Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El argumento que dio la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero para no ejercer acción penal contra José Luis Abarca Velázquez, Presidente municipal de Iguala con licencia, probable responsable de homicidios, lesiones y desapariciones forzadas de 43 estudiantes normalistas, es que el Alcalde estaba amparado por el fuero, por lo que no se pudo ejercer su oportuna detención.
Días después, el propio Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, también excusó el fuero de los servidores públicos para disculpar la inacción de las autoridades contra el Alcalde de Iguala.
El fuero de los servidores públicos es una figura constitucional que ha servido para que funcionarios de todos los Poderes de la Unión, de todos los niveles de Gobierno, y de todos los colores partidistas, gocen de impunidad ante diversos delitos.
El 5 de marzo de 2013 se presentó una minuta de reforma constitucional para acotar la inmunidad de los servidores públicos a fin de poner fin a los abusos cometidos bajo su amparo. Sin embargo, la reforma está “congelada”.
Desde hace 19 meses está en comisiones del Senado, atorada porque no hay acuerdo político sobre los alcances de la inmunidad del Presidente de la República, ya que los priistas pretenden dejar intocada la investidura presidencial.
“Es una reforma constitucional que en efecto no ha avanzado, está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Nosotros hemos puesto dentro de la agenda de anticorrupción el tema del fuero, así lo planteamos en nuestra agenda legislativa”, reconoció el Senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista.
Sin embargo, mientras la minuta acumula polvo en algún cajón, servidores públicos de todo el país se siguen sirviendo del fuero como escudo para no ser juzgados por realizar actos ilícitos.
Para el caso Iguala, en donde se mantienen en calidad de desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, se ha señalado al Presidente municipal con licencia, José Luis Abarca, y a su esposa, María Pineda Villa, presidenta del DIF local, como dos personajes que al amparo del servicio público crearon una red de poder político, a través de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para el Senador Roberto Gil, el fuero no debería haber sido ningún impedimento para que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero hubiera actuado de forma oportuna contra quienes realizan actos ilícitos, bajo el cobijo del servicio público.
“En el caso particular del alcalde de Iguala no hay fuero que valga, porque las imputaciones son sobre delitos federales, delitos de delincuencia organizada, y el fuero que tiene como presidente municipal, únicamente tiene impacto en delitos del orden común”, indicó el legislador panista.
Por su parte, el Senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que lo ocurrido en Iguala, es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de México, por tratarse de la desaparición, y probable ejecución, de jóvenes estudiantes de una escuela Normal Rural, por policías municipales presumiblemente vinculados con la delincuencia organizada.
“Estamos ante un hecho que rebasa con mucho un fuero que se le otorga a un Presidente municipal, yo creo que allí hay omisión, y es una justificación muy débil de una omisión de una autoridad [decir que no se actuó porque tenían fuero]”, aseguró en entrevista el Senador Encinas.
El perredista reconoció que el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el Procurador del estado, el Congreso local y hasta el PRD deben rendir cuentas e informar por qué no se ejerció acción penal alguna, cuando estas instancias tenían conocimiento de denuncias de delitos que se persiguen de oficio, como son vínculos con la delincuencia organizada.
Asimismo, agregó, el gobierno federal también tiene que informar de sus omisiones, porque la Secretaría de Gobernación (Segob) la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta el Centro de Información de Seguridad Nacional (Cisen), han reconocido que tenían información respecto a los posibles vínculos del ex-presidente municipal con la delincuencia organizada.
LA MINUTA OLVIDADA
La minuta “congelada” en el Senado fue aprobada por la Cámara de Diputados en 5 de marzo de 2013, tras un fuerte debate entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con las bancadas de oposición, porque los priistas pretendían eliminar el párrafo que incluía al Presidente de la República, dentro del catálogo de servidores públicos a quienes se les quitaría la inmunidad.
Con la reforma al artículo 61 constitucional, se cambió el término “fuero constitucional” por el de “inmunidad constitucional”, entendida ésta como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar la función legislativa.
Las modificaciones al artículo 111 constitucional permitirían que los servidores públicos puedan ser sujetos de proceso penal, sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.
Dichos servidores son: diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho; diputados de la Asamblea del Distrito Federal; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Si se dicta sentencia en su contra, y ésta es incompatible con el ejercicio de su cargo, se les separará de sus funciones y quedarán a disposición de las autoridades.
En el caso de los gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se estableció que las constituciones de las entidades federativas preverán lo conducente, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos del orden común.
Sin embargo, gracias al apoyo de sus aliados políticos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), el PRI logró eliminar el supuesto de que el Presidente de la República fuera susceptible de rendir cuentas por la comisión de actos ilícitos durante el ejercicio de su mandato.
Se excluyó del dictamen el quinto párrafo del artículo 111 que establecía: “Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la Constitución Política, y en este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
La modificación no cayó nada bien en el Senado, en donde las bancadas de oposición pretenden devolver el párrafo eliminado a la reforma constitucional.
“No podemos dejar a ningún servidor público [incluido el Presidente de la República] fuera de los márgenes de responsabilidad, nuestra visión es todos deben quedar incluidos, es decir, todos deben tener acotada esa protección procesal que tienen”, comentó el Senador panista Roberto Gil Zuarth.
Explicó que el modelo propuesto por la oposición consiste en que los servidores público señalados puedan enfrentar el proceso en libertad, sin embargo el proceso en su contra se desarrollará mientras desempeña su función. Si el juicio concluye una sentencia acusatoria, pierde el cargo y obviamente asume su responsabilidad penal.
“Pero lo que no puede suceder, como actualmente sucede con el fuero, es que no hay procesamiento penal, no hay imputación, no lo llevan ante un juez en tanto tenga la protección constitucional”, afirmó el legislador panista.
Para el perredista, Alejandro Encinas, la reforma constitucional para acotar el fuero de los servidores públicos debe seguir adelante, y concluir de la misma forma que el Congreso aprobó las modificaciones al fuero militar.
“Hay que acotar el fuero legislativo o el fuero de los gobernantes, estrictamente al ejercicio de la libertad de expresión de las ideas propias, porque el fuero no puede ser una patente para cometer ilícitos, y de algún tipo de actos de corrupción”, expuso el perredista.
BENEFICIADOS POR EL FUERO
Muchos personajes políticos han utilizado el fuero para dejar en la impunidad presuntos casos delictivos.
En septiembre de 2009, el Diputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, debió presentarse en la Cámara de Diputados a rendir protesta como Diputado federal, de la misma forma que lo hicieron sus 499 compañeros legisladores.
Pero una orden de aprehensión girada en su contra por la PGR lo impidió.
Se le acusaba de tener presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder del cártel del narcotráfico “La Familia Michoacana”, que posteriormente cambió su nombre por el “los Caballeros Templarios”.
Después de un año evadir a las autoridades, Godoy Toscano logró ingresar a la Cámara baja oculto en la camioneta de su compañero perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Tomó protesta como legislador y pudo gozar de los beneficios del fuero constitucional.
Ante las presiones de la opinión pública, la Cámara de Diputados votó su desafuero el 14 de diciembre de 2010, y desde entonces nadie sabe el paradero del llamado “narcodiputado” michoacano.
Otros de los beneficiados con el fuero, han sido el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y el tesorero del Sindicato Ricardo Aldana Prieto.
En marzo de 2000, senadores del PAN pidieron a la PGR para que ejerciera acción penal contra los líderes petroleros señalados como responsables del fraude por mil 580 millones de pesos, como un préstamo otorgado por Pemex al sindicato con la fachada de construcción de viviendas.
No obstante, la autoridad resolvió que el dinero en realidad sirvió para financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, en la elección del año 2000.
En septiembre de ese mismo año, luego de meses de confrontaciones políticas, la Cámara de Diputados aprobó la instalación de la Comisión Instructora, para iniciar el proceso de desafuero en contra del priista Carlos Romero Deschamps. El dirigente sindical solicitó la protección de la justicia federal por medio de un amparo.
En marzo del 2003, una jueza ordenó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados suspender el proceso de desafuero contra los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.
Hoy Romero Deschamps es Senador de la República por el PRI y lo será hasta el año 2018, mientras que Aldana es Diputado federal por el tricolor hasta el 2015.
