Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- En México, el dinero que los gobiernos estatales destinan a la publicidad oficial, además de ser millonario y discrecional, podría también ser suficiente para combatir la pobreza extrema de las entidades con mayor marginalidad en la República.
Pero estos recursos, que más de la mitad de los estados (18) no están dispuestos a transparentar y que en todo el país están sin regular, son también el mecanismo de control con el que los gobiernos controlan las líneas editoriales de los medios de comunicación que contratan.
Y es que en México, indica un testimonio contenido en un reporte sobre publicidad oficial difundido ayer, “sale caro hacer un buen gobierno, por lo que sale más barato comprar a los medios”.
Éstas y otras reflexiones fueron expuestas ayer por la mañana durante una mesa de análisis posterior a la presentación del informe “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, elaborado por las organizaciones independientes Fundar y Artículo 19.
Entre otros hallazgos, la investigación detecta que el gasto público ejercido en el pago de publicidad oficial a los medios de comunicación –tan sólo en 2011 y sólo en 27 estados- es de cuatro mil 518 millones de pesos, cantidad que, indica el reporte, es casi el doble del costo de producción de todos los libros de texto gratuitos del país.
EL INFORME
En el debate sobre el reporte participó el ex Diputado perredista y hoy Senador Fernando Ríos, quien durante la legislatura pasada presentó una iniciativa para regular este tipo de recursos públicos invertidos en los medios de comunicación.
El legislador dijo estimar no en cuatro mil, sino en más de 10 mil millones de pesos el gasto real ejercido en la materia por parte de las administraciones públicas del país, por lo que sería casi similar, dijo, a los 12 mil millones de pesos que diversos estudios calculan serían suficientes para abatir la pobreza extrema en las entidades más pobres de la república, como lo son Guerrero y Oaxaca.
En su participación, el periodista y analista político Ricardo Raphael se refirió a la gravedad de la falta de transparencia con la que se ejerce el gasto en publicidad oficial y a la impunidad con la que los gobernantes usan tales recursos para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación.
“¿Por qué el tema de la publicidad gubernamental se vuelve todavía más enojoso? Porque daña varios derechos; es como una suerte de carambola, porque cuando no hay claridad, transparencia, como en este caso, justificación en los presupuestos, es muy fácil callar gente pagándole”, dijo.
“Es decir, agredir el derecho a estar información, o sesgar la información, porque daña la libertad de expresión”, agregó el también académico.
La integrante de Fundar y una de las autoras de la investigación, Justine Dupuy, recordó por su parte que regular el gasto en publicidad oficial es uno de los compromisos de campaña contraídos por el hoy Presidente Enrique Peña Nieto e incluidos en el Pacto por México.
“Recordamos que es una tarea pendiente de los legisladores y una promesa del hoy Presidente de la república. El artículo 134 de la Constitución, reformado el 13 de noviembre de 2007, prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial; los legisladores tienen la obligación de reglamentar ese artículo, y hasta la fecha no lo han hecho”, dijo Dupuy.
“Y en una columna de opinión, el 16 de julio de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto anunció ‘impulsaré la creación de una instancia ciudadana que supervise la comparación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno’. Hacemos entonces un llamado urgente al Presidente de la República para que cumpla con su promesa de campaña”, agregó la investigadora.
El documento fue presentado ayer por la mañana ante medios de comunicación en un salón de un hotel del Paseo de la Reforma.
De acuerdo con la gráfica principal del informe, sólo los estados de México y Colima entregaron a los investigadores el total de la información solicitada –gasto en publicidad oficial, desglose por tipo de medios, por proveedores y por proyectos- mientras que, en el otro extremo, ocho entidades no respondieron a ninguna de las preguntas.
En esta última categoría, el reporte coloca a Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Coahuila e incluso el Distrito Federal.
En entrevista, Dupuy informó que los gobiernos del DF y Puebla entregaron los datos solicitados sólo después de la interposición de recursos de revisión.
