Por Carlos Samayoa*

¿Habrá imaginado la gente del México de hace un siglo que algún día el simple hecho de respirar sería un peligro de muerte? Tal vez ni remotamente. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo un crecimiento urbano vertiginoso derivado de una migración masiva del campo a las ciudades. El auto se convirtió en el epicentro del desarrollo y en un modelo de aspiración social. Las ciudades se motorizaron al límite y para antes del final del siglo las consecuencias ya eran abrumadoras: el 25 de noviembre de 1986 será recordado por ser el día más contaminado en la historia de la Ciudad de México, alcanzando los 491 puntos IMECA, un nivel de contaminación tan devastador que hacía que muchas aves se desplomaran fulminadas.

Después de más de 30 años, continuamos en una situación deplorable. En días pasados nuevamente tuvimos una contingencia ambiental en la Ciudad de México. Se ha demostrado que programas como Hoy no Circula no han dado los resultados esperados. Este problema es exclusivo de la capital del país. Otras ciudades también presentan niveles de contaminación del aire que rebasan por mucho los límites permitidos por las normas vigentes. Gente en todo el país se enferma y ve su salud deteriorarse por problemas respiratorios, cardiovasculares, infecciosos, entre otros padecimientos que provocan la muerte de cerca de 17,700 personas cada año. El aire que respiramos se ha convertido en un asesino invisible y silencioso.

Los responsables son más que conocidos: la autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se han mostrado indolentes y nada dispuestas a hacer lo que les corresponde para garantizar efectivamente nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, condición indispensable para poder gozar del derecho humano a la salud; a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece parámetros claros sobre la cantidad máxima de contaminantes a los que la población puede estar expuesta sin que esto implique riesgos a la salud.

Tenemos un problema de aplicación de la ley. Nuestras autoridades muestran una renuencia asombrosa a adaptar las normas mexicanas a los valores sugeridas por la OMS, manteniéndolas sumamente laxas y aun así no se cumplen. Pareciera que nuestros gobernantes respiran un aire distinto al del resto de la población.

La otra parte es la planeación urbana basada en el protagonismo del automóvil que ya no funciona, y no obstante que esto es sabido por nuestros gobiernos, los avances en materia de movilidad -un derecho también de la ciudadanía- en las distintas ciudades del país no prioriza la sustentabilidad. El 77% de la inversión federal para esta materia se destina a infraestructura orientada al automóvil, en el que se realiza uno de cada cuatro viajes urbanos en México. Es indispensable cambiar ese modelo y destinar una mayor inversión a la infraestructura de transporte público, ciclista y peatonal.

Para contribuir a que este problema se erradique, es necesario que como ciudadanos estemos plenamente informados para exigir que se garanticen nuestros derechos. Tenemos que hacer que respirar un aire limpio sea un requisito más en esa canasta de satisfactores básicos para lograr una calidad de vida adecuada. En este panorama de elecciones tenemos que exigir a los candidatos que tengan posturas sólidas en la solución de un problema que no permite tibiezas. Igualmente podemos unir nuestra voz y exigencia ciudadana. Invitamos a nuestros lectores a firmar nuestra petición en la página www.calidaddelaire.org

*Carlos Samayoa es responsable de la campaña Revolución Urbana de Greenpeace México

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