La Ley de seguridad interior sería una amenaza para el respeto de los derechos humanos e incumpliría con los tratados internacionales al no estar bien definidos los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO
Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) publicó una misiva en donde organizaciones sociales y especialistas manifestaron su preocupación por la posible imposición de una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos.
El día de hoy, en una reunión con representantes del Ejecutivo y de ambas cámaras, el Senado de la República comenzó formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, cuyo concepto y marco jurídico aún no están bien definidos y propician la confusión, señalaron las organizaciones.
“Vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.
Los firmantes denunciaron que tanto el PRI, como el PAN y el PRD, en apoyo con la representación del Ejecutivo coincidieron en señalar que aspiran a la aprobación de un marco jurídico que diseñe los supuestos para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir cuando se considere afectada la seguridad interior.
Sin embargo, alertaron del peligro de que este mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas las en labores de seguridad pública, puede no traer consigo la aprobación de mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas correspondientes.
“Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense'”, alertaron las organizaciones.
Además, acusaron que en las discusiones que dieron inicio hoy, no estuvieran representados todos los partidos y fueran expluidas las perspectivas críticas de los especialistas. Sólo se dio voz a “un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial”, manifestaron.
Por tal motivo, las organizaciones exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.
Los firmantes expresan que no debe normalizarse la participación de la Marina y el Ejército en el territorio, a pesar de que es “claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia”.
“No por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”.
Los defensores de derechos humanos llamaron a ampliar el debate antes de que se imponga de manera apresurada y opaca la Ley de Seguridad Interior, y que por el contrario, que ésta contemple el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, acompañado de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.
Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. México Unido contra la Delincuencia; la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana).
