El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Open Society, una organización internacional que promueve la participación de los grupos sociales en el debate de los países y los gobiernos, pidió a México “un proceso más abierto” en la elección de los dos nuevos ministros que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y así “reforzar la confianza de las personas tanto en la calidad de los jueces del país, y en su independencia de las presiones del Ejecutivo, elementos esenciales para la gobernabilidad democrática”.
La organización indicó que la reciente decisión de la Suprema Corte para conceder un amparo que permite el uso recreativo de la mariguana, no representa la primera ocasión que los ministros de esa instancia desafían las normas legales existentes. Recordó que el año pasado el tribunal consideró discriminatorio e inconstitucional la definición de matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer en otro caso que capturó los titulares de la prensa.
Open Society tiene representantes en casi 40 países. Apoya a los grupos de la sociedad civil en todo el mundo para promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios de comunicación independientes.
“A pesar de la evidente influencia de la Corte en la segunda democracia más grande de América Latina, el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de México ha atraído poco la atención pública. Aunque ahora que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto está preparando para nominar a dos nuevos jueces, los principales grupos de la sociedad civil mexicana están buscando una mayor transparencia en el proceso”, dice el artículo de Open Society.
El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995. De acuerdo con lo contenido en la Suprema Corte, el Senado debe votar para confirmar las nominaciones hechas por el Presidente.
“Sin embargo, este proceso se lleva a cabo sin ningún debate o discusión pública, mientras que los votos del Senado para aprobar o rechazar cada uno de los candidatos están sustentados en nada más que un extracto de curriculum del candidato. No hay audiencias públicas. El Senado entonces aprueba o rechaza los candidatos, pero nunca se explica públicamente sus decisiones”, refiere Open Society.
La organización recordó que este año, “en respuesta a la presión de grupos de la sociedad civil”, el Senado dijo que por lo menos llevará a cabo una audiencia pública para discutir el proceso de selección para las dos vacantes.
El Senado, dice, también ha recibido miles de firmas de personas que exigen que los nombramientos se hagan sin favoritismo o parcialidad política. Open Society se refiere a las casi 50 mil firmas que ha conseguido una petición en la plataforma Change.org dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto para que durante los próximos nombramientos no se incluyan a militantes de partidos políticos o a las amistades de funcionarios.
La organización además refiere que los grupos de la sociedad civil también han solicitado que el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Mónica Pinto, participe en el proceso. “El preocupante contexto actual en materia de derechos humanos al que se enfrenta México […] hacen imperante que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, alertaron las organizaciones.
Open Society reconoció que la audiencia pública organizada por la Cámara Alta es un paso en la dirección correcta, “el establecimiento de un sistema más transparente requerirá cambios”. En este contexto, el Open Society Justice Initiative preparó un documento de antecedentes para apoyar este proceso, destacando una selección de las mejores prácticas internacionales, regionales y nacionales en este ámbito.
Los elementos clave son los siguientes:
- Criterios objetivos y públicos deben establecerse sobre la base de aptitudes profesionales adecuadas, como lo exige la Ley y las normas regionales pertinentes.
- El proceso debe llevarse a cabo a través de concursos abiertos y debe incluir audiencias públicas; los senadores deben publicar las opiniones que justifican sus decisiones.
- El proceso debe fomentar la participación de los diferentes grupos de la sociedad, incluidos los grupos de la sociedad civil y permitir la detección y la participación de la población en el proceso público.
- Los criterios de selección deben ser claros y bien divulgados, y los candidatos deben ser requeridos para demostrar un registro de competencia e integridad superior.
Open Society dice que el tipo de presión de la sociedad civil puede desempeñar un papel importante en la creación de un proceso más abierto para nominar a los mejores jueces.
La organización refiere que en Argentina, por ejemplo, a raíz de los esfuerzos concertados de la sociedad civil, el Presidente ahora nomina a los candidatos después de un procedimiento de nominación realizada por una comisión especial. En Corea del Sur, el procedimiento de nombramiento requiere la creación de un comité consultivo ad hoc.
En Brasil, detalla, se incluyó el requisito constitucional de que el Senado debe celebrar una audiencia pública para cuestionar el candidato. En los Estados Unidos, el Senado tiene, audiencias televisadas en directo que reciben un intenso escrutinio de los medios.
Open Society dice que Canadá también ofrece “un ejemplo interesante”: aunque no se especifica en su Ley, en 2006 un comité parlamentario convocó a la primera audiencia pública para cuestionar a una persona designada a la Corte Suprema del país.
“En última instancia, un proceso más abierto debería reforzar la confianza del público tanto en la calidad de los jueces del país, y en su independencia de las presiones del Ejecutivo, elementos esenciales para la gobernabilidad democrática”, concluye el análisis.
