Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tendrá que desclasificar y hacer públicos los documentos sobre el crédito de 2 mil 775 millones de pesos, que otorgó a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.
La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), notificada a Banobras el pasado lunes 7 de septiembre, destaca que cuentan con 10 días hábiles para hacer públicos los documentos que le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
En entrevista para SinEmbargo, Joel Salas Suárez, Comisionado del Inai, explicó que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no es válido.
Salas Suárez descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, comentó el Comisionado.
De acuerdo con Salas Suárez, fue al momento de entrar al estudio del caso que el Inai cayó en cuenta de que se trataba de una obra a cargo de una filial de Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y que recientemente fue investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la sospecha de conflictos de intereses con el Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
José Antonio Lara Duque, Coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), detalló que la resolución del Inai sienta un importante precedente al poner el tema en debate público y lo mínimo que esperan es que Autopistas de Vanguardia pare de forma definitiva la construcción de la autopista.
“Ese dinero ya no debe moverse, porque si no la idea de que los grandes actos de corrupción en México se solapan, continuará creciendo […] porque se sigue descubriendo esta delicada y aberrante red de corrupción que existe sobre todo en las tierras mexiquenses”, afirmó.
Con base en los 456 documentos que conforman la investigación de la SFP se concluyó que ni el Presidente ni el titular de la Secretaría de Hacienda “actuaron bajo conflicto de interés” con la empresa de Armando Hinojosa Cantú, aunque de 2013 a la fecha Higa y sus filiales se han adjudicado contratos por mil 037 millones 563 mil 737 pesos.
El hecho de que el documento del crédito otorgado para el financiamiento del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, no figurara dentro de la investigación podría deberse a que éste tiene fecha del 26 de octubre de 2012; sin embargo, el Comisionado detalló que por parte del Inai hubo una advertencia sobre lo oportuno de hacer públicos todos los documentos de los organismos federales que tuvieran relación con Grupo Higa.
“Después de atraer la problemática, analizamos todos los contratos que Banobras reportó a la Secretaría de la Función Pública y nos dimos cuenta que esta obra no está dentro lo que se analizó (…) Nosotros nos permitimos hacer la sugerencia de que se liberaran todos los contratos con Higa y sus filiales, que valdría la pena eso, ya que así se generaría suspicacia. Llama mucho la atención que la investigación no haya hecho públicos los contratos con la empresa”, explicó.
Lara Duque, defensor de derechos humanos del Estado de México, calificó como aberrante la intención de Banobras de ocultar información y evidencia que en el país están arraigadas las prácticas antidemocráticas en los ejercicios de transparencia.
Los resultados de la investigación de la SFP muestran contratos de Banobras, pero con Eolo Plus, la empresa de viajes aéreos y de helicópteros de Higa. Sólo en 2013 se registraron seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.
Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como director General de Banobras en la fecha en que fue otorgado el crédito en cuestión, y Luis Dosal, el director de Proyectos.
En el documento de contratos de Banobras hay otra liberación de pago del 26 de diciembre de 2013, en el que se expiden ocho pagos de mayo a diciembre de ese mismo año, que suman 135 mil 798 dólares.
En 2014, los viajes tuvieron un costo de hasta 849 mil 227 pesos, y para 2015 los pagos registrados van desde los 899 mil 455 hasta los 221 mil 332 pesos.
“Queda claro que las investigaciones entre compadrazgos y familiares, mantienen la impunidad y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas. Este gobierno de la República, originario del Estado de México, se ha caracterizado por profundizar este ejercicio de gobierno en el que compadres y allegados políticos se distribuyen todas las autorizaciones, la riqueza y cometen actos de corrupción”, consideró Lara Duque.
La autopista fue concesionada desde 2007 y desde entonces se ha encontrado con el rechazo de comunidades que se verán afectadas por su construcción. Al día de hoy, el proyecto tiene ya un alto porcentaje de avance, pero uno de los factores que ha impedido que continúe la construcción, es la resistencia de los pueblos indígenas de la región.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista conectará con la otra la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
