“Soy consciente de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está quedando muy pequeña frente a la desgracia”, contestó Jaime Rochín a tres mujeres cuyos familiares desaparecieron en Coahuila, tierra de los Zetas. “No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia este domingo. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital [donde estaba internada su hija por amibiasis], sino no la dejan salir”, finalizó. Horas después se la pasó agradeciendo en Twitter las felicitaciones por su estancia en el cargo que dejó ayer. Mientras tanto, Rosario Villanueva, Yolanda Morani y Rosario Morales siguen buscando la verdad y a sus hijos y hermano. Los pretextos para no investigar y encontrarlos, dijeron, es la falta de presupuesto y personal.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Las consecuencias de esta larga guerra en México han aplastado y rebasado la capacidad de las autoridades para darle justicia a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas, por lo que se encuentran en el desamparo. El país está lleno de fosas clandestinas, pero no hay suficiente personal ni presupuesto, coincidieron tres mujeres coahuilenses que han perdido a sus hijos y un hermano, durante una plática con Jaime Rochín, hasta ayer presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El Colegio de México (Colmex) acababa de presentar un informe sobre la omisión del Estado para reparar a las víctimas de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Coahuila, y de la desaparición de familias en Allende, Coahuila.
–Esta problemática nos rebasó tanto al país. Nos está aplastando –afirmó Rosario Villanueva, madre de Óscar, entregado por la policía de Coahuila a Los Zetas.
–Nos sorprendió. No había elementos. La propia CEAV está absolutamente superada porque el problema tiene unas dimensiones mucho mayores –contestó el funcionario Rochín. Momentos antes, al concluir la presentación del reporte, Rosario y Yolanda Morani se pararon y le gritaron que se pusiera a trabajar para que les devuelvan a sus hijos ya sea vivos o muertos.
Yolanda dijo en entrevista con este sitio que se ha enfrentado con las trabas de todas las autoridades, no solo de la CEAV.
“Hay mucha simulación. Nos dicen que sí, pero no cuándo. No actúan. Los expedientes están sin resultados, sin investigación ni operativos en campo. Los buscan a través de oficios. Nuestros hijos no son papel. Es necesario salir a campo”, denunció sosteniendo la foto de su hijo Jan Jeremeel, un ejecutivo de ventas.
Como parte de es han dado mapas, rutas e información de dónde pueden encontrarlos.
“Pero no hacen investigación; no buscan. No hay personal, dicen. Eso es lo que dijo el 10 de mayo de este año la Procuradora Arely Gómez: que no hay presupuesto, hay pocos ministerios públicos federales y no hay dinero. De las fosas que estamos encontrando las familias no identifican los cuerpos porque ‘es muy caro’ ni hay personal forense suficiente en el país”, contó la mujer.
“Los muertos siguen aflorando con estas aguas y aires. Siguen apareciendo huesos. No los buscan. No hay intención con la excusa de que no hay presupuesto. Para las campañas políticas sí hay millones de pesos. Qué lástima. Nuestros hijos son seres humanos, mexicanos que aportaron con sus impuestos. No me explico por qué no los buscan”, expuso Yolanda.
Rosario Morales, una mujer que busca a su hermano sordo desparecido en Coahuila, tierra de los Zetas, se acercó al encuentro informal con el entonces titular de la CEAV para narrarle parte del infierno que ha vivido por cuatro años.
Su hermano Martín Morales desapareció el 12 de febrero del 2012 en el municipio de Piedras Negras. Iba con cuatro amigos. Estaban trabajando. Ellos son sordos. Tenía una esposa y dos hijas, quienes también desean volver a verlo.
Hasta diciembre del 2015 pasaron el caso a la Fiscalía y, apenas hace un mes, las autoridades locales le pidieron a Rosario… esperar más.
–Déme 15 días. Estoy empapándome de la información y le llamo por teléfono –le dijo una licenciada.
No aguardó más y fue a presionar.
–¿Ya tienen una línea de investigación, algo?
Nada.
La semana pasada, la CEAV le marcó por teléfono para que fueran a la Ciudad de México por equipo auditivo que al final no sirvió. La esposa de su hermano y sus dos hijas también son sordas.
Les pedió un psicólogo para su sobrina más grande.
–No hay personal que hable con personas sordas –le respondieron.
–Señorita, van a ser cinco años y todavía no puede encontrar a alguien que pueda dar asesoría a mi sobrina –contestó.
“PERDÓN QUE LAS ABANDONE”
Después de escuchar a Rosario Morales, el funcionario Jaime Rochín pidió a un asistente tomarle sus datos para “hacer un escrito por lo pronto”. Prometió “hablarle al Gobernador” Rubén Moreira, quien también ya va de salida.
Rosario Villanueva, sentada a lado de Rochín, le había contado anteriormente que, según declaraciones de los policías que entregaron a los muchachos a un grupo de Los Zetas, el grupo criminal los mató y quemó con diésel.
“Cosas horribles que no se han comprobado. Si es real lo que declararon, díganos dónde. Mínimo señales de incendio debe haber. Pensamos que existe la posibilidad de que los tengan trabajando”, le contó con una voz tenue, proveniente de un rostro triste. Pero no vencido. Fue ella quien gritó frente a todos los presentes en la conferencia de prensa: “no dejaremos de buscarlos”.
–Hay un punto que quiero comentar… –añadió Rosario Villanueva después de la intervención de Rosario Morales sobre su hermano.
–Perdón. Las voy a interrumpir. El Comisionado Rochín tiene a su hija de nueve años en el hospital. La tiene que ir a sacar. Me van a disculpar… –dijo una asistente del funcionario público frente a Yolanda y las dos Rosarios, mujeres que llevan años buscando a su hijo y hermano.
–A ver déjame ver cómo va eso… –afirmó Rochín viendo su celular.
–Le dio una amibiasis… –añadió la asistente.
–Pero a ver… ¿ahí es falta de atención para personas con discapacidad? –continuó Rochin sobre el caso de la esposa e hijas del hermano de Rosario.
–A parte de buscar a nuestros familiares desaparecidos –dijo Rosario Villanueva ignorando la interrupción– nos damos cuenta de los daños colaterales. Felipe Calderón no se imaginó la dimensión de los daños colaterales. Nuestros niños… hay una infinidad de niños abandonados. Sus madres se tienen que dedicar a trabajar para darles de comer a sus hijos y ellos están viviendo… La bola de nieve ya creció tanto que nos está aplastando. ¿En quién pensamos?, ¿en buscar a los desaparecidos o en cuidar a los niños de los daños colaterales?
–Permíteme un momento… porque sí tengo que ir a pagar el hospital –contestó Jaime Rochín, hasta ayer titular del CEAV–. Pero… yo lo que les puedo decir es… todos estos dolores que ustedes están viviendo día a día… Soy consciente de que la CEAV está quedando muy pequeña frente a la desgracia. No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia hoy [domingo]. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Lo que sí les digo es que seré el primer impulsor y ustedes ayúdenos a presionarlos: en una semana se aprueba una ley que evita la revictimización que hace la CEAV al pedir facturas; evita que solo atendamos casos federales. Hoy Sergio Aguayo se comprometió con el gobierno de Coahuila a crear un nuevo modelo de atención a víctimas.
Que les informen. Se abrió un fondo de emergencia para víctimas de desaparición. Con eso se evita por lo menos mucho de la tramitología burocrática. Mientras se aprueba la reforma, que puede ser en un mes, que tengan este fondo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital, sino no dejan salir al chamaco –finalizó y se paró de la mesa.
Yolanda Morani Sáez también estuvo presente al final de la charla. Ella tuvo que desplazarse de Coahuila a Guanajuato por recibir amenazas. Es madre de Jan Jeremeel Fernández, un ejecutivo de ventas de una compañía de seguros, desaparecido el 19 de diciembre del 2008 por militares del área de inteligencia en Torreón.
De acuerdo con la madre, un convoy de dos camionetas con 15 encapuchados entraron a la cárcel de Torreón, mataron a los militares que acababan de llevarse a su hijo y se llevaron a nueve presos federales.
Durante estos ocho años ha estado investigando a militares y autoridades.
“El Ministerio Federal de la Unidad de búsqueda dijo que hay funcionarios involucrados. Sabemos que la licenciada Claudia González, delegada de la PGR en ese entonces, fue detenida por colusión con los Zetas”, contó.
“Necesitamos que los estados que están alrededor de Coahuila se coordinen porque el Gobernador no puede hacer todo y sabemos que los trasladaban a otros lugares. Mientras que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí no cooperen y mientras que las autoridades federales no quieran buscarlos no vamos a encontrarlos”, sugirió Yolanda.
“SE LE TEME A LA VERDAD”: VILLORO
ADEMÁS:
Las tres familiares de víctimas de desaparición cargaban el retrato de cada ser que dejaron de ver de la noche a la mañana; que les fue arrebatado durante esta guerra contra el narcotráfico. Buscan a sus familiares y la verdad de lo que sucedió.
De acuerdo con el escritor y periodista Juan Villoro, presente durante la revelación del informe “En el desamparo” donde participó, los casos de San Fernando y Allende son algo que “por desgracia abarca a todo el país”. En eso coincidieron el resto de los ponentes.
“Estamos ante un proceso de sustitución por parte de un grupo de la sociedad civil y de investigadores del Colmex para subsanar lo que no hace el Estado, lo que permite la impunidad”, dijo.
“Es esencial conocer lo que pasó para establecer una sanación social a través de la memoria. Es muy importante que en la medida de lo posible conozcamos lo ocurrido. Hay demasiados desaparecidos en este país y ni siquiera hay un recuento cabal de la cantidad de víctimas de la violencia”, añadió el académico.
“¿Basta la reparación simbólica? Por supuesto que no. Esto tiene que ser un primer paso. En los dos casos analizados vemos claramente una convivencia entre criminales y autoridades; vemos una demora en la actuación no solamente de autoridades estatales, sino federales; vemos omisiones. El manejo de los datos y restos ha escapado a todos los protocolos internacionales autorizados. No hay ninguna posibilidad de solucionar un caso si se actúa de tal manera que al pretender investigar se está simultáneamente destruyendo la evidencia. Se investiga a partir de de declaraciones y reportes periodísticos, es decir, a partir de subjetividades. No hay una cadena lógica de investigación”, desarrolló Villoro.
Finalmente, concluyó, “no es difícil ejercer la verdad en un país como México. Este trabajo también es una exploración del uso social de la verdad. Cómo se prefiere ocultar lo que ha ocurrido por ser problemático e incluso reconocer su gravedad y no se esclarece por temor a que eso cause un problema mayor. Desde el punto de vista moral, se le teme a la verdad porque parecería que puede debilitar el cuerpo social. A veces se considera conveniente no decir todo para no causar mayores daños. La verdad es una de las mayores fortalezas sociales que podemos tener por dolorosa y difícil que sea. La primera condición para superar el horror es conocerlo. Es el paso esencial para trascender lo que ha sucedido y no vuelva a suceder”.
El informe determinó que la única constante son los huecos y los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos…
“En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por el académico Sergio Aguayo.
