumplir acuerdos internacionales y a la vez a tener una armonía en gobierno de telecomunicaciones”, expuso.
“Habrá que ver qué pasa en estos días, si lo que está pensado en materia de implementación de la reforma no queda en un buen deseo y si al revés nos abre la oportunidad para que más sectores sociales tengan más acceso a telecomunicaciones y que realmente se cumpla que haya internet para todos, que el acceso a la banda ancha sea una realidad”, señaló.
Para Calleja queda pendiente aclarar mejor lo que ocurrirá con Must Carry y Must Offer, dos conceptos sobre la posibilidad de que cableros no vinculados a los servicios de Cable de Televisa y TV Azteca puedan transmitir gratis o paguen por las señales de los canales de televisión abierta de ambas cadenas.
“Es una iniciativa, el punto va a ser si se mantiene en su principal espíritu, primero en la Cámara de Diputados, el Senado y luego 16 estados que tendrán que aprobarla y posteriormente la Ley Reglamentaria donde se hace palpable. Habrá que tener mucha vigilancia pero por ahora los puntos sustanciales están contemplados”, agregó Calleja.
Crespo no descarta las presiones políticas por parte de las cadenas televisivas, pero prevé que será desde una posición abierta al diálogo.
“Quizá negociarán civilizadamente algunos puntos, pero en lugar de hacerlo con una presión frontal dialogarán, hacer lobby se vale pero sería más desde una posición en términos de dialogo”.
