Como candidato y como Presidente electo, Enrique Peña Nieto se reunió cuatro veces con los representantes de las máximas cúpulas empresariales en el país. La idea era integrar una agenda común para aterrizar reformas estructurales. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los empresarios, el PRI y el Presidente habían tejido una relación que para muchos fue de complicidad, ya que la etapa de privatizaciones iniciada en esta gestión sentó las bases para las fortunas de algunos de los multimillonarios mexicanos, como Carlos Slim Helú.
Con el regreso del PRI al poder, después de 12 años de ausencia, parecía que renacería esa alianza Empresarios-PRI-Presidente. Pero dos hechos han marcado un cambio en el discurso empresarial: la implementación de la Reforma Hacendaria, a principios de este año, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
En distintos foros, los empresarios le han reclamado al Presidente que la reforma detuvo el crecimiento del país. Y se han sumado al clamor social de justicia por los sucesos de Guerrero. Ahora, en este nuevo discurso, no dudan el denunciar la corrupción, la falta de transparencia y de seguridad, la vulnerabilidad del Estado de Derecho y la desigualdad.
Del “gracias, señor Presidente”, han pasado a una demanda de justicia. Es un “ya basta” que no se había escuchado antes. Uno que suena a hartazgo…
Por Fernanda García y Juliana Fregoso
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Hace 21 años, uno de los empresarios más poderosos en la historia de este país, Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, y entonces dueño del gigante Televisa pronunció una frase célebre que se recuerda hoy en día:
“Somos soldados del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y del Presidente”.
Con estas palabras, el entonces hombre más rico de América Latina, dejaba constancia de la plena relación entre los hombres de dinero, el partido en el poder y el Presidente, que en aquel entonces era Carlos Salinas de Gortari.
Y es que uno de los rasgos más notables de Salinas de Gortari fue lograr que los empresarios se convirtieran en actores privilegiados de su gobierno, que abrió el país al libre comercio y privatizó a precios de ganga decenas de empresas propiedad del estado, entre ellas Teléfonos de México (Telmex).
La llegada de Salinas al poder, en 1988, significó la reconciliación del gobierno con el sector privado, que se había sentido desplazado y afectado durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), todos del PRI.
Echeverría suspendió las consultas gubernamentales a los empresarios para la toma de decisiones en materia económica, promulgó una Ley de Inversión Extranjera restrictiva y la revuelta social en el país cobró la vida de dos destacados hombres de negocios: Eugenio Garza Sada en Monterrey y Fernando Aranguren, en Guadalajara. La principal acción del sector para hacer frente al intervencionismo del Estado fue la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en 1975, en un esfuerzo por unificar todas las opiniones del sector privado.
López Portillo recuperó en un primer momento la legitimidad del Presidente ante los empresarios al brindarles apoyos como incentivos fiscales, ampliación de líneas de crédito a través de la banca oficial y asegurándoles un mercado nacional protegida ante la imposición de altos aranceles a productos extranjeros.
Pero, hacia el final de su sexenio, en 1982, la caída en los precios internacionales del petróleo y el aumento en las tasas de interés despertaron un nuevo enfrentamiento entre el Presidente y los empresarios. Como señala el investigador de El Colegio de México, Carlos Alba, en su ensayo Los empresarios y el estado durante el salinismo, la creciente tendencia especulativa de algunos grupos empresariales y la excesiva deuda externa que pasó de 20 mil a 100 mil millones de dólares, llevaron al país a la más grave de sus crisis económicas hasta entonces.
Y con la nacionalización de la Banca, el 1 de septiembre de ese mismo año, le quitó a los capitales privados el manejo de los bancos en el país, lo que modificó la forma de actuar del empresariado, que empezó a tejer alianzas políticas con otros actores como el clero y los partidos de oposición, en particular, con el Partido Acción Nacional (PAN).
A partir de entonces, el empresariado adoptó una postura más activa en cuanto a las decisiones políticas y presencia en los medios de comunicación. En algunas entidades como la capital del país, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, los hombres de negocios empezaron a criticar y a exigir acciones directas del Estado en temas como la inseguridad, los asesinatos de personajes como el ex candidato a la Presidencia por parte del PRI; Luis Donaldo Colosio Murrieta, y el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Con el regreso del PRI a la Presidencia de México y de su elegido, el ahora Presidente, Enrique Peña Nieto, parecía que volvería la vieja alianza entre el poder priista y la cúpula privada tejida con Salinas de Gortari, sin embargo, casos como la aprobación de la Reforma Fiscal y, más recientemente, la inseguridad y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, han marcado un nuevo cambio en el discurso del empresariado, que ya no sólo alza la voz para defender sus causas, sino que ya se quitó la corbata para enarbolar y reclamar al poder la falta de soluciones a problemas como el de los estudiantes y la creciente desigualdad en el país.
LA CORTA LUNA DE MIEL
El 30 de noviembre de 2012, un día antes de la toma de protesta de Peña Nieto, todavía se hablaba de una agenda en común entre el mandatario y las cúpulas empresariales, ya que en un hecho sin precedentes, los líderes privados se habían reunido con EPN dos veces cuando era precandidato y dos veces cuando era Presidente electo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) logró una participación histórica en la campaña de Peña y pudo amarrar compromisos con el Presidente para incluir sus propuestas y diagnósticos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre ellas el acuerdo de sacar las reformas estructurales.
El empresariado del país se dio a la tarea de definir una agenda única con el Ejecutivo y venderla como una agenda común por México, un documento con ocho puntos básicos: estabilidad macroeconómica; crecimiento económico y empleo; reformas estructurales; educación; seguridad social; seguridad pública; Estado de Derecho, y democracia, aspectos en los que coincidió y a los que Enrique Peña dio su total apoyo, y a aprobar las reformas estructurales pendientes (laboral, fiscal, energética).
Tras su triunfo como Presidente de México, Enrique Peña Nieto se reunió el 13 de septiembre con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) que lidera Claudio X. González Laporte.
Durante su encuentro con los 37 grupos del llamado club de los hombres más ricos en México el crecimiento económico fue el tema principal, ahí los empresarios solicitaron quitar las trabas que limitan crecer, dijo en ese entonces Claudio X. González.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), también presenciaron reuniones con el Presidente de México durante su campaña.
La razón de los empresarios era abogar por la Agenda por México y conseguir la firma de los compromisos adquiridos durante la campaña.
Con la Coparmex, Peña dijo que la seguridad pública sería una de sus prioridades, en donde consideró importante emprender un cambio en la estrategia de lucha contra el crimen organizado.
“En su momento se insistió en que las nuevas medidas tributarias al aumentar las bases gravables y la menor deducibilidad de prestaciones, por ejemplo, afectarían la confianza de las personas, el consumo y el ahorro. En consecuencia, las empresas registraron menos ventas, cautela en inversiones y/o compra de maquinaria-equipo y las ventas. Reflejo de todo ello es la reducida contratación de personas con mejores salarios”, dijo a SinEmbargo Carlos Palencia Escalante, de CEO Consultores.
Sin embargo, la propuesta de Reforma Fiscal enviada por el Ejecutivo el 8 de septiembre de 2013, a menos de un año de haber llegado al poder, despertó el nuevo discurso del sector empresarial al que le disgustó que el Presidente impusiera una serie de nuevos impuestos e intentará subir otros ya existentes.
“Me imagino que al sector privado no le ha gustado que le suban los impuestos, a nadie le gusta que le suban los impuestos. Es parte del proceso democrático del país que los sectores que se vena afectados de una manera u otra por las iniciativas de ley, expresen sus puntos de vista. Me parece que es parte del proceso natural de la democracia. No lo calificaría como un endurecimiento sino solamente como la expresión de los intereses que puede tener un grupo ante un cambio de la ley”, expresó el tema Luis de la Calle Pardo, director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera.
Cinco fueron los puntos de la reforma que no le gustaron al empresariado:
1. El impuesto sobre bebidas azucaradas: El Ejecutivo federal plantea gravar con un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos; esto, con el fin de combatir la obesidad y la diabetes. A través de este gravamen se espera recaudar 12 mil 455 millones de pesos durante el 2014, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos.
El gravamen ha provocado una caída de entre 10 y 15 por ciento en las ventas de la industria y en su momento fue calificado por el director general de Coca-Cola México, Francisco Crespo, como discriminatorio y arbitrario ya que golpea a la industria y no resuelve el problema de obesidad. Comentó que el impuesto desfavorece a una industria que aporta 180 calorías, cuando hay otras 2,000 calorías que van en otro tipo de alimentos, por lo que no va a resolver el asunto.
2. El régimen de empresas maquiladoras: en la iniciativa del Ejecutivo se estableció una definición de operación de maquila para tributar y gozar de los beneficios del régimen, incrementándose el requisito de exportación a cuando menos 90 por ciento de la facturación total anual. Las empresas deberán pagar Impuesto al Valor Agregado por las importaciones temporales que realicen y luego, hacer los trámites que les permitan exentar este impuesto pagado a sus proveedores.
Lo anterior implica que este año las empresas maquiladoras paguen 25 mil millones de dólares en el 2014 por concepto de IVA a sus importaciones temporales.
De acuerdo con estimaciones de PricewaterhouseCoopers, a nivel nacional, las importaciones de la industria representaron 1 billón 954,238 millones de pesos el año pasado, mismas que, al aplicarle el IVA de 16 por ciento, pagarían 312,678 millones más.
3. La homologación del IVA en fronteras al 16 por ciento: La propuesta del gobierno federal homologó la tasa del IVA en las zonas fronterizas del país de 11 a 16 por ciento.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón, indicó que la medida representará pérdidas por mil 200 millones de dólares anuales en la zona de Baja California. Esas pérdidas implicarán una sustancial reducción en las inversiones para nuevos proyectos, así como afectación en el comercio y el empleo en la zona.
4. El impuesto minero: el gobierno federal propuso crear una regalía minera de 7.5 por ciento que se gravaría sobre los ingresos antes de los impuestos; adicionalmente, planteó fijar un derecho extraordinario sobre minería a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, estableciendo una tasa de 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.
De acuerdo con un estudio de Banamex Accival, las empresas Peñoles y Fresnillo sufrirían el mayor impacto con esta medida. Peñoles genera alrededor de 80 por ciento de sus ganancias a sus minas en México y alrededor de 70 por ciento de sus ingresos en oro y plata. Así, la firma estima una caída en su utilidad por acción proyectada en el 2014 de 10 por ciento. El impacto en Fresnillo debería ser similar al de su matriz Peñoles.
A pesar de haberse instalado 15 mesas de negociación con el gobierno federal para revisar la propuesta original de la Reforma Hacendaria, el Legislativo aprobó una reforma que no sólo impuso los gravámenes mencionados sino otros que inhibieron el consumo, como el que tasó con IVA de 16 por ciento a los alimentos a las mascotas.
Tras la aprobación de la reforma, llovieron las críticas del sector empresarial que la calificó como recaudatoria y regresiva, “si una reforma no promueve la competitividad, la productividad, el empleo, la inversión, el crecimiento económico que es fundamental, o lo limita, por supuesto que tendría que ser una reforma regresiva”, expresó Gutiérrez Candiani.
A lo largo del país también iniciaron movimientos empresariales para rechazar las nuevas disposiciones fiscales, siendo el más destacado el que se pronunciaba contra la homologación del IVA en las fronteras. Las organizaciones de esta región promovieron cientos de amparos e incluso realizaron protestas.
Las organizaciones privadas de esta zona del país argumentaron que la medida incrementaba 5 por ciento los precios al consumidor, restaba competitividad, promovía la evasión de impuestos y generaría pérdida de empleos.
Después de meses de estira y afloja con el gobierno por la aprobación de las nuevas disposiciones, en mayo de este año el sector hizo un llamado al gobierno federal para implementar medidas emergentes a nivel fiscal.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, dijo que ante el comportamiento de algunos sectores productivos era urgente ofrecer soluciones fuera de las reformas estructurales, que empezarán a dar frutos en un mínimo de cinco años.
“Hemos venido comentado que la Reforma Fiscal sentimos que no está 100 por ciento alineada a los incentivos de la productividad o al crecimiento que podría tener en un momento dado como objetivo el país. Sin embargo, sentimos que todavía es mejorable y lo hemos venido apuntando”, señaló en entrevista Daniel Calleja Pinedo, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
EL PARTEAGUAS
Con la desaparición de los normalistas, el discurso empresarial se endureció aún más que con la Reforma Hacendaria, el reclamó subió de tono y ya no se limitó sólo a tratar de revertir una decisión de afectaba sus ingresos. El reclamó se enfocó ahora hacia un fortalecimiento de las instituciones, la recuperación del Estado de Derecho, mayor seguridad para los mexicanos, acabar con la corrupción y con la impunidad.
El reclamó llegó a tal grado que Claudio X. González, considerado el líder moral de los empresarios en México, junto con el presidente del CCE llamaron a un Pacto de Seguridad.
El domingo 26 de octubre, durante la 12 Cumbre de Negocios, ambos líderes privados expresaron que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Guerrero y el asesinato de presuntos delincuentes supuestamente a manos de elementos del Ejército mexicano en el Estado de México (Tlatlaya), revivió con mayor fuerza la idea de que en México no se respetan las leyes y que los niveles de inseguridad se mantienen por más de 10 años.
“Debe haber una guerra contra el binomio corrupción-impunidad porque está contribuyendo a que no vayamos adelante (…) ya no hay tiempo”, dijo el representante del CMHN.
Mientras que Gutiérrez Candiani destacó que la seguridad en el país “es el expediente abierto más importante”, y es una responsabilidad de resolver no sólo de gobierno, sino de los ciudadanos en general.
A partir de esa fecha, sus mensajes semanales han estado enfocados a tratar el tema de la seguridad, de corrupción, transparencia y a exigir la aparición de los normalistas.
Un día después, el 27 de octubre, en su mensaje semanal, el líder cupular señaló que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, con la desaparición de estudiantes, abren la oportunidad para que se ponga como prioridad en asegurar la gobernabilidad democrática y la aplicación de la ley.
Detalló que los ejes propuestos para alcanzar dichos objetivos son, en primer lugar, esclarecer lo ocurrido en Iguala y que se castigue a los culpables, además de garantizar el orden público en la región.
En segundo lugar, dijo, está la necesidad de un sistema nacional contra la corrupción efectivo que articule esfuerzos, con recursos y “dientes” para prevenir y detectar a tiempo actos de corrupción, que asegure el castigo con mecanismos seguros de denuncia y protección a testigos, y recuperación de lo defraudado a la nación o a particulares.
Así como la promoción de un cambio en la cultura y la ética pública, donde se considere a los tres órdenes de gobierno y a todos los factores que inciden en la corrupción, incluyendo los que existan en el sector empresarial y en la sociedad en general.
“El sistema nacional contra la corrupción es un blindaje indispensable para que las reformas económicas tengan éxito. Tiene que estar listo este año”, expuso.
En su mensaje más reciente, el de ayer, hizo un llamado a todos los ámbitos de la sociedad para impedir que la corrupción se siga imponiendo, y evitar que se acumulen más abusos y víctimas, pues aseguró, ese es el “gran pendiente nacional”.
Aseguró que los avances en el desarrollo económico necesitan pasos complementarios para hacer vigente el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática, la justicia y la seguridad pública.
“Vemos como una gran noticia y signo de esperanza en México, al conjunto de manifestaciones a favor de concretar un nuevo Pacto o gran acuerdo para el Fortalecimiento de las Instituciones del Estado Mexicano, tanto desde las fuerzas políticas, como en la sociedad civil”, dijo.
Más enfático ha sido el discurso del presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, quien hace 15 días, ante el Presidente Peña Nieto expresó: “México vive hoy momentos decisivos: amenazas que parecen poner en riesgo nuestro futuro. Enfrentamos retos inimaginados, que a la vez nos brindan la oportunidad de despegar como una Nación moderna, próspera y justa”.
Y le cuestionó: “¿Cómo podemos vencer la desigualdad que nos lastima y agravia a todos, porque lastima y agravia a los más desprotegidos?, ¿Cómo podemos afrontar el reto de prosperidad para todos los mexicanos, si tenemos regiones donde prevalece el cacicazgo, la opresión y los privilegios para unos cuantos?, ¿Cómo lograr una nueva cultura de respeto por la legalidad y el Estado de Derecho, si no estamos dando todos una batalla frontal contra la corrupción, la inseguridad y la impunidad?”.
Agregó:
“¿Cómo salir del círculo vicioso de la violencia, donde un reclamo legítimo se convierte en una nueva fuente de violencia y un obstáculo para el desarrollo de nuestras sociedades?, ¿Qué debemos hacer ante la realidad que nos enfrenta a una sociedad y sus instituciones permeadas por la corrupción, la falta de valores y la cultura del privilegio y el provecho inmediato, sin interés por el bien común?”.
Hace tres semanas, el mismo Castañón Castañón llamó como “hechos atroces” lo sucedido con los estudiantes normalistas y pidió justicia en estos hechos y castigo para las autoridades de todos los niveles que pudiera estar involucradas en el caso.
“Los asesinatos de jóvenes estudiantes no pueden quedar impunes. Desde la sociedad, exigimos que sean encontrados los desaparecidos, que se castigue a los culpables, pero sobre todo, que se encuentre la verdad de los hechos. En estos, como en toda la realidad que vivimos, no puede haber impunidad para nadie”, dijo.
“No podemos permitir que se degrade la convivencia social de manera tan grave que se presuma que la mafia está penetrando órganos de gobierno de nuestras instituciones. Los ciudadanos no podemos ser omisos ni bajar los brazos ante tales denuncias. Hacerlo, sería perder la esperanza en nuestro futuro como Nación”, agregó.
¿NUEVO DISCURSO?
“La verdad no sé si esta postura social sea nueva, sin embargo creo que los organismos e instituciones que están conformadas por gente, la misma sociedad está viendo estos acontecimientos con mucha atención y creo que en primera instancia antes de hablar de temas económicos y de crecimiento y variables, creo que es importante mencionar… [en el caso de Ayotzinapa] se trata de vidas humanas y siempre la sociedad seremos sensibles ante estos hechos”, señaló Calleja Pineda.
Sin embargo, de la Calle Pardo sí consideró que este suceso es un parte aguas que no sólo ha encendido el discurso empresarial sino que también en la participación ciudadana.
“El parte aguas sería que los acontecimientos recientes funcionaran a todos los mexicanos como un catalizador para incrementar la participación ciudadana. Lo que México requiere es más democracia, no menos. Y en la medida que tengamos una mayor participación ciudadana, vamos a tener menos episodios trágicos como hemos visto últimamente”, dijo De la Calle
A su juicio, los acontecimientos de las últimas semanas son un llamado de atención para sentar las bases de una vida social más armónica y de mayor crecimiento económico.
En tanto, Palencia Escalante opinó que, hasta donde se percibe, la posición de todos es velar por un Estado de Derecho, de respeto a las instituciones y de generar las condiciones para que las empresas puedan seguir operando en un contexto de seguridad; seguridad que también requieren las personas para realizar sus estudios, acudir a sus trabajos y efectuar compras y actividades de entretenimiento para que en conjunto contribuyan a reactivar la economía.
