Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) junto a otras organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Amnistía Internacional, así como los grupos civiles mexicanos Centro Prodh, Tlachinollan, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) y Fundar, exigieron al gobierno de Estados Unidos frenar el envío de ayuda al Ejército mexicano previsto en la Iniciativa Merida.
Fue el 30 de junio de 2008 cuando los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush, activaron la llamada Iniciativa Mérida o Plan Mérida, un tratado internacional de seguridad que prometía combatir el narcotráfico y el crimen organizado en ambos países y Centroamérica. Desde entonces el programa ha sido cuestionado tanto por organizaciones civiles, como por congresistas y analistas de EU.
“A la luz de la información disponible, creemos que es esencial que el gobierno estadounidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas”, manifestaron estos ocho grupos civiles.
Por medio de un memorando enviado este jueves al Secretario de Estado de EU, John Kerry, así como al Embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, a los Senadores Lindsey Graham y Patrick Leahy, y a los congresistas Kay Granger y Nita Lowey, las ocho organizaciones civiles exhortaron a las autoridades de ese país a dejar de decir que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida.
“Dado que la Iniciativa Mérida se inició en el año fiscal 2008, el Congreso de Estados Unidos estableció condiciones en el 15 por ciento de los fondos asignados a las fuerzas de seguridad mexicanas, por lo que está sujeto a requisitos del Departamento de Estado informar que México ha logrado avances sustanciales en las cuestiones de derechos humanos”, dice el memorando.
“La retención de estos fondos enviaría un claro mensaje de que Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer de WOLA. Y agregó: “México necesita hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia en el país, pero violando los derechos humanos sólo genera más inseguridad, y no los reduce “.
Las organizaciones indicaron que ninguno de los casos que han documentado sobre violaciones a derechos humanos ha dado lugar a una investigación que dé con los responsables. Además, dijeron, “el gobierno mexicano no ha demostrado avances significativos en otras áreas sobre las que el Congreso [de EU] ha expresado su preocupación, especialmente el elevado número de desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura”.
“Casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes del magisterio en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, el asesinato de 22 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y los últimos asesinatos de grandes grupos de la población civil por las fuerzas militares y de policía en circunstancias que podría sugerir la matanza de personas desarmadas particularmente en Michoacán, refuerzan la urgente necesidad de México para reformar sus políticas de seguridad”, manifestaron los grupos.
Las organizaciones dijeron que pese al entrenamiento y equipo entregado a las fuerzas de seguridad mexicanas, “la corrupción y los abusos continúan sin control […] y es probable que continúe a exacerbar una situación ya grave de los derechos humanos”, se lee en la nota.
“Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es de una lógica de guerra, sino más bien la de respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, la promulgación de verdaderas reformas judiciales y policiales, castigar la corrupción, y la consolidación del Estado de Derecho y una la democracia representativa y responsable “, manifestaron los grupos civiles.
La exigencia de estos organismo civiles se da luego de que el pasado dos de 2 julio más de 80 congresistas estadounidenses enviaran una carta a John Kerry para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México y en la que insistieron de que se trata de un “patrón amplio” más allá de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
La carta, impulsada por el congresista demócrata por California Alan Lowenthal, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, fue suscrita por otros 81 legisladores.
“Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”, apuntaron.
En la misiva, los congresistas expresan su apoyo a la labor del Grupo de Expertos internacionales seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México para revisar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en la localidad de Ayotzinapa y dar asistencia técnica durante la investigación, así como presentar recomendaciones a las autoridades.
“Como usted sabe, la desaparición de los estudiantes es uno de los 25 mil casos registrados de gente que ha desaparecido en México desde 2007. Decenas de miles de familias están aún esperando respuestas sobre dónde se encuentran sus seres queridos y para que aquellos que causaron esos crímenes sean investigados y paguen por ello”, señalaron los firmantes.
Días antes, el pasado 25 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo que México enfrenta “problemas significativos” en la materia ante los reportes de asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos en los que se encuentran involucradas las fuerzas de seguridad.
“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de la policía y militares en abusos graves, como asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas graves en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial, especialmente en los niveles estatales y locales”, dice el reporte.
El documento elaborado por el gobierno del Presidente Barack Obama y presentado por el Secretado de Estado, John Kerry, menciona la existencia de ”numerosos informes en los que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”.
Se advirtió además que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con impunidad y en alianza con el estado corrupto, locales y funcionarios de seguridad”.
