Un mes después de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, la desconfianza en el Gobierno de Javier Duarte prevalece, surgen fosas clandestinas y nuevas acusaciones que involucran a policías con la delincuencia organizada.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Una vez más, elementos armados de las instituciones de Gobierno responsables de aplicar la Ley aparecen como probables autores de un crimen. En esta ocasión, en Tierra Blanca, Veracruz, donde siete integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado permanecen detenidos como sospechosos de haber provocado la desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente el pasado 11 de enero.
Entre los policías se encuentra el oficial Marcos Conde Hernández, delegado de la corporación en la Región Diez de la entidad, directamente a cargo del Subsecretario de Operaciones de la SSP, mayor del Infantería del Estado Mayor, José Nabor Nava Holguín; éste, a su vez, bajo las órdenes del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
“Hay una confabulación de las fuerzas policiacas y el crimen organizado; no hay mas”, dijo Bernardo Benítez, de 54 años después de recibir la noticia de que restos óseos encontrados en un rancho del municipio de Tlalixcoyan coinciden con el perfil genético de su hijo Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años y una de las víctimas.
“Es obvio que las corporaciones policiacas están infiltradas por el crimen organizado en Veracruz; es sabido, pero no todos tenemos la voz para decirlo; pero a nosotros, como desgraciadamente nos tocó vivir esta etapa, no nos tiembla la mano para contarlo a los cuatro vientos: que la Policía está a la orden del crimen organizado”, agregó en entrevista con SinEmbargo.
A casi un mes de los hechos, el pasado 8 de febrero, Bernardo Benítez fue notificado por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, que los restos que correspondían con el perfil de su hijo fueron encontrados en un rancho denominado “El Limón”, en el municipio de Tlalixcoyan y presuntamente centro de operaciones de la delincuencia organizada. Ahí se encontraron también rastros genéticos en tela que coinciden con los de Alfredo González Díaz, de 25 años y otro de los jóvenes víctimas.
En el rancho “El Limón”, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de Gobernación (Segob) el lunes en un comunicado, encontraron además “indicios de que se manipulaban drogas, manejaban equipos empleados para alterar vehículos, almacenaje ilegal de hidrocarburos así como otros ilícitos”.
LA ETERNA DUDA
A los padres, además, se les informó que los federales habían encontrado también ropa y, de acuerdo con lo que Benítez comentó a Radio Fórmula el martes por la mañana, fosas con probablemente “cientos” de restos humanos.
De acuerdo con Benítez, los siete policías detenidos aceptan haber participado en el levantón pero no dan “no dan más datos, porque según el crimen organizado los tiene amenazados”.
El grado de infiltración del crimen en las instituciones del estado ha agravado la desconfianza de las familias en la investigación de la Fiscalía Estatal, planteó el padre de familia. “No se puede ser juez y parte en ningún lado; si eres juez y parte es obvio que no tengamos la certeza de que están haciendo el trabajo como debe ser, prueba es que la Gendarmería llegó hace diez días y en cinco días dio con el rancho “El Limón”, que es donde se dieron los resultados”, dijo.
Junto con Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz fueron víctimas de desaparición forzada Susana Tapia Garibo, de 16 años; José Benítez de la O, de 24, y Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27.
Los cinco viajaban en una vehículo Jetta la mañana del pasado lunes 11 de enero procedentes del Puerto de Veracruz y en dirección a Playa Vicente, de donde son oriundos.
En el municipio de Tierra Blanca, sin embargo, en las inmediaciones de un centro comercial de la cadena Chedrahui, fueron detenidos por elementos de la policía estatal que les marcaron el alto, informaron las víctimas en mensajes de texto, “para una revisión de rutina”. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y, de acuerdo con diversos reportes, también fue presenciado por un conocido de las víctimas que informó a los familiares.
El 13 de enero siguiente, la Fiscalía General informó que abrió la investigación ministerial 027/2016 y que el vehículo con las características del Jetta había sido encontrado en el Municipio de Medellín del Bravo.
Un día después, inició la consignación al Poder Judicial, como probables responsables del delito de desaparición forzada, de los agentes policiacos adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública con base en Tierra Blanca.
“A las probanzas se suma la presunción de flagrancia del delito, toda vez que las víctimas se encuentran en calidad de desaparecidas y hay continuidad; así como el dolo de sus acciones, debido a que no reportaron las detenciones a sus superiores; por el contrario, las pretendieron ocultar”, informó la Fiscalía en un boletín al reportar la detención de los primeros cuatro agentes policiacos.
NUEVAMENTE LAS FOSAS
Como ocurrió con la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayoyzinapa, en Guerrero, la búsqueda de los cinco jóvenes más recientemente desaparecidos en territorio veracruzano provocó el hallazgo de otros entierros clandestinos, como los encontrados en una barranca del municipio de Emiliano Zapata.
“A partir del hallazgo, la Fiscalía estatal inició la Carpeta de Investigación 206/2016 a efecto de poder integrar los elementos que conlleven a realizar la plena identificación de los restos encontrados, así como las causas de su muerte y en su caso a él o los probables responsables de estos hechos”, informó la Fiscalía el 20 de enero.
El Gobierno del Estado, sin embargo, no logró resultados en más de tres semanas, por lo que el 23 de enero siguiente empezó el arribo de 250 agentes de la Gendarmería Nacional que, ese mismo día, detuvieron a un hombre de 54 años al que identificaron como presunto jefe en ese municipio del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Diez días después, el 3 de febrero, la Secretaría de Gobernación reportó los primeros hallazgos en el rancho "El Limón".
“En este predio se encontraron dos vehículos con reporte de robo, instrumentos empleados para la aparente sustracción ilícita de hidrocarburo, una bodega utilizada para habilitar, dobles fondos, en vehículos, presumiblemente usados para trasladar droga, armas o productos ilegales, objetos vinculados con una organización criminal, así como indicios de que en el lugar se resguardaba a personas”, informó la Segob en un boletín.
El resultado de los hallazgos fue notificado a los padres de los cinco jóvenes el pasado lunes 8 de enero, pero Beñítez no recibió los presuntos restos de su hijo hasta “estar cien por ciento seguros”
El resultado de los hallazgos fue notificado a los padres de los cinco jóvenes el pasado lunes 8 de enero, en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, en Avenida Constituyentes. Desde la mañana del martes siguiente, sin embargo, anunció que buscaría un segundo y tercer peritajes con el fin de “estar cien por ciento seguros”.
La familia de Alfredo González, por su parte, rechazó la información. Y todos, dice Benítez, mantendrán su plantón en las instalaciones del Ministerio Público en Tierra Blanca, “porque aún faltan cuatro”.
