Por Linaloe R. Flores y David Martínez
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Un frágil sistema de rendición de cuentas, que en lugar de exigir transparencia ha avalado el ocultamiento de datos y propiciado la corrupción, permitió la adquisición de “la casa blanca” del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de 86 millones de pesos, opinaron expertos.
“Por ahora, el formato de las declaraciones patrimoniales a las que están obligados los funcionarios públicos no da ninguna luz sobre adquisiciones o ingresos que pueden ser disparatados”, expuso Héctor Rubio, director de Programa en Gestión Social y Cooperación (GESOC), una de las asociaciones civiles que más ha impulsado un marco legal rígido en la Rendición de Cuentas y que el próximo jueves presentará una propuesta para la Ley secundaria de la Ley de Transparencia, ahora en el Senado.
Obligados por el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente desde 2002, la mayoría de los integrantes de la administración federal debe presentar por lo menos tres veces su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. El contenido es potestativo; es decir, depende de la voluntad del funcionario y de su juramento de verdad.
Tal cual se encuentra su formato, en la declaración patrimonial se incluye lo que se quiere y se omite lo que se quiere. El párrafo tercero del artículo 40 de la misma Ley indica: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público que se trate”.
Así y conforme a la Ley, el Presidente Enrique Peña Nieto no aceptó incluir en la declaración que hizo el 16 de enero de 2013, lo siguiente:
–Ingresos netos (depósitos) por actividad industrial, comercial, financiera y otros.
–El saldo de sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
–El monto y el saldo de sus adeudos, así como el monto de los pagos realizados.
–Sus bienes inmuebles, así como su valor.
–Los bienes a nombre de su cónyuge, Angélica Rivera, sus hijos o cualquier otro dependiente económico.
De Angélica Rivera es, en teoría, la mansión conocida ahora como “casa blanca” y que está valuada en unos 86 millones de pesos.
Alejandro González, director de GESOC, dijo que no existe ninguna razón para que el Presidente Peña Nieto cumpla su compromiso para transparentar completamente su declaración patrimonial.
“¿Cuál sería la razón por la cual el Presidente de la República no puede ir más allá de lo que dice la ley y poner el ejemplo para que todos sus funcionarios hagan lo mismo? El principal argumento que se pone es en México hay problemas de seguridad pública y si los funcionarios hacen públicos sus bienes podrían ser objetos de acoso y de delitos por parte del crimen organizado”, explicó en entrevista para SinEmbargo.
“Que el Presidente no nos venga a decir que su Estado Mayor es incapaz de protegerlo ante ese tipo de posibles amenazas”, reiteró.
Para el director de GESOC, organización de la sociedad civil especializada en la evaluación de la gestión pública, el problema de fondo en este caso es que la legislación no obliga a las y los funcionarios públicos a que su declaración patrimonial sea totalmente pública.
Precisó que los bienes de los servidores están declarados en un sistema de la administración pública pero de acceso restringido para el ciudadano. Por lo que, en pocas palabras, no son documentos públicos en su concepción completa.
Los servidores públicos pueden elegir qué nivel de publicidad y de desglose puede hacerse público en su declaración patrimonial, y esto, dijo, va en contra totalmente de las mejores prácticas a nivel internacional: el llamado asset public disclosure que es algo normal en los países de la OCDE.
“En México somos la excepción porque permitimos que los funcionarios públicos, sobre todo los de alto nivel, no estén obligados a hacer públicas sus declaraciones”, señaló.
Alejandro González destacó que no obstante a que no está obligado por la ley, el Presidente Enrique Peña se comprometió a hacer pública su declaración, por lo que entonces falla a su palabra cuando no hace un esfuerzo para informar de forma clara y coherente su declaración patrimonial.
Por lo que la falta de transparencia genera este tipo de suspicacias válidas.
“No hay razón por la cual no esté dada, si esta previsión estuviera bien regulada no estaríamos en medio de esta discusión o estuviéramos desde una perspectiva diferente, con información clara, completa, y pudiéramos realmente comprobar lo que declara el Presidente versus este tipo de informaciones que se han dado a conocer”, sostuvo.
OTROS OCULTAN SUS CASAS
Una investigación de SinEmbargo documentó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera, no tienen registrados bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal (RPP), lo que permitió no reflejarlas en su declaración patrimonial.
Tampoco tienen a su nombre ninguna vivienda: el líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones; el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo; y el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.
Se trata de personajes que viven o han vivido con dinero público en el Distrito Federal. Aquí, en la principal plaza política, trazaron sus trayectorias y como en un juego de paradojas, viven en las colonias más caras como Polanco, Lomas de Chapultepec o La Condesa. Pero, oficialmente, no tienen casa. Y entonces, no hay razón para que la declaren.
Para Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, los formatos legales de los registros de bienes y la declaración patrimonial de los funcionarios públicos resultan “insostenibles”. Promotor del Gobierno de Datos Abiertos, señala que en un país donde la pobreza es rampante quienes ostentan el poder deben ejercer la Transparencia por Ley y no por Ética. El objetivo de ello debe ser uno solo: evitar que se enriquezcan de manera inexplicable.
Héctor Rubio exclamó que la Ley de Transparencia en México está desafiada a evolucionar a una declaración que no sólo detalle ingresos y adquisiciones; sino que precise intereses en el mercado inmobiliario. “El funcionario tendría que dar a conocer con quiénes no puede hacer negocios ni licitaciones directas por tener relación directa con ellos de parentesco o amistad. En los países de la Unión Europea el modelo ya es proclive a ello. En México esta evolución resulta urgente dado el grado endémico de corrupción”, expuso.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de Función Pública, declaración patrimonial y transparencia, expresó que los funcionarios públicos debieran estar obligados a poner sus propiedades inmuebles en el RPP en aras de reflejarlas en sus declaraciones patrimoniales.
Por ahora, la Ley de Transparencia no incluye al RPP, una unidad administrativa con más de un siglo en funciones en el Distrito Federal cuya existencia se justifica en objetivos de transparencia en los procesos jurídicos del mercado inmobiliario.
Un millón y medio de pesos al año es el promedio de ingresos que tienen los funcionarios públicos mexicanos de los dos niveles más altos de la burocracia. A veces, sus vidas públicas transcurren en ostentosos ambientes; pero no hay manera de conocer el detalle de sus gastos o sus adquisiciones.
Si ellos no quieren, no hay razón legal para que le den a conocer a los ciudadanos cuáles son sus bienes e incluso, pueden ponerlos a nombre de otras personas en una figura que se volvió común en el argot de la corrupción: “Los prestanombres”.
La posibilidad de legislar para derruir esa figura se asomó con un debate en el Senado en 2009. Panistas y perredistas discutieron sobre la pertinencia de una ley que extinguiera el dominio de bienes cuando se comprobara enriquecimiento disparatado. Ello incluía casas, autos y cuentas bancarias aun cuando estuvieran a nombre de otra persona. Bajo sospecha, el funcionario iba quedar obligado a explicar la procedencia de los bienes en caso de que rebasaran cierto límite monetario. Nada de ello prosperó.
¿Y LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL?
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, consideró que la declaración patrimonial es un mecanismo de rendición de cuentas que no funciona para detectar casos de corrupción en el país. “No nos sirve, ¿a poco hemos podido detectar casos de corrupción a través de una declaración patrimonial? ¿Cuándo? ¿A poco a Humberto Moreira lo detectamos a través de una declaración patrimonial? No es el mecanismo o no es el único”, afirmó en entrevista para SinEmbargo.
Sostuvo que ante la debilidad de la declaración patrimonial como mecanismo de control, es urgente reflexionar sobre la conveniencia de que se mantenga vigente, o la necesidad de reformarla, porque actualmente es ineficaz porque no refleja el patrimonio de los funcionarios públicos, ni hay honestidad en esa declaración.
“Tenemos que repensar si queremos mantener este instrumento de declaración patrimonial o buscamos un mecanismo que sí nos sirva, para tener información confiable, con controles de alerta, pero también con mecanismos de denuncia cuando detectemos que hay casos de uso irregular de los recursos públicos”, precisó.
La directora de México Evalúa consideró que la evolución de las tecnologías de la información genera la oportunidad de crear un sistema de alertas que realmente funcione. “No es fácil, pero sí podemos establecer algo que no sea solamente una simulación”, expuso.
