Las acciones de combate a la corrupción, que la administración de Enrique Peña Nieto impulsa, servirán… pero en 2020, afirmaron investigadores y especialistas y dudan que se puedan combatir la corrupción que se vive.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Según el Índice de Competitividad Internacional 2015, en un año, México sólo logró avanzar una posición. Las razones: problemas en el sistema de Estado de Derecho y la corrupción, que se ha convertido en el enemigo público número uno y en un lastre para el crecimiento y desarrollo del país, de acuerdo con investigadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En ese panorama y a un año de que se publicaran los reportajes de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial y posteriormente el de la casa en Malinalco del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, los analistas sostuvieron que estos casos son ejemplos de presunta corrupción en las más altas esferas de la estructura gubernamental que no permite su combate.
Juan Pardinas Carpizo, director general del IMCO, observa dos diferentes administraciones en los primeros tres años de Enrique Peña Nieto en la Presidencia. Una marcada por la actitud de liderazgo y toma de decisiones, pero que terminó en septiembre de 2014, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el tema de la “casa blanca” y la casa de Malinalco.
“Ahí inició otra administración del Presidente Peña Nieto, marcada por la imposibilidad de resolver los problemas que se le presentaban […] La siguiente administración es incluso difícil explicar, que sea el mismo equipo de seres humanos los que hayan gobernando de 2013 a otoño de 2014 y de esa fecha hasta el día de hoy”, comentó.
Para María Amparo Casar Pérez, directora de Anticorrupción del IMCO, en materia de combate a la corrupción no hay buenas noticias, pues trae consecuencias inmediatas como el débil desarrollo económico, la disminución en la productividad y la inhibición de la inversión.
Con base a un estudio que la académica expuso, si en 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 17 mil millones de pesos y se le resta una pérdida de 5 por ciento por corrupción (cifra promedio resultado del margen de entre 2 y 10 por ciento), el costo de esta práctica es de 890 millones de pesos.
“México tiene una calificación de corrupción que corresponde a un país con un PIB entre 2 y 10 veces menor, cifra que es vergonzosa para ser la 15 economía mundial”, afirmó.
De acuerdo con los especialistas, todo esto pone a los mexicanos, como los ciudadanos de América Latina, más desencantados con su democracia.
“Si me preguntan, ¿qué espero del Presidente Peña desde septiembre de 2014 hacia el futuro? No espero nada, porque he visto muy poco. Se están construyendo las instituciones para combatir la corrupción del año 2020, para combatir las casas blancas de 2020; si sale bien este Sistema Nacional Anticorrupción, el marco legal, vamos a tener instituciones que las logren combatir, porque no se está haciendo nada, respecto a la corrupción que ocurre en noviembre de 2015”, agregó Pardinas.
Entre las propuestas del IMCO para combatir la corrupción, está el reforzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en el que se elabore una tipología de delitos de corrupción junto con sanciones claras; profesionalizar a las policías estatales y mejorar el sistema de procuración de justicia; acotar las posibilidades de corrupción en compras y obra pública, en las que se pudiera eliminar la figura de “licitaciones estatales” y hacer explícitas en las bases de licitación la prohibición de colusión.
EL LASTRE PARA EL CRECIMIENTO
En el Índice de Competencia, México se ha ubicado desde 2001 en el lugar 32, cayó en 2007 a la posición 36 y ahí se ha mantenido a la fecha, variando entre el lugar 37, lo que muestra una tendencia negativa en términos de competitividad en los últimos diez años.
Es en el ámbito de Estado de Derecho confiable y objetivo, en el que México se ubica entre los cinco peores calificados, está por debajo de India y por encima de Colombia Nigeria y Guatemala.
Este rubro evalúa la existencia de reglas claras, libertades y garantías indispensables para un correcto desempeño económico, la certeza jurídica que incentive la inversión y la sana competencia, los niveles de seguridad pública y de corrupción en una sociedad.
Datos del IMCO muestran que todos los años se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción y se destinan para ello 32 mil millones de pesos en mordidas, cada una con un costo promedio de 165 pesos.
Por esta razón, agregó Pardinas, es necesaria una institución que pueda atender todos estos actos. Sin embargo, de los delitos cometidos, el 99 por ciento quedan en la impunidad, por lo que el Banco de México califica el problema de la corrupción como el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país.
“El círculo de la corrupción que se debe romper es que esos actos sean beneficiosos para el individuo y que sea necesario hacerlos. No es castigar a un individuo, es integrar el círculo de la corrupción que comienza con la denuncia y la investigación y termina en una sanción”, enfatizó la investigadora.
En ese contexto, el papel de los partidos de oposición es importante, sin embargo Juan Pardinas considera que desaparecieron hace un año. Para él, un sistema político que se define como plural y abierto, pero si no tiene buena oposición, no puede ser un buen gobierno, porque puede seguir cometiendo errores sin un contrapeso que lo frene.
“Como decía Jesús Reyes Heroles, ‘lo que resiste, sostiene’, eso es una lógica de la arquitectura: lo que se opone ayuda a construir y eso también aplica a la política. No se puede entender buena parte de los errores que ha cometido el gobierno actual sin la ausencia de partidos de oposición que exijan mejores comportamientos desde el gobierno”, dijo.
