Las familias pidieron la creación de un órgano independiente judicial que pueda investigar y hacer justicia. Una instancia que podría estar dentro de una Comisión Internacional contra la Impunidad, señalaron, pues las autoridades son partícipes de delitos.
Sólo en el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila recibió mil 400 quejas en contra de las policías, hoy llamada Fuerza Coahuila.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- En Coahuila el poder se ha puesto al servicio de la criminalidad, denunció hoy el padre Raúl Vera, Obispo de Saltillo, en el acompañamiento a grupos civiles que demandan justicia a la Corte Penal internacional (CPI) por los casos de desapariciones y tortura en esa entidad entre el 2009 y 2016.
Un grupo de más de 100 organizaciones envío un documento con la solicitud el pasado 6 de julio a la Fiscalía de la CPI. Numerosos crímenes de lesa humanidad se habrían cometido por el Grupo Los Zetas, en complicidad con los Gobernadores de Coahuila.
“Esta comunicación escrita es una oportunidad para ser apoyados frente a un problema sistemático”, dijo Yolanda Vargas, represente de la organización Familias Unidas de Piedras Negras.
Vargas denunció que las autoridades les han llegado a hacer amenazas una vez hecha la solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI). Caso concreto el amago de policías a su sobrino.
Las familias pidieron la creación de un órgano independiente judicial que pueda investigar y hacer justicia. Una instancia que podría estar dentro de una Comisión Internacional contra la Impunidad, señalaron.
Sin embargo, esta solicitud formal aboga por la coadyuvancia de instancias internacionales a las dependencias nacionales de procuración de justicia.
Las organizaciones exigieron presentar en su solicitud 32 casos, que incluyen a 72 víctimas. En este trabajo quedan establecidos dos patrones. En una primera etapa 2008- 2012, hay casos en los que la policía entrega en 8 municipios a personas al grupo criminal Los Zetas.
En tanto que en una segunda etapa, pese al desmantelamiento de Los Zetas, las autoridades siguen siendo partícipes de delitos. Sólo en el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila recibió mil 400 quejas en contra de las policías, hoy llamada Fuerza Coahuila.
“Con toda claridad ante la Corte Penal Internacional decimos que no sólo vemos indicios [de estos delitos], sino que con mucha claridad que esto no obedece a situaciones fortuitas, sino de una estructura que tienen como resultado una macrocriminalidad en ese estado. Existen condiciones estructúrales en donde se ha preparado a policías y fuerzas poco reguladas, que en diferentes momentos han colaborado con el crimen organizado”, dijo Vera.
“Lo sabemos por la clínica jurídica de la Universidad de Texas. Donde gente ha denunciado la colaboración clara del Gobierno de Coahuila con ellos”, agregó.
El padre señaló que bajo el pretexto de la guerra, las autoridades han protegido a los criminales. “Acudimos a la Corte Penal Internacional porque en los diez años de la guerra contra el narcotráfico el Estado ha sido incapaz de investigar y procesar crímenes atroces como los documentados en Coahuila”, apuntalaron las organizaciones civiles en un mensaje a la opinión pública.
Esta documentación está basada en entrevistas a víctimas y personas en búsqueda de familias desaparecidas, dijeron los representantes de los grupos civiles.
Tal información fue impulsada por la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. E Idheas Litigio Estratégico. Adicionalmente se ha basado en decenas de recomendaciones emitidas contra fuerzas estatales por tortura, desapariciones arbitrarias y ejecuciones.
“Los casos suponen una muestra limitada aunque representativa de un fenómeno criminal más amplios”, rezó el comunicado leído por las organizaciones firmantes, al momento hay mil 791 denuncias por la desaparición de mil 830 desaparecidos en Coahuila, de acuerdo a datos de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado.
Las denuncias de desaparición forzada tienden a ser enviadas a las entidades donde se cometieron los crímenes, a pesar del vínculo de autoridades con el crimen organizado, acusaron los grupos civiles.
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Los periodos que abarcan las gubernaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Humberto Moreira Valdez y su hermano Rubén Moreira Valdés han sido marcadas por la controversia, pero también por testimonios revelados en juicios contra presuntos miembros de los Zetas en Texas.
En julio del año pasado el operador financiero de Los Zetas en Coahuila, Rodrigo Humberto Uribe, dijo en una corte de San Antonio, Texas, que el grupo criminal desembolsó pagos millonarios para Humberto Moreira Valdez, con el fin de poder operar libremente en la entidad.
“Los funcionarios del Gobierno les prestaban instalaciones para realizar los crímenes […]. Los Zetas por su parte, es una hipótesis, también necesitaban el terror en la población, porque ya no era sólo el tráfico de drogas, sino otros delitos”, detalló Michael W. Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Los juicios en Texas nos dan una idea de estas alianzas tripartitas criminales, autoridades y empresas”, señalaron los grupos civiles en una carta.
Uribe confesó, en su oportunidad, que los representantes de Humberto Moreira para esta operaciones eran Vicente Chaires, ex colaborador de Moreira, y Jesús Torres Charles, ex Fiscal del Estado.
Estos alegatos levantaron expectativas sobre si Humberto Moreira podría ser extraditado a Estados Unidos, cuando el ex Gobernador fue detenido en España en enero del 2016, por presunto lavada de dinero. Sin embargo, el ex presidente del PRI fue liberado ese mismo mes.
Las responsabilidades penales individuales también alcanzan a quienes sabiendo de los delitos que se cometían, no actuaron, dijo Chamberlin.
Las organizaciones civiles esperan que la Unidad de Análisis de la CPI abra un examen preliminar en México. Esto supondría la apertura de un diálogo, y que México pueda establecer mecanismos e instituciones que puedan realizar investigaciones adecuadas.
