La Coordinación de Comunicación Social otorgó en 3 años al menos siete contratos por 4.6 millones de pesos a esa empresa que fue señalada por la Secretaría de Hacienda y el pasado mes de julio por presunción de actividades inexistentes.
Guanajuato/Ciudad de México, 10 de diciembre (ZonaFranca/SinEmbargo).– El Gobierno de Guanajuato ha realizado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con una empresa que tanto la Secretaría de Hacienda como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tienen enlistada como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir, “fantasma”.
De acuerdo con documentos en poder de Zona Franca, la Coordinación de Comunicación Social otorgó en 3 años al menos siete contratos por 4.6 millones de pesos a esa empresa que fue señalada por la Secretaría de Hacienda y el pasado mes de julio por presunción de actividades inexistentes. Se trata de F.B.M. Comercializadora, enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el pasado 17 de agosto en el Diario oficial de la Federación como una de 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
La empresa ha sido contratada como un intermediario para que a su vez convenga espacios de publicidad en las páginas web de los diarios El Sol de Irapuato, El Sol de León, El Sol de Salamanca, Sol del Bajío y Noticias Vespertinas, esto en el 2016. En 2017, el contrato se amplió a “encartes e inserciones en las ediciones de los periódicos Sol de León, Sol de Irapuato, Sol de Salamanca, Noticias Vespertinas o Esto del Bajío”.
Las inserciones se definen como “publicaciones especiales tipo reportaje” cuyos precios varían de casi 13 mil pesos por página a color en el Sol de Irapuato a los 3 mil 600 pesos de una plana en blanco y negro en el Esto del Bajío.
Los convenios son firmados por un representante legal de la empresa, Tomás Jiménez Morales. Como testigo firma el director estatal de la OEM, Alejandro Herrera Sánchez.
LA EMPRESA, LOS CONTRATOS Y HACIENDA
La empresa F.B.M. Comercializadora S.A. de C.V. apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social en el año 2015 con una contratación de apenas 183 mil pesos.
Sin embargo, al año siguiente, justo cuando tomó posesión de la misma Enrique Avilés Pérez en relevo de Juan Aguilera Cid, la empresa registró un aumento exponencial de sus montos de contratación: en 2016 fue beneficiada con un millón 430 mil pesos; mientras que en lo que va de 2017, de enero a octubre, ha facturado tres millones 43 mil pesos.
Estos datos pueden verificarse en los reportes trimestrales del programa anual de comunicación social del gobierno del estado, que se publican en las obligaciones de transparencia, de acuerdo a la ley vigente.
El mecanismo de un tercero resulta por lo menos extraño, ya que en forma directa, la Coordinación de Comunicación Social tiene convenios con todos los periódicos de la OEM para los cuales F.B.M. aparece como bróker o intermediario.
Así, en 2016, la DGCS contrató de forma directa 10.9 millones de pesos a dichos diarios, destacando el Sol de Irapuato con un monto de 4.9 millones de pesos.
En 2017, mientras la asignación a la comercializadora crece a 3.8 millones de pesos, los contratos directos a los rotativos de la OEM en Guanajuato se incrementaron a 13.6 millones de pesos.
En la operación de F.B.M. de 2017 no aparece como cliente el Sol del Bajío, quizá el diario de mayor penetración de la OEM en el estado y el único que no depende de la dirección estatal que encabeza Alejandro Herrera Sánchez, quien además se ostenta como firmante en todos los convenios de la comercializadora con Comunicación Social, en calidad de testigo.
El 17 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de la Federación aparece un listado de contribuyentes que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
En la publicación se señala que mediante el oficio 500-24-00-07-01-2017-5584 entregado el 15 de junio se le informó a la empresa que regularizara su situación, para lo cual tenía 15 días hábiles, sin embargo no se registra hasta ahora en las propias circulares de la SHCP que hayan presentado elementos para aclarar su situación.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por Jaqueline Peschard incluyó a F.B.M. Comercializadora el 8 de noviembre en su lista de empresas fantasma, de las cuales requirió, vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y entidades de todo el gobierno federal .
LAS EXPLICACIONES DE ENRIQUE AVILÉS
El director de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato, Enrique Avilés Pérez, declinó primero la posibilidad de una entrevista que le fue solicitada sobre el tema de los criterios para la asignación de publicidad, argumentando complicaciones de agenda. Sin embargo, un día después rectificó y aceptó una entrevista vía telefónica que sería grabada.
Interrogado sobre la empresa FBM Comercializadora y la peculiaridad de que se encuentre intermediando publicidad a los diarios de la OEM en Guanajuato, cuando todos ellos mantienen contratos directos con su área, Avilés explicó que se trata de “un tema de producción de contenidos, no de pauta neta”.
Calificó a FBM como agencia especializada a la que le contrata “producciones y hasta llegar a la publicación: se encargan del diseño, del contenido y de entregarlo al medio. Es una agencia dedicada a la publicidad y al tema mediático”.
Subrayó que todo lo pagado está soportado en testigos de publicación, de lo cual se comprometió a entregar copias, aunque justificó que se encuentra “en cierre”.
Cuestionado sobre la situación generada por la calificación de la SHCP de FBM como una de las 156 empresas enlistadas como empresas con presunción de actividades inexistentes, la respuesta de Avilés fue asegurar que lo desconocía; “pero que lamentable”, añadió.
“¿Esto qué te dice?”, le pregunta el reportero a Avilés y su primera respuesta es el silencio. Minutos después se repone y afirma: “Tu sabes la cantidad de convenios, empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación y tener todos los antecedentes en particular de una, no lo se, lo desconozco.” Aunque insistió en que él no puede hacer un solo pago sin tener un comprobante de que el servicio ha sido prestado.
El vocero del gobierno de Miguel Márquez señaló que la posibilidad de tener contratada a una empresa fantasma es un tema que va a compartir con la Secretaría de Finanzas, por que “yo no tengo una notificación donde me diga: oye el gobierno está contratando a través de comunicación social con esta empresa”.
LOS REGISTROS
No obstante la afirmación de Enrique Avilés Pérez de que FBM es una agencia “dedicada a la publicidad y al tema mediático, entre los medios de Guanajuato no cuenta con historial alguno. Expertos en publicidad y relaciones públicas a los que se les cuestionó, en Irapuato, León y San Miguel de Allende, no han escuchado hablar nunca de ella.
Su acta constitutiva, con el folio mercantil electrónico 17954 del 9 de febrero de 2011 del Registro Público de Comercio oficina Irapuato, fedatada por el notario Fernando Ramos Alcocer, tiene un objeto social sumamente amplio que va desde el comercio en general, capacitación, logística, asesoría fiscal y contable, administración de nómina, asesoría legal, estudios de mercado, así como la compra, venta, instalación reproducción y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y electrónico, entre otras muchas actividades enlistadas en un folio completo.
Los accionistas iniciales de la empresa fueron Fernando Gilberto Balboa D’Argence y Michelle Chávez Mollinedo, con 25 acciones por 25 mil pesos, cada uno de ellos, siendo el primero administrador único. Esta situación cambia el 19 de septiembre de 2012, cuando la administración única se encarga a Álvaro Walter Porras Westphal, mediante una asamblea de la que da fe el notario José Luis Vázquez Camarena.
El 6 de agosto de 2013 ocurre un cambio importante: FBM Comercializadora sufre una fusión por incorporación con otras sociedades, sin que se especifique cuales, la cual se formaliza en un acta de asamblea fedatada por Fernando Ramos Alcocer. Así mismo se dan revocaciones de poderes y de responsabilidades, quedando como nuevos apoderados Luis Enrique Viteri Flores, Álvaro Walter Porras Westphal, Tomás Jiménez Morales y Jesús Eduardo González Estupiñan. Se designa, además, a Úrsula Candelaria Maldonado Ríos como administradora única.
En 2013, el 2 de diciembre, la sociedad cambia su objeto social e incorpora, en sus tres primeros incisos: “ la edición, publicación de periódicos, revistas, libros y toda clase de publicaciones; la prestación de servicios de publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico en todo tipo de medios; y proporcionar de manera directa o a través de terceros servicios publicitarios, llámese prensa (…) y contratación y subcontratación de medios de difusión electrónicos como radio, televisión, internet.”
La última acta de la que se tiene registro en Irapuato, del 7 de octubre de 2015, incorpora una compra venta de acciones, revocación/renuncia de funcionarios y/o apoderados, y nombramiento de funcionarios y/o apoderados, la cual fue fedatada por la notaria 181 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Laura Concepción Rodríguez Narváez. Como nuevos accionistas de la sociedad quedan Edwin Román Tabla González y Gregorio Rosales Martínez, con 25 acciones de 25 mil pesos cada uno de ellos. El nuevo administrador único es Edwin Román Tabla.
Para un notario público de la ciudad de Guanajuato que accedió a revisar las actas respetando su anonimato, estos movimientos no son los normales de una empresa establecida: “Parece que se trata de una empresa enfocada a manejar estrategias fiscales y no una entidad productiva. De ello también habla el extenso rango de operaciones enlistadas en su objeto social y el hecho de que este se modifique a lo largo del tiempo.”
ADEMÁS
OFICINAS CERRADAS EN IRAPUATO
En una visita a las oficinas que manejan como domicilio fiscal en la ciudad de Irapuato, en el conjunto Florida, ubicado en la calle Escuela Médico Militar No. 88, interior 303, se encontró con que el despacho estaba cerrado. Sin embargo, el directorio del edificio da una razón social diferente: Despacho GM & BP. Un vecino del lugar señaló que la oficina fue remodelada hace tiempo, pero desde hace por lo menos un mes permanecía cerrada. Otra vecino señaló que allí “despacha un licenciado”, pero que no tenía horarios fijos de oficina.
En el teléfono registrado ante gobierno del estado, 4624903391 suena una grabación que da la bienvenida a una empresa cuyo nombre es inaudible. Al hablar con la telefonista, se le pregunta a qué empresa se está llamando y rechaza dar información. Cuando se le pregunta por FBM Comercializadora dice que es el número correcto. Se le explica que queremos una cotización de publicidad y luego de titubear un poco nos dice que la encargada es “Jessica”, de la que no sabe su apellido y que no se encuentra. Le pedimos la dirección para acudir personalmente a pedir la cotización y dice, nerviosa, que no sabe la ubicación de la oficina.
En una segunda llamada, una reportera se hace pasar por la asistente de un político (cuyo nombre no proporcionamos) y pide hablar con Tomás Jiménez Morales, el representante legal de FBM, quien se pone al teléfono. Al solicitarle una cotización para un impreso, Jiménez se muestra sorprendido y pide saber quién los recomendó. La reportera le dice que no sabe, pues solo cumple una instrucción. Tomás Jiménez nos pide que le mandemos un correo electrónico con la solicitud, el cual no contestó.
MONTOS SIN COMPROBAR
En 2016 F.B.M. recibió un millón 430 mil 350 pesos, sin embargo en el portal de transparencia de Gobierno del Estado sólo se encuentran las facturas y los convenios por un monto total de 755 mil 992 pesos. Son tres facturas, con números consecutivos (IR 1324, IR1325 e IR1326) y expedidas el mismo día ( 6 de diciembre de 2016) y con sólo nueve minutos de diferencia, pese a que el recurso se le entregó en enero, marzo y julio.
En 2017 hay tres convenios: uno por 43 mil pesos y dos por 1.5 millones de pesos. En el primero de millón y medio, se especifica en el convenio PT49137 que la Coordinación de Comunicación Social pagará 750 mil en abril y otro tanto en mayo. En el sistema de transparencia sólo hay una factura, la 1466, emitida el 3 de abril por 750 mil, del otro monto no hay factura.
Mientras que el convenio PT49262 es exactamente el mismo convenio que el anterior, con las mismas fechas, condiciones de pago y de servicios. La factura 1484 es también por 750 mil y no se emitió factura por el otro monto.
Base de datos de dónde se obtuvieron las cifras de 2016. Editada para dejar solo ese año.
