Mientras las autoridades en Estados Unidos están llegando a la conclusión de que las prisiones privadas son más costosas y ofrecen los mismos servicios que las estatales, en México el Presidente Enrique Peña Nieto espera concluir aún en su mandato la construcción de siete cárceles concesionadas, una promesa hecha por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. En México la asimetría también se ve reflejada. El Estado paga 22 millones 692 mil peso por los presos en seis cárceles privadas, 4.5 veces más de lo que le costaría si fuesen administradas en su totalidad por el Gobierno. ¿Por qué investigadores afirman que las cárceles privadas son un negocio?
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Estado paga a empresas privadas por hacerse cargo de seis cárceles federales por un monto millonario que es casi 4.5 veces más alto que lo que pagaría si estas prisiones fueran públicas.
El centro de análisis México Evalúa cuestionó la intención del Presidente Enrique Peña Nieto de construir siete cárceles más bajo el esquema privado, también llamado Contrato de Prestación de Servicio (CPS). En el que una empresa construye una prisión y después se hace cargo del mantenimiento, alimentación y la limpieza.
Los seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) CPS, están referidos en el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, y aunque hay otras tres cárceles más bajo el modelo CPS (una por estrenarse en Michoacán y dos Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I y II en la CDMX), las seis detalladas por el Sistema Penitenciario tienen en su conjunto una capacidad para albergar a 15 mil 128 prisioneros, cuyos niveles de ocupación rondan en el 85 por ciento.
Los contratos privados obligan al Estado a pagar por el total de la capacidad de albergar reclusos, y no sólo por los que se encuentran dentro de los seis recintos, apuntó el centro de análisis. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que el Estado paga alrededor de mil 500 pesos por preso dentro de una cárcel privada, en vez de 390 que cuesta el mantenimiento de un recluso dentro de una cárcel del Estado.
De esta manera, parte de los impuestos de los mexicanos sirven para pagar 22 millones 692 mil pesos por el mantenimiento de seis cárceles CPS. Por el contrario, en caso de que Peña Nieto asumiera los costos de los seis Ceferesos CPS, los pagos se limitarían a quienes guardan prisión: 12 mil 883 personas (cifra de junio). Lo que se traduce en un monto de 5 millones 24 mil pesos.
Asimismo, el pago por los CPS es cinco veces mayor que el hecho por las otras 11 cárceles federales, en las que el Estado se encarga del mantenimiento. Sus gastos conllevan un estimado, basado en los datos de la CNDH, de 4 millones 500 mil pesos que sirven para la limpieza y comida de sus 11 mil 547 reclusos.
“Esto significa que el Gobierno mexicano tiene interés en llenar estos centros porque, de todas formas, tiene que asegurar el pago completo. Este interés se ha traducido en casos de traslados masivos hacia los nuevos centros concesionados”, expone un informe del México Evalúa, “Privatización del Sistema Penitenciario en México”, hecho público en junio.
Los traslados masivos ya han comenzado. Es el caso del Cefereso de mujeres número 16 en Morelos, registros oficiales de diciembre del año pasado refieren que al penal fueron trasladas mil 339 internas en los primeros tres meses de funcionamiento. Ocupando el 53 por ciento de su capacidad, refiere México Evalúa.
También las tragedias han servido al propósito de trasladar gente. Después de la masacre del penal de Topo Chico, en Nuevo León, en el que un motín interno dejó 49 muertos, un total de 233 internos fueron sacados de ese penal. El 80 por ciento fue enviado a cárceles privadas, en Sonora, Guanajuato, Chiapas y Morelos.
Los traslados han resultado en que, de los 24 mil 430 personas en instituciones penitenciarias federales, los seis centros CPS concentran el 53 por ciento de los reclusos en el fuero federal, mientras que l as otras 10 cárceles federales, mantenidas por el Estado, sólo concentran el 47 por ciento.
“Estas personas tenían el derecho a permanecer cerca de su domicilio, y eso no se respeta cuando se les traslada”, opinó la investigadora de México Evalúa, Leslie Solís. Además, recordó que en ocasiones los familiares son quienes les acercan algunos productos que nadie más les provee.
El propósito de llenar y construir cárceles CPS tampoco tiene sentido si se considera que a diferencia del hacinamiento en las cárceles estatales, todas las prisiones federales, públicas y privadas, tienen una ocupación del 73 por ciento de su capacidad en su conjunto.
“El objetivo era tener más internos porque eso eleva la rentabilidad del negocio. Si nuestros contratos están constituidos así. Tenemos un problema. Habrá gente que busca que haya más encarcelados [empresarios privados, para construir más Ceferesos CPS]”, dijo Edna Jaime, la directora de México Evalúa.
Mas la tendencia de personas en prisión es a la baja. En los últimos dos años la población total en cárceles federales y estales descendió en un 13 por ciento. En enero del 2014 hubo 255 mil 638 reclusos, entre procesados y sentenciados, este número para el corte de junio de este año se había reducido a 236 mil 886 presos.
¿Por qué hay menos presos? Este desahogo se ha visto influenciado por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor el pasado 18 de junio, y que desahoga con mecanismos alternos de resolución de conflicto previo a ligar a las personas a proceso; y también por la Ley de Ejecución Penal que minimiza las penas.
“Usan la cárcel de forma irracional. El 60 por ciento de las personas en la cárcel están por delitos que no son graves ni violentos”, consideró Solís.
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Los Centros Federales de Readaptación Social en manos de empresas privadas presentan índices de atropellos a los derechos humanos similares a los del resto de cárceles estatales. Esto en parte porque el Estado se encarga de la administración y seguridad de los reclusos, aun en las prisiones privadas o CPS.
Leslie Solís, investigadora de este centro de análisis, refirió que no se les ha permitido ingresar a los reclusorio privados, pero sí poseen evidencia de abusos gracias a testimonio de familiares de internos.
“Nos comentaban cómo van en grilletes a todas partes, comen cosas no saludables, están encerrados [en sus celdas] todo el tiempo”, dijo Solís.
De acuerdo con datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) hay seis Ceferesos privados o bajo el modelo de Contrato de Prestación de Servicio (CPS), en los cuales se hallaban recluidas, hasta junio pasado, un total de 12 mil 883 personas.
Las cárceles privadas aparecen entre los penales con mayor número de quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2015, apuntó que los Ceferesos 12 de Guanajuato y el 13 de Oaxaca tuvieron la mayor incidencia de riñas con 165 y 99 casos, respectivamente.
Y el 6 de abril un grupo de organizaciones, acompañadas por México Evalúa, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que viven los reos en centros preventivos privados en el marco del 157 periodo de sesiones llevada a cabo en Washington.
Eduardo Guerrero, Comisionado del OADPRS reconoció que había problemas, y prometió abrir las puertas a las organizaciones para realizar una visita. Sin embargo, a la fecha el trámite no se agiliza, lamentó Solís.
El 85 por ciento de la capacidad de albergue de las cárceles privadas se encuentra ocupada. Aunque algunas en lo particular, cuentan con margen más amplio de espacio libre, como el Cefereso 16 de Morelos, que ocupa sólo el 54 por ciento de su capacidad.
De acuerdo con México Evalúa, en vez de construirse nuevos complejos, el Estado podría distribuir a estas personas de mejor manera, con el debido respeto a sus derechos humanos, y garantizarles más espacio.
Por ejemplo, el nuevo Cefereso de Michoacán cuenta con una capacidad para albergar a 2 mil 520 personas, y hasta los datos ofrecidos en junio por el OADPRS no había entrado a operar.
Así como el Cefereso número 3 en Matamoros, del orden público, con capacidad para 836 personas y que hasta junio no contaba con un solo recluso dentro de sus instalaciones por remodelación.
¿POR QUÉ CONSTRUIR?
El modelo en México iría en contra de lo hecho por el vecino del norte. El mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que dará los primeros pasos para cerrar el modelo de prisiones privadas.
Las razones para cerrarlas fueron expuestas en un comunicado por la Fiscal General Adjunta Sally Yates: “Simplemente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas y recursos correccionales; no suponen un ahorro sustantivo en costes”.
De los 2.2 millones de presos en el vecino país del norte sólo 190 mil presos se encuentran dentro de cárceles privadas.
El anuncio del Gobierno hizo que las grandes compañías que se dedican a este negocio como Corrections Corporation of America (CXW) y el Geo Group (GEO) perdieran ambas el 40 por ciento de sus acciones.
En Estados Unidos las cárceles privadas no son un negocio menor. El año pasado CXW, que emplea a 14 mil personas, refirió ganancias de hasta 1.8 billones de dólares (unos 33 mil millones de pesos).
En México, Edna Jaime, directora de México Evalúa, hizo énfasis en que el modelo privado CPS se ha conformado como una puerta de atrás para que se cuele la corrupción a través de las obras de construcción.
En su Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que terminaría de construir las promesas de Calderón: siete preventivos federales, de los cuales seis que pertenecen al Complejo de Papantla, Veracruz, así como el Cefereso “CPS” Coahuila; cada una con un avance global del 82 y 79 por ciento de forma correspondiente.
En el sexenio calderonista, ocho contratos bajo el esquema CPS fueron firmados. En ellos, el Estado termina manteniendo la propiedad de los edificios y una empresa provee de servicios de mantenimiento mientras dura la concesión. México Evalúa aseguró que no hubo una licitación, fueron todas adjudicaciones directas.
