Para los denunciantes, la poca información que el Gobierno del Distrito Federal ha brindado sobre el préstamo del Banco Mundial genera más sospechas sobre el futuro en el manejo del agua.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles y académicos pidieron al Gobierno del Distrito Federal abrir a debate público el préstamo de 10 mil millones de pesos que, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó al Banco Mundial (BM) para la mejora de la infraestructura hidráulica de la Ciudad, pues consideran que con esta acción se busca entregar el recurso a la iniciativa privada.
El pasado 20 de noviembre, funcionarios del Banco Mundial y Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex), anunciaron una serie de acuerdos que resultarían de las inversión de 10 mil millones de pesos. Días después, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que fue el Banco Mundial quien decidió invertir en la potabilización del agua y atención a fugas para todas las delegaciones.
Ante la poca información que las autoridades han brindado sobre el tema, organizaciones vecinales, civiles y académicos, exigen que las autoridades garanticen el acceso a la documentación del préstamo y un debate público sobre la situación del agua en la ciudad, ya que denuncian que con base en experiencias internacionales, este contrato significa la apertura a empresas privadas en el manejo del agua.
“El préstamo conlleva peligros porque el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, son instituciones financieras que no son hermanas de la caridad, ya que cuando hacen este tipo de préstamos o financiamientos, lo que hacen es que se privaticen los sistemas operativos de agua”, comentó Ricardo Ovando, coordinador nacional de la organización Agua para tod@s, Agua para la vida.
Representantes de los trabajadores de Sacmex también se han sumado a las protestas y advierten que la acción emprendida por las autoridades es también un atentado a su materia de trabajo. Rodrigo García Elizalde, miembro de la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y trabajador de base de Sacmex, explicó que dentro de la institución se ha preparado el argumento que da pie a la privatización, que es la falta de recursos.
“En Sacmex, la inversión privada ha tocado aspectos medulares, sobre todo en servicios conexos, pero para nosotros es un acto de agresión directa a nuestra materia de trabajo, es el achicamiento de la partida laboral y de los insumos del trabajo […] Este proceso inició con un desmantelamiento de la estructura hidráulica, y ahora se justifica diciendo que no hay presupuesto para satisfacer las necesidades de la infraestructura y después se utiliza este asunto para decir que se necesita la inversión privada”, comentó.
Explicó que dentro de Sacmex, el problema no es financiero, sino de corrupción, “la entrada del Banco Mundial no es justificable porque hay calidad en el trabajo y hay quién pueden optimizar el servicio si se les dota del recurso, pero el sistema de aguas de la Ciudad de México está empapado en corrupción […] dentro pululan los contratos de costos elevados en los que están implicados los funcionarios y sus compadres. Estos contratos se llevan todos los recursos del sistema de aguas”.
En 2013, el organismo mundial publicó un informe llamado Un camino verde para mañana, en el que afirmó que “el manejo actual del agua en el Valle de México no está a la par de otras grandes aglomeraciones de la región latinoamericana, no es ni eficiente, ni sostenible, ni equitativo, y amenaza así la capacidad de generaciones futuras de aprovechar también un recurso tan vital como el agua”.
Además estimó que la población asumía un costo económico aproximado de 28 mil 168 millones de dólares por año para compensar las deficiencias del servicio, y en particular la ausencia de continuidad, la limitada cobertura de drenaje y la falta de tratamiento de las aguas servidas, lo cual es casi el triple del monto pagado por concepto de tarifa.
Con base en esto, señaló “hay espacio para una discusión racional sobre el financiamiento del servicio, dado que la población siempre termina pagando la cuenta, ya sea a través de la tarifa, a través de los impuestos que financian subsidios o a través de los costos de compensación por el servicio deficiente. El costo económico del servicio deficiente representa el “1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Valle, porcentaje que la economía deja de crecer por carecer de un buen servicio, y que en su mayor parte es asumido por la población más pobre y sin servicio”.
Dos años más tarde, el Banco Mundial financiará el proyecto de “potabilización del agua en las 16 delegaciones para el 2018, y tratamiento de fugas, detección de éstas y mejor distribución de líquido”.
EL SISTEMA YA NO FUNCIONA
Para el doctor Juan José Santibañez, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, la inquietud de la sociedad frente al tema del agua, ha permitido el avance de la idea del Banco Mundial, de que es necesario privatizar los organismos responsables del manejo del líquido, cuando en realidad, es el sistema en general el que ya no funciona.
Agregó que la UAM se ha ofrecido a colaborar con autoridades gubernamentales, legisladores, empresarios locales y ciudadanos, para construir un nuevo modelo de gestión del agua, basado en tecnologías suaves, sustentables y que ya han sido probadas.
“No es un problema administrativo, es un problema de gestión del recurso. Hay suficiente conocimiento sobre el manejo actual del agua en la Ciudad, la diferencia entre el Banco Mundial y los especialistas del tema en la academia, es que estamos convencidos de que ya no es posible remediar el modelo centralizado basado en megaproyectos de importación de agua y exportación de las aguas usadas”, explicó Santibañez.
Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que la propuesta del Banco Mundial, apoyada por el GDF, impulsa hacia la “vieja solución de tubos y bombas”, pero se olvida el conocimiento sobre el agua que piensa manejar, que es subterránea y que genera problemas de hundimiento.
“Mientras no se sepa la problemática real, vamos a tener los mismos problemas. Es fácil decir que es un problema de bombas y tubos, cuando el verdadero problema es que el agua que bebemos provoca enfermedades renales, de hígado, huesos y lleva a la gente al hospital. El esquema se tiene que poner sobre la mesa; se debe discutir y trabajar porque los problemas que vienen son más grandes”, enfatizó.
Representantes de organizaciones vecinales que se han opuesto a megaproyectos implementados por el Gobierno de la Ciudad, como las Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes) y de pueblos y barrios de Xochimilco, hicieron un llamado a las autoridades para que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, basados en el Artículo 4 Constitucional, que establece que la planeación y gestión de los recursos hídricos debe ser concordancia con la ciudadanía.
Alejandro Velázquez Zúñiga, representante de la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, habló sobre esta nueva tendencia a generar discusiones amplias antes de la implementación de las políticas gubernamentales, ya que esta actitud ha generado un rechazo a todas las políticas de desarrollo del Distrito Federal.
“Todo el programa se debe someter a consulta. Hay que generar una discusión amplia antes de los intentos privatizadores. No queremos acuerdos con el Banco Mundial hasta que no se ponga todo sobre la mesa […] Después de lo logrado en contra del Corredor Cultural Chapultepec, sabemos que esa es la relación que queremos con las autoridades”, sostuvo.
Sandy Choreño, vecina que se opuso a esta Zode, comentó que el gobierno de la Ciudad siembre ha manejado el tema del agua bajo mucha secrecía, “el GDF nos tiene acostumbrados a que todos los proyectos se hacen con falta de transparencia. Nadie sabía de la injerencia del Banco Mundial y esto es mucho sospechosismo”.
