La política en México ha sido históricamente una tarea de intermediarios. La enorme desigualdad social y la diversidad cultural ha sido gestionada, desde los tiempos virreinales, por una tupida red de caciques, coyotes, caudillos y líderes que acabaron constituyéndose en un empresariado político especializado en vender protecciones particulares y negociar la aquiescencia o desobediencia la de sus clientelas.

Una nación construida con base en un abigarrado mosaico de identidades colectivas preexistentes, que bajo la dominación de la corona española contaba cada una con un privilegio –ley privada– para relacionarse con un Estado lejano y débil, no pudo nacer como una comunidad de ciudadanos igualados por una ley común, sujetos individuales de derechos y obligaciones. La igualdad teórica establecida por el orden liberal se concretó en la interpretación particularista de las leyes, dependiendo de los recursos y de la capacidad de resistencia de cada individuo o grupo. La desigualdad social, económica y étnica se convirtió en el campo propicio para que medraran los intermediarios, indispensables para la guerra y para la paz, necesarios para garantizar el dominio de una maquinaria estatal de la que gradualmente acabaron por apropiarse.

El Estado mexicano, desde su primera consolidación durante el Porfiriato, pero sobre todo a partir de la época clásica del régimen del PRI, ha sido una organización de intermediarios que venden de manera privada los servicios que deberían ser provistos de manera universal. Todo proceso de decisión pública acabó por ser moneda de intercambio político: desde un acta de nacimiento, a un permiso de construcción, desde una pensión de invalidez a una vivienda pública, desde un proyecto de desarrollo hasta una exención de impuestos. Así se acabó por institucionalizar en México la relación entre el Estado y la sociedad: no como una relación directa, regida por normas claras, en las que los funcionarios del Estado brindan sus servicios de manera pareja para todos los ciudadanos, sino como un sistema de gestión de privilegios y concesiones en el que la tupida red de intermediarios capta buena parte de la riqueza social y saca provecho personal de la desigualdad.

Así, el orden social mexicano no se ha basado en los derechos universales de ciudadanía, sino en la gestión clientelista de las demandas y el otorgamiento de beneficios sociales como privilegios. Una tarea fundamental para la construcción de una democracia auténtica, que no sea la mera circulación de pandillas de intermediarios, consiste en lograr una gran movilización social por la igualdad ante la ley y la exigibilidad universal de los derechos. Que las leyes, los programas sociales, las políticas públicas no sean privatizadas por las redes de intermediación, que la ciudadanía deje de ser una categoría abstracta para convertirse en el sujeto activo de la vida social.

Para provocar esa gran movilización, para promover una revolución de las conciencias y una rebelión cívica contra la apropiación privada de los recursos públicos, ha nacido Nosotrxs. Una organización que se define como política, pero sin pretensiones electorales; que tiene como objetivo recuperar al Estado, hoy capturado por intereses particulares, para la gente. Una organización con vocación pedagógica, para lograr que las leyes y los derechos dejen de ser papel mojado y se conviertan en instrumentos de justicia e igualdad.

El objetivo de Nosotrxs es poner las leyes en manos de la ciudadanía para que la sociedad mexicana deje ser un conglomerado de clientelas y se convierta en una comunidad política democrática y exigente. Se trata de un experimento novedoso, un espacio de confluencia para cambiar la política y para abrirle paso a una democracia que vaya más allá de la simple competencia plural por la captura de rentas públicas.

La tarea se antoja compleja, pero no parte de cero. Por todo el país han surgido en los últimos tiempos diversos grupos rebeldes con causa, que le reclaman al Estado el cumplimiento de sus obligaciones sin exclusiones ni privilegios. Nosotrxs aspira a convertirse en un espacio de confluencia de todos los esfuerzos por hacer cumplir las leyes y por garantizar que los funcionarios del Estado cumplan con sus obligaciones sin preferencias sectarias o partidistas. Una plataforma para articular casos relevantes de exigencia, para promover la vigilancia ciudadana de la operación estatal.

Se trata, en fin, de un movimiento por la recuperación del espacio público, hoy expropiado por los operadores políticos clientelistas, para construir una convivencia social pacífica y menos injusta. Un orden social abierto, donde la justicia no sea venal, donde la política sea una actividad de servicio y no un mecanismo de enriquecimiento a cargo del erario y los moches. Queremos un Estado decente y que funcione y para alcanzarlo vamos a elevar el nivel de exigencia de la sociedad mexicana.

La convicción que nos mueve a hablar en primera persona del plural es que el cambio necesario no depende de un salvador de la patria ni de líderes iluminados, sino de la acción colectiva organizada, horizontal, que le ponga nombres y apellidos a las injusticias y los abusos, los exhiba y los combata con la ley y los instrumentos de la democracia en la mano. La sociedad mexicana ha cambiado. Ha llegado la hora de cambiar la política.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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