La petición de Rajoy se produjo luego de una reunión extraordinaria del consejo de ministros para responder al anuncio realizado en la víspera por el presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con la independencia de la adinerada región, aunque acto seguido la suspendió durante varias semanas para facilitar negociaciones.
Por Ciaran Giles
Madrid, 11 de octubre (AP).- El Presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió formalmente el miércoles al líder catalán que aclare si se declaró la independencia de la región del noreste de España, en una amenaza velada de que el ejecutivo central podría limitar o rescindir las competencias de la comunidad autónoma en ese caso.
La respuesta del Gobierno catalán sería crucial para decidir “el futuro de los acontecimientos de los próximos días”, manifestó Rajoy en su comparecencia.
Esta es la primera vez que Rajoy habla abiertamente de que la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española sería el próximo paso a adoptar por el gobierno si las autoridades catalanas no se retractan. El ejecutivo central “quiere ofrecer certezas a los españoles”, dijo el mandatario, agregando que “es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego”.
La petición de Rajoy se produjo luego de una reunión extraordinaria del consejo de ministros para responder al anuncio realizado en la víspera por el presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con la independencia de la adinerada región, aunque acto seguido la suspendió durante varias semanas para facilitar negociaciones.
El dirigente opositor Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, dijo que los dos partidos más grandes acordaron renegociar las leyes de autonomía. Dijo que se llegó a un acuerdo con Rajoy para iniciar, dentro de seis meses, conversaciones sobre una reforma constitucional que permita cambios a la estructura actual que rige la autonomía de las 17 regiones del país, una de las cuales es Cataluña.
Sánchez dijo que el PSOE quiere la reforma para permitir que Cataluña siga siendo parte de España, y que los socialistas respaldan el pedido de aclaraciones de Rajoy a Puigdemont.
En un discurso muy esperado, Puigdemont señaló en el Parlamento catalán que la contundente victoria en el referendo secesionista del 1 de octubre dio a su ejecutivo el mandato para implementar una ruptura con España anhelada durante siglos.
Instantes más tarde, el dirigente propuso al parlamento regional que suspendiese los efectos de la declaración para iniciar contactos y ayudar a reducir la tensión en la peor crisis política del país en las últimas décadas. El gobierno central ha dado pocos indicios de estar abierto al diálogo y reiteró que no acepta la declaración y que considera que la consulta secesionista y sus resultados no son válidos.
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La vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el líder catalán “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir” y que expuso a la región “a la mayor fractura, la mayor división y la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia”.
El Artículo 155 de la Constitución permite que el Gobierno central tome el control parcial o total de cualquiera de las 17 regiones del país en caso de que incumplan con sus obligaciones legales. Esto comenzaría con una reunión del gabinete y una advertencia al gobierno regional para que se alinee. Posteriormente, se convocaría al Senado a aprobar la medida.
Unos 2.3 millones de catalanes, el equivalente al 43 por ciento del electorado de la región, participaron en el referendo. Las autoridades regionales señalaron que el 90 por ciento de los votos fueron a favor de la separación y declararon que los resultados son válidos. Los contrarios a la consulta señalaron que boicotearían la consulta.
El ejecutivo de Rajoy se ha negado repetidamente a autorizar a Cataluña a celebrar un referendo secesionista alegando que se trata de una iniciativa inconstitucional ya que solo participaría una parte de los 46 millones de habitantes del país.
En Cataluña, el apoyo a la secesión aumentó en los últimos años impulsado por la reciente crisis económica en España y por el rechazo de Madrid a los intentos de aumentar el autogobierno de la región.
El estancamiento político arrastró a España a su crisis más grave en más de cuatro décadas, desde la restauración de la democracia tras la dictadura de Francisco Franco.
